Es urgente que la fila de 35,7 millones de colombianos registrados en el Sistema de Identificación de Beneficiarios (Sisbén) se revise en profundidad, sobre la premisa de que resulta inconcebible que esta gente –que representa el 74 por ciento de la población del país– requiera en su totalidad algún tipo de asistencia del Estado.
Si bien algunas voces dirán que no todos los que están en el Sisbén reciben subsidios, también es claro que el hecho de pertenecer a esa clasificación los convierte en potenciales beneficiarios, situación a todas luces irregular si se toman en cuenta otros indicadores de pobreza con los que se orientan otras políticas de corte social.
Basta comparar estas cifras con el índice de pobreza multidimensional, también oficial, que apenas bordea el 20 por ciento, aunque comparte con la encuesta algunas variables, para refrendar que es indispensable ajustar esta herramienta –necesaria a la hora de focalizar ayudas– a dimensiones más equitativas y reales.
El objetivo no puede ser otro que compensar las inequidades hacia los más vulnerables y proveerles a ellos instrumentos para impulsar su desarrollo. Es una meta que jamás será posible si muchos de los que usufructúan los recursos destinados para tal fin lo hacen en forma fraudulenta. En otras palabras, por culpa de unos inescrupulosos que se quedan con buena parte del 9,1 por ciento del PIB que el país destina anualmente para subsidios. No en vano se dice que menos del 30 por ciento de estos dineros llega a los más pobres.
De ahí que sea pertinente e inaplazable la propuesta hecha desde la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de reformar de manera integral el sistema. Es evidente que se necesita un Estatuto Orgánico de Subsidios, además de las decisiones del Conpes y las medidas legislativas para lograr esta transformación, que, hay que reiterar, debe estar centrada en los más desprotegidos.
En ese sentido, no suena descabellada la idea de desvincular la salud del Sisbén, sobre la base de que resulta contradictorio focalizar beneficios que pertenecen a un derecho universal. Ya es hora de entender que la Corte Constitucional elevó al nivel de fundamental el derecho a la salud, por lo que no se requiere de ningún instrumento específico para afiliarse a un sistema que ya tiene cubierta a casi toda la población.
De igual modo, al recibir los mismos beneficios tanto los que pagan como los que no lo hacen, en la práctica tendrían que desaparecer los regímenes contributivo y subsidiado –que coexisten en la actualidad– para darle paso a uno solo en el cual el Estado seguiría respondiendo por la salud de los más pobres, que tendrían que ser identificados a través de mecanismos que permitan verificaciones veraces para evitar injusticias.
Una buena idea es que la clasificación de la población objeto de los subsidios pudiera partir de la validación de los listados de afiliación a salud con las encuestas de pobreza, también del DNP, y que muestran diferencias con la del Sisbén. Aclararía las cosas y resultaría más económico. Se trata de ser justos con los más necesitados, de que los recursos se gasten como debe ser y de ponerles tatequieto de una vez por todas a los avivatos.
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