“Primero fue en la ferretería y luego en el mercado Central Madeirense. Tuve que dejar toda mi compra porque no me pasaron las tarjetas, ni de débito ni de crédito”, se queja la señora Francisca mientras hace la fila en un segundo intento por comprar comida. “Ojalá me pasen para este mercadito”. Después de 45 minutos de espera, una de sus tres tarjetas logró el cometido.
En los últimos tres días tanto los cajeros automáticos, los puntos de venta electrónicos y las páginas web de los principales bancos de Venezuela presentan fallas en su funcionamiento, ralentizando aún más la estropeada economía del país azotada por una inflación que extraoficialmente cerrará 2016 con un alza superior al 600 por ciento.
“Venezuela ha sufrido un ataque cibernético internacional para afectar las transacciones bancarias”, se justificó el viernes el presidente Nicolás Maduro y envió un equipo para que investigue qué fue lo que sucedió en Credicard.
Hasta el momento, los bancos no han ofrecido explicaciones sobre el porqué de estas fallas, que además de generar problemas en transferencias, cobros duplicados y anulación de operaciones, han empeorado las filas en comercios –sobre todo de alimentos– y en cajeros electrónicos. Solo la Asociación Bancaria Venezolana informó hace tres días que las fallas en estos últimos se debe a la “introducción de una nueva gama de billetes de más alta denominación”.
(Lea también: Un día en las largas filas para comprar carne en un barrio de Caracas)
Maduro anunció que el lunes se conocerán detalles sobre la expedición de denominaciones de billetes de 500 y 5.000 bolívares.
La acelerada devaluación del bolívar, que ha disparado los precios de todos los productos en la última semana, ha generado además una fuerte crisis de liquidez, pues el billete de 100 bolívares, que es el de más alta denominación en el mercado venezolano, no alcanza ni para comprar un caramelo o un agua mineral.
Para tener una idea, comprar un pan y un refresco llegan a costar casi 2.000 bolívares y una compra de apenas cinco víveres en el mercado puede llegar a los 10.000 bolívares.
Ante este panorama, los cajeros –y las agencias bancarias– expenden pacas de dinero en billetes hasta de 5 bolívares que la gente no halla dónde guardar, lo que ha empujado a que hasta las más insignificantes operaciones de compra deban hacerse a través de la banca electrónica.
Piden liberación de médico y sindicalista
El doctor Gustavo Müller y el dirigente sindical José Luis Stipia, ambos trabajadores del hospital caraqueño José Gregorio Hernández, fueron detenidos en la madrugada de ayer por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) luego de que públicamente aceptaron y recibieron una donación de medicamentos hecha por Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor preso Leopoldo López. La detención del doctor fue rechazada por la Federación Médica Venezolana, que de inmediato calificó el hecho como “bochornoso, que viola los elementales principios y derechos humanos de consideración”.
“El doctor fue detenido por agentes del Sebin, quienes se lo llevaron de forma ilegal y sin razones delictuales”, reza el comunicado de los galenos.
Tintori encabeza una coalición de organizaciones llamada ‘Rescate Venezuela’, que canaliza la recepción y entrega de insumos médicos a hospitales. Según diputados del partido Voluntad Popular, que acompañaban a Tintori, la donación en cuestión era de jeringas, gasas y guantes quirúrgicos.
Hasta ahora se desconocen los cargos que se les imputarán.
Caracas no acepta suspensión del Mercosur
Venezuela denunció como un “golpe de Estado” la decisión de sus socios del Mercosur de suspenderlo como Estado miembro, lo que representa la más dura sanción de un ente internacional en medio de la crisis interna.
“Es un golpe de Estado al Mercosur y constituiría una agresión a Venezuela de dimensiones realmente muy graves”, dijo ayer con enfado la canciller Delcy Rodríguez, aclarando que su país aún no ha sido notificado.
Sin embargo, sus homólogos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aseguraron en un comunicado haber informado a Rodríguez sobre el “cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado Parte” del bloque.
La Ministra señaló que Caracas “no reconoce este acto írrito” que empuja al grupo a la ilegalidad. Rodríguez advirtió, además, que su país “seguirá ejerciendo la presidencia legítima (del mecanismo) y participará con derecho a voz y voto en todas las reuniones como Estado Parte”.
La suspensión se produjo al cumplirse el jueves el plazo de tres meses que los fundadores del grupo dieron a Caracas para que incorporara a su legislación una serie de disposiciones comerciales y políticas, incluida la de respeto a los derechos humanos.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
CARACAS