Bogotá conduce la política de atención integral a la primera infancia por un camino prometedor ahora que ha adoptado el marco de la Ley 1804, aprobada en agosto de este año, a través de la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia. (Lea también: La hoja de ruta para proteger a 232.000 niños de 0 a 5 años)
En lo práctico, uno de los principales desafíos en este proceso será que los equipos encargados de las atenciones en lo local reconozcan a los niños y las niñas desde sus particularidades. Es necesario que los distintos actores vinculados a la atención de la primera infancia transiten desde una concepción del enfoque poblacional que asume a las niñas y los niños sólo desde su pertenencia a un grupo con un grado específico de marginalidad, hacia una visión ética, política y pedagógica que conciba a las infancias desde su condición de dignidad, desde el reconocimiento de su libertad y desde el despliegue de sus capacidades, y como autores protagónicos de su desarrollo.
El enfoque poblacional constituyó un paso fundamental en la consolidación de las condiciones necesarias para la inclusión educativa y social. Gracias a esta mirada ha sido posible avanzar en la identificación de los apoyos y de los ajustes razonables necesarios, y se han podido concretar políticas públicas que garantizan los derechos de todas las poblaciones que habitan la ciudad, incluyendo aquellas que durante muchos años han estado excluidas.
La SED hoy en alianza con actores estratégicos como OEI propone el tránsito de un enfoque centrado en la carencia, a uno centrado en la capacidad. Este tránsito permitirá que distintos actores profundicen sus marcos de comprensión de las niñas y de los niños como sujetos diferenciados y partícipes de la vida familiar y social a la que pertenecen.
En el ámbito educativo, esta perspectiva reconoce a las maestras y maestros como sujetos con un saber acumulado, el cual les da la posibilidad de ser actores en la transformación de la cultura y de la sociedad. Al fin y al cabo, son profesionales con saberes pedagógicos, didácticos y disciplinares que no solo hacen posible que su labor sea pertinente, contextualizada e intencionada, sino también crítica. De ahí la importancia de reivindicar su trabajo.
Este tránsito también contribuye, desde distintos lugares del sector público, a comprender que la diversidad en la primera infancia se revela de múltiples formas. Esta multiplicidad exige promocionar experiencias pedagógicas fundamentadas en el respeto de los ritmos de desarrollo y los distintos modos de conocer y relacionarse con el entorno. Se trata con ello de asegurar el conocimiento del contexto y de la cultura de los que provienen niñas y niños, así como del lugar que ocupan en su familia y en su comunidad.
En este sentido, acoger y dar respuesta a las necesidades de aprendizaje y de desarrollo en diferentes contextos sociales y culturales es un desafío para la educación inicial. Este reto implica afirmar que, si bien algunos pueden requerir determinados ajustes y mayores recursos para su atención en términos didácticos, culturales y sociales, los beneficios son para el grupo en general. Se trata en últimas de combinar la riqueza proveniente de las diferencias, con el fin de enriquecer los procesos de desarrollo de todos y de todas. Reconocerlos como sujetos de derechos implica partir de su condición de actores transformadores de su propia realidad.
Tanto en el plano individual como en el colectivo, es necesario crear espacios, facilitar condiciones, construir mecanismos y definir estrategias pedagógicas que permitan el pleno ejercicio de la autonomía y la afirmación de sus propios derechos, así como exigir su cumplimiento y rechazar su vulneración.
Ese es el compromiso: garantiza unas infancias, libres de violencia, reconocidas en su particularidad, su diversidad y, sobre todo, su capacidad.
ÁNGEL MARTÍN PECCIS
Director Regional Colombia Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI