El futuro de los casi mil trabajadores con los que actualmente cuentan las obras del túnel de La Línea es otra de las inquietudes que comenzaron a rondar en el Quindío, tras la decisión del Instituto Nacional de Vías (Invias) de no prorrogar por 75 días más el contrato con la Unión Temporal Segundo Centenario (Utsc), encargada dde dichos trabajos.
Según el presidente de la Veeduría del túnel de La Línea y de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela, “yo creo que como es una empresa nueva, traerá a su gente”.
Un trabajador que prefirió no revelar su nombre, dijo que en los últimos días más de 30 personas han sido apartadas de sus cargos. “Ese señor (Carlos Collins, representante legal de Utsc) pidiendo prorroga y sacando gente. Cuándo nos van a pagar lo que nos debe y la liquidación”, dijo.
Al parecer, durante estos meses, y según le informó Carlos García, director de Invias, al presidente de la Veeduría del Quindío, en las obras se mantendrá un grupo de trabajadores para hacer mantenimiento y atender cualquier situación que se presente, sin embargo, estarían suspendidas varios meses.
El Gobierno Nacional e Invias buscan que el nuevo contratista finalice el porcentaje faltante de la obra, es decir un 12 por ciento, y el túnel, que lleva ocho años de construcción, pueda ser inaugurado en el primer semestre del 2018. Orjuela cree que el cronograma está muy ajustado para que el proyecto sea puesto en servicio en 2018 “el nuevo contratista tendría que tener muchos frentes de trabajo y muy buen ritmo”.
A la veeduría también le preocupa “el traslado de responsabilidades” en cuanto a las pólizas de garantía por cuanto la Unión Temporal Segundo Centenario inició las obras, sin embargo, será otro quien las termine. Hace un año, el Gobierno Nacional le prorrogó al contratista el plazo de entrega del proyecto hasta el pasado 30 de noviembre.
Desde el año pasado, la Veeduría del túnel viene alertando sobre el retraso en las obras, y que el túnel principal no alcanzaba a estar listo en noviembre, como se tenía pactado, sino que se tardaría un año más. Y así se lo dieron a conocer a la interventoría, Invias, Contraloría y Procuraduría.
Además también advirtieron sobre humedades y “reprocesos en la intervención de algunas fallas geológicas, que el contratista, de la mano de la interventoría, ha ido corrigiendo”, dijo Orjuela.
De otro lado, el representante a la Cámara por el Quindío, Antonio Restrepo, comentó que “ya le habían dado demasiadas prorrogas a este contratista, para nadie es un secreto que este contrato fue mal adjudicado”.
Por su parte, el ambientalista de Calarcá, Néstor Ocampo, señaló que es una decisión que llegó tarde: “Esto está sucediendo, prácticamente, desde que se iniciaron las obras, simplemente se está hablando de incumplimiento del contrato, pero la licencia ambiental también”.
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