Hay alerta entre varios concejales de Bogotá que se sorprendieron porque desde hace varias semanas se viene ventilando el aumento de la nómina y de los costos de operación de los dos organismos de control más importantes de la ciudad: la Contraloría y la Personería distritales.
Por un lado, el contralor Juan Carlos Granados Becerra hizo un intenso lobby entre los cabildantes (los mismos que lo eligieron), en busca de un refuerzo presupuestal del orden de los 17.000 millones de pesos. ¿Para qué? Según él, son 9.000 millones de pesos para aumentar la planta de personal mediante un proyecto de acuerdo de su autoría.
Los otros 8.000 millones se están moviendo a través de los ponentes del presupuesto, quienes recomendaron a la Administración incluir estos recursos como parte de la estrategia para descongestionar los procesos fiscales que desde hace varios años están represados en esa entidad.
En el 2016, el presupuesto de Contraloría fue de 123.000 millones de pesos, que le permitieron funcionar con una planta de personal de unos 976 servidores públicos. Con los nuevos recursos frescos, lo que quiere es aumentar la planta a 1.045 servidores.
Esto, claro está, sin sumar el número de contratistas que llegarían a la entidad para la descongestión de los procesos de responsabilidad fiscal, un tema que, según las propias cuentas, suma más de 7 billones de pesos en 1.206 expedientes en primera instancia, 13 en instancia especial y 142 en jurisdicción coactiva.
El proyecto para la planta ya tiene ponencia positiva de los concejales Armando Gutiérrez (P. liberal), Juan Felipe Grillo (Cambio Radical) y Nelson Cubides (P. Conservador).
Durante el intenso lobby que hizo Granados para que le apoyaran esta iniciativa, se vieron desfilar concejales de todos los partidos que lo apoyaron en su elección, quienes se reunieron a puerta cerrada con el jefe del control fiscal en una oficina ubicada en la sede social del Concejo, a la que le llaman ‘la oficina aval’.
“Me fueron a visitar dos personas (concejales), pero no tengo ninguna conversación que no pueda sostener en público”, dijo en su momento el contralor, aunque en realidad se reunió con casi todos los que votaron por él.
También la Personería
Por si lo anterior fuera poco, en paralelo marchan otros 8.000 millones de pesos que se solicitaron dentro de las dos ponencias del presupuesto distrital para el 2017, las cuales fueron presentadas por Luz Marina Gordillo (P. Liberal) y Ricardo Correa (‘la U’).
Gordillo señala que la Contraloría requiere un equipo de descongestión, y de ahí la propuesta de aumentar en 14 profesionales especializados, 72 profesionales universitarios y 10 de nivel asistencial que entrarían como contratistas.
Por su parte, la Personería está tras 19.000 millones de pesos, de los cuales 7.000 millones son para pagar la mitad de una sede nueva (los otros 7.000 millones de pesos se pagarían en el 2018), más 12.000 millones para poner en marcha los tres proyectos que impulsa su titular, Carmen Teresa Castañeda: derechos humanos (temas de género y violencia intrafamiliar, entre otros), fortalecimiento de localidades y veedurías.
Castañeda dice que no es para aumentar la plata de personal sino para mantenerla, pero con personal más calificado. Hoy, la Personería cuenta con 421 profesionales de planta especializados, de los cuales 59 son universitarios; hay 383 auxiliares administrativos, para un total de 804 trabajadores. A esto se suman los 804 contratistas de la entidad, para un total de 1.200 servidores públicos.
Pero ¿por qué tantos recursos para unas entidades que pasaron en blanco en temas como el descalabro de la ciudad durante el desfalco de las finanzas de la ciudad por el ‘carrusel’ de la contratación?
El concejal Jorge Torres Camargo, del partido Alianza Verde, advierte que lo que está en juego no es la eficiencia ni la eficacia administrativas, sino que lo que está en evidencia es la forma como se va a repartir las cuotas burocráticas entre los concejales.
En este sentido señala, por ejemplo, que la Contraloría no ha emitido “ni un solo pronunciamiento de fondo sobre el cartel de la contratación que surgió durante la administración del exalcalde Samuel Moreno ni frente a una cantidad de hallazgos que se anunciaron durante la administración del exalcalde Petro. Se quedaron en hallazgos, pero no hay investigaciones de fondo ni procesos fiscales”, afirma.
“Lamentablemente, lo que está detrás de esto, en cambio de fiscalizar mejor, es cómo reparte más cuotas burocráticas para los concejales”, dijo Torres.
Órganos de control, en la mira
El pasado 21 de noviembre, en entrevista con EL TIEMPO, el contralor general, Edgardo Maya, dijo que para salir de la crisis del control fiscal debe acabarse con las contralorías territoriales y que lo que se requiere “es un solo organismo que asuma todas las funciones de fiscalización”, al referirse a las 63 contralorías donde cada una hace lo que quiere.
“Lo que no hay es un sistema que garantice independencia frente a situaciones políticas y partidistas en las regiones. Estamos ante una oportunidad de hacer un viraje de fondo para que la Contraloría General asuma esas funciones con el conocimiento de quienes hacen parte de las plantas de personal de esas 32 contralorías departamentales y 30 municipales”, dijo Maya.
En el 2003, durante el referendo constitucional impulsado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se propuso eliminar las contralorías territoriales para que la Contraloría General asumiera las funciones, subcontratando con universidades y fundaciones privadas el control fiscal.
Sin embargo, esta pregunta no alcanzó los votos necesarios.
Tanto el Contralor como el Personero son elegidos por los concejales de Bogotá. Juan Carlos Granados, con el respaldo de partido Cambio Radical, obtuvo el apoyo mayoritario de la coalición del Concejo con 35 votos, luego de un proceso de convocatoria pública en el que al final él ocupó el noveno lugar. Por su parte, Carmen Teresa Castañeda fue impulsada por los liberales y obtuvo 37 votos en un proceso de concurso de méritos.
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