La transformación de la vivienda comenzó en 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos le confió al entonces ministro Germán Vargas Lleras la tarea de darle un vuelco a la política de vivienda, orientándola a generar confianza entre los sectores privado y público y luchar contra la pobreza extrema.
Para Álvaro Villota –quien ha sido asesor del vicepresidente Germán Vargas Lleras y uno de los cerebros de la génesis de este programa–, con la Ley 1537 del 2012 se fijan mecanismos para facilitar resultados concretos: “Por ejemplo, se eliminó el giro de anticipos a los constructores de los proyectos de vivienda, con lo cual se protegieron los recursos de los subsidios. Ahora se realizan los pagos contra viviendas terminadas, minimizando fenómenos vistos anteriormente, como proyectos de vivienda que nunca llegaban a terminarse”, aseguró.
El 17 de mayo del 2012, cuando Vargas se posesionó como ministro de Vivienda, se comprometió a “convertir la vivienda en un tren de alta velocidad, porque el Gobierno Nacional ha lanzado la más ambiciosa política para poder entregarles vivienda a quienes devengan menos de un salario mínimo. De manera que mi desafío personal, con apoyo del Gobierno y del Presidente, es llegar con techo a todas esas familias, y eso es algo que me compromete y me llena de satisfacción”.
Según Villota, había que “irse gratis” para comenzar, pues todo estaba desarticulado y los más pobres no tenían forma de pagar créditos. Aunque la gratuidad fue el primer paso “y había que darlo, no era ni es sostenible financieramente”, dijo.
Por eso, luego de las 100.000 primeras unidades gratuitas planeadas (y ya entregadas) se creó Mi Casa Ya, un programa que busca apoyar la compra de vivienda por parte de las familias con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos y, de esta forma, reducir el déficit habitacional. Y se tiene también el subsidio a la tasa de interés, que les permite bajar el valor de las cuotas mensuales del crédito hipotecario.
Aunque las cifras a 2016 son alentadoras (ver gráfico), para Villota hay asuntos que se deben atender. “Hay un problema de oferta que hay que arreglar, me refiero a tierra y a producto. Los municipios van a tener que participar de manera activa y responsable. Hay que reestructurar entidades como el Fondo Nacional para mayores créditos, o no se van a lograr hacer las 200.000 o 300.000 viviendas que se requieren por año”, aseguró.
Para este experto, se deben usar lotes del Estado, a través de la Agencia Inmobiliaria, para el desarrollo de vivienda popular, pues los privados siempre dejan muy poquito para esto. “Esta es la política que hay que hacer. Una política de vivienda estable y duradera como la paz; si se hace eso, funciona, si no, cada gobierno llegará con su manual”, concluyó.
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