Con la firma del nuevo acuerdo entre el Gobierno y las Farc y su refrendación en Senado y Cámara, las cartas están echadas y las apuestas, hechas. Pero más allá de quién gane la partida, el resultado es que vamos al año y medio más difícil en la historia reciente del país.
Pese a que hubo cambios de fondo en el acuerdo final, como era previsible, no hubo acuerdo con los del No (no vale ya discutir si se les podía haber dado más juego o si, en el fondo, solo lo querían para dar largas). Esto significa que la verdadera refrendación de lo acordado entre el Gobierno y las Farc se traslada a las elecciones del 2018.
El país sigue tan dividido como antes del plebiscito (aunque más apático con la paz, a cuya firma ha asistido cinco veces desde junio). La polarización y el encono que signaron la campaña del plebiscito solo fueron el abrebocas de lo que nos espera hasta las elecciones presidenciales, que serán el veredicto final sobre lo acordado.
El Gobierno y las Farc decidieron firmar el acuerdo y pasarlo por el Congreso. El bloque del No ya anunció que opondrá, dentro del Capitolio, recursos legales, como buscar un referendo por firmas, y fuera de él, llamados que bordean la ruptura institucional, como la revocatoria del Congreso o la resistencia civil.
Todo indica que, aunque menos legítimo, el camino del Congreso se escogió como más seguro, contando con las mayorías oficiales (que ya se exhibieron en el 75-0 de la refrendación en Senado). Arriesgada apuesta, pues esa vía puede terminar no siendo ni legítima ni segura.
Otro plebiscito sería largo, costoso y polarizador, como dice el Gobierno. Pero el Legislativo no solo confiere menos legitimidad que cualquier consulta popular para refrendar el acuerdo, sino que es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Refrendar con una proposición, la fórmula de menor jerarquía en la mecánica legislativa, solo acentuará ese pecado de origen.
Pero la fragilidad de la refrendación vía Congreso no es lo más grave. Las grandes sorpresas pueden ser las de la implementación.
El Congreso es una vía de alto riesgo para los acuerdos. El Gobierno ha puesto velas, cirios y candelabros para que la Corte Constitucional reviva la famosa ‘vía rápida’ para que los parlamentarios aprueben, veloces y sin cambios, lo que les proponga para implementar el acuerdo. Pero, como pintan las cosas, es más probable que le toque irse por la vía ordinaria.
Con lo cual tomaría todo el 2017 poner a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, blindar jurídicamente el acuerdo y aprobar las leyes para hacerlo realidad. Y los congresistas podrían introducir modificaciones inesperadas –como ya lo sugirió Cambio Radical respecto al sistema de justicia–. Esto haría más traumático y lento el proceso de desmovilización de las Farc. Y pondría en lo más álgido de la campaña electoral un proceso de paz inconcluso y lleno de tensiones.
Ni el plebiscito ni la renegociación del nuevo acuerdo zanjaron la división entre partidarios del Sí y del No. El Gobierno, con sus mayorías en el Congreso, puede lograr ahora blindar constitucionalmente lo acordado. Pero otro gobierno, con otras mayorías, puede echar todo abajo –y a eso se la juega el bloque del No para el 2018–.
Todo este año y medio que falta hasta las elecciones presidenciales estará signado por esa polarización, que está tan viva como antes del plebiscito. El trámite de lo acordado en el Congreso no hará sino agudizarla. Y, mientras tanto, estará en curso, con más o menos sobresaltos, el complejo proceso de desmovilización, dejación de armas y reintegración de las Farc.
La ‘crispación nacional’ se va a profundizar hasta que en el 2018 se decida finalmente quién ganó: la paz o el No.
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Y el Eln... Para enero.
Álvaro Sierra Restrepo
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