En palabras de José Antonio Ocampo, jefe de la Misión para la Transformación del Campo (Misión Rural), “el conflicto armado colombiano ha sido en gran medida rural. De ahí la importancia de las políticas para el campo en la construcción de la paz”.
Con él coincide el analista e investigador Alejandro Reyes, quien destaca el hecho de que en La Habana se haya acordado “una dotación fuerte de bienes públicos en el sector rural, no subsidios privados”.
Es por esta razón por la que la semana pasada el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, le hizo la entrega oficial al alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, de los planes para la reforma rural integral que han venido trabajando desde el Ministerio, basados en el punto número 1 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y que se ejecutarán en el futuro.
El documento, según lo explicó la cartera de Agricultura, plantea el desarrollo rural como un factor determinante para impulsar no solo la integración de las regiones, sino también el desarrollo social y económico del país, de manera equitativa.
Esto, “adoptando una serie de medidas que contribuyan a la erradicación de las causas históricas del conflicto y que garanticen la erradicación de la violencia”, dijo el Ministerio de Agricultura.
La economía familiar y comunitaria Campesina es el eje fundamental de los seis planes con los que el Ministerio le apuesta a la reforma rural.
Reyes asegura que el apoyo a este componente “entra en la categoría de bienes públicos fundamentales”, al tiempo que explica que “son los campesinos y pequeños productores quienes no han tenido acceso a las tierras ni han recibido bienes básicos como saneamiento ambiental, vivienda, vías de comunicación y tecnología, etcétera”.
El jefe de la Misión Rural coincide con este planteamiento, por lo que sostiene que desde su organización se hizo una propuesta integral que incluye la eliminación de las brechas en el acceso a servicios sociales básicos del Estado.
Ocampo apunta que “se trata de una política ambiciosa” que plantea, entre otras cosas, una estimación de recursos adicionales por 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) para alcanzar una inversión pública anual en zonas rurales equivalente al 1,2 por ciento del PIB en los próximos quince años.
Las líneas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural también están enfocadas a eliminar esa brecha señalada por los analistas.
Una de las tareas más importantes será la de la asignación de los tres millones de hectáreas que beneficiarán a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, en el contexto de un país en el que el conflicto despojó de sus terrenos a muchos campesinos.
Esta acción estará acompañada de planes de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural; asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación; planes de riego y drenaje y otros encaminados a apoyar la generación de ingresos a la economía campesina familiar.
“El reto fundamental es resolver el acceso a tierras, porque todo lo demás que puedan poner en el presupuesto está condicionado a que el campesino tenga un pedazo de tierra propio; si no la tiene, nada de lo que el Estado invierta lo va a beneficiar, ni va a valorizar su patrimonio ni su trabajo”, indicó Reyes, quien, además, manifestó que se trata de “corregir una injusticia histórica que se ha cometido de manera sistemática y consentida por el Estado”.
Se apoyarán proyectos de generación de ingresos
El Plan Nacional Generación de Ingresos apoyará a los campesinos no solo con proyectos para mejorar su productividad económica, sino también encaminadas a la flexibilización de los microcréditos para las familias rurales.
Entre las medidas que se contemplan está facultar al Gobierno Nacional para que defina la categoría de ‘agricultor familiar’.
Lo principal es crear instrumentos especiales para los pobladores del sector rural.
Entre ellos, se piensa en líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la economía campesina, sumadas a un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina, familiar y comunitaria al crédito agropecuario.
También se implementará el fomento de una cultura de manejo de riesgos y promoción de seguros de cosecha subsidiados para los campesinos.
El plan plantea la necesidad de que el crédito agropecuario regulado sea categorizado de forma independiente para que pueda tener en cuenta los ciclos productivos y los riesgos propios del sector rural.
Se propone también la creación de fondos que consideren los ciclos de vida de la actividad productiva en el campo.
Estas acciones están ligadas al concepto de ‘economía familiar campesina’, vista desde una perspectiva integral, que tiene como foco la calidad de vida de los habitantes del sector rural colombiano, fortaleciendo los valores agregados que se generen a partir de su trabajo.
A todos los rincones les llegará agricultura familiar
Uno de los propósitos que se tiene, en el marco del posconflicto, es el de diseñar una política pública que gire en torno a la agricultura familiar, pues de acuerdo con las cifras del Censo Nacional Agropecuario del 2014, realizado por el Dane, por lo menos un 70 por ciento de lo que consumen los colombianos proviene de familias rurales y pequeños productores.
Con tal política, se busca atender a los agricultores familiares y crear un Registro Único Nacional para estas personas. Esto con el fin de llegar hasta las zonas más recónditas y brindar mayor acceso a los programas y recursos públicos otorgados por el Gobierno Nacional.
En el plan de agricultura familiar también se quiere enfatizar en la seguridad alimentaria del país, reduciendo la dependencia de productos importados.
Riego y drenaje
El objetivo del Plan Nacional de Riego y Drenaje es, en los próximos 20 años, ejecutar procesos de planificación, construcción, operación y manejo productivo de proyectos y distritos de adecuación de tierras para 750.000 hectáreas vinculadas al desarrollo de la agricultura familiar.
Entre las acciones se contempla la creación del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (Fonat), que funcionará como una unidad administrativa de financiamiento del subsector de adecuación de tierras.
“El plan es revisar la infraestructura de riego y drenaje, en qué condiciones está y cómo podríamos generar mecanismos de rehabilitación y sostenibilidad”, explicó el Ministerio. “También veremos cuáles pueden ser las tasas y las tarifas de cobro, para reglamentar ese servicio, obviamente a través de soluciones tecnológicas apropiadas, teniendo en cuenta además temas como el cambio climático”, puntualizó la cartera.
Serán claves los sistemas de innovación agropecuaria
Uno de los propósitos que se tienen es asegurar una oferta tecnológica pertinente frente a las necesidades del sector productivo.
Para esto, el apoyo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) va a ser determinante, pues mediante ella se pueden mejorar los programas de asistencia técnica dirigidos a los campesinos y productores.
Por otra parte, también se realizarán actividades de formación y capacitación a los campesinos para generar capacidades y competencias de innovación.
El Plan Nacional Sistema de Innovación Agropecuaria garantizará la participación de los productores y sus organizaciones en la definición de los objetivos de innovación sectorial, a través de procesos de gestión de conocimiento que reconozcan los saberes de la gente del territorio, en tanto que la ejecución del plan se enfocará en la protección de las familias y de su calidad de vida.
Viviendas acordes con el entorno rural y soluciones en agua potable
El plan de vivienda rural y agua potable plantea soluciones de vivienda que vayan de acuerdo con las particularidades de las comunidades y están encaminadas tanto a la creación de nuevas estructuras como al mejoramiento de las ya existentes.
En el marco de su ejecución se contemplarán las condiciones del entorno rural, regional y cultural.
El plan también plantea subsidios para poder adquirir las viviendas, así como una revisión detallada de las cuantías mínimas con las que se les asignan los créditos a los campesinos. Dentro de las propuestas está la de que los intereses de los créditos otorgados bajo condiciones del Fondo para el financiamiento del sector agropecuario –Finagro–, no superen la inflación.
Para la ejecución de las soluciones de vivienda se tendrá en cuenta un enfoque diferencial que estará orientado a las poblaciones en pobreza extrema, las víctimas del conflicto armado interno, los grupos étnicos, los beneficiarios del plan de distribución de tierras y las mujeres cabeza de familia, principalmente.
El mantenimiento y la sostenibilidad de las infraestructuras también será una constante.
CONTENIDOS ESPECIALES