Una de las razones por las cuales no todos los departamentos del país tenían acceso a los recursos para el desarrollo de proyectos productivos en las zonas rurales era el sistema de convocatorias, pues, aunque se creó para repartir el presupuesto de manera democrática, terminó siendo excluyente.
Anualmente, se lanzaban unas convocatorias en las cuales se invitaba a las entidades territoriales (municipios y departamentos) a postular sus proyectos en materia de agro, para que así mismo pudieran recibir apoyo del Gobierno.
Lo grave del asunto es que, por lo general, era a las entidades territoriales con más capacidad institucional y mayores avances tecnológicos a las que se les aprobaban los proyectos, tras obtener una mayor puntuación que municipios y departamentos con menos fortalezas.
“Por tanto, el 70 por ciento de los recursos que, se supone, debían ser destinados para todo el país llegaban a unos 10 departamentos. Mientras que el otro 30 por ciento llegaba tan solo a unos cinco o siete departamentos más”, comentó, en una conversación con EL TIEMPO Juan Pablo Diazgranados, viceministro de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura.
Cambio de paradigma
Tras el fracaso de la implementación de convocatorias para promover el acceso a los recursos públicos con el que, irónicamente, quedaban rezagadas las entidades territoriales que más apoyo necesitaban, se decidió implementar un nuevo método.
Así, pues, los recursos pasaron a otorgarse a la totalidad de departamentos del país, sin necesidad de convocatorias y acudiendo a un método en el que se evalúan aspectos como el nivel de pobreza multidimensional, la cantidad de habitantes y la vocación productiva de cada entidad territorial. Es con base en estas variables como se establece la cantidad de dinero destinada para cada región, de acuerdo con sus necesidades.
De esta manera, no solo se llegó a los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Bolívar y Santander, como ocurría antes, sino que también se apoyó a departamentos como Guainía, Vaupés, Vichada, Guaviare, San Andrés y Casanare, en los que el soporte financiero era poco o nulo.
Otros beneficiados fueron los municipios que, no obstante hacer parte de departamentos ‘fuertes’, habían sido olvidados. Tal es el caso de Yalí, Antioquia, en donde, según el alcalde Raúl Hernando Roldán, no se recibía apoyo financiero del Gobierno de tiempo atrás.
“Desde hace ya unos buenos años, los pequeños productores de Yalí habían sido olvidados. Sin embargo, desde el año pasado volvieron a recibir ayuda, en especial los cacaoteros y los paneleros”, dijo el Alcalde.
Las agremiaciones Fedecacao y Fedepanela se han encargado de distribuir los recursos otorgados por el Gobierno a los campesinos de este municipio, que se ven representados tanto en insumos como en acompañamiento y asistencia técnica.
“De esta forma se ha impactado la economía de 26 familias dedicadas al cultivo de cacao y de otras 29 que día tras día se dedican a producir caña para la panela”, afirmó Roldán.
Cabe destacar que si bien es el Gobierno Nacional el que dispone de ciertos recursos dependiendo la región, son las entidades territoriales, junto con sus aliados, las que se encargan de ejecutarlo.
“Claro está que el Ministerio de Agricultura desempeña el papel de interventor de tales proyectos. Además, dispone de un grupo de técnicos que se encargan de hacer un acompañamiento en las zonas rurales del país”, explicó el viceministro Diazgranados.
Las cifras
A 31 de diciembre del 2014, mediante el sistema de convocatorias, el 60 por ciento del presupuesto se concentraba en 10 departamentos, que representaban el 46 por ciento del sector rural. Durante ese año se beneficiaron unos 29.326 productores y se intervinieron 80.000 hectáreas de agricultura familiar campesina.
Por el contrario, entre el 2015 y el 2016, tras la implementación de un nuevo método para la destinación de los recursos, se llegó, de manera equitativa, a los 32 departamentos del país.
Durante estos dos años, un total de 2,4 millones de productores resultaron favorecidos con el apoyo de casi un billón 853.000 millones de pesos. Además, se intervinieron al menos 185.000 hectáreas.
De tal presupuesto, un 42,6 por ciento fue utilizado para apoyar proyectos de comunidades étnicas, es decir, alrededor de 788.000 millones de pesos.
El 57, 4 por ciento restante fue otorgado al resto de pobladores rurales. “Uno de los cambios del nuevo sistema para distribuir los recursos fue el de dar la oportunidad a organizaciones, indígenas y afros de entrar a ejecutar proyectos”, manifestó la cartera de Agricultura.
Al remplazo del sistema de convocatorias también hay que abonarle la reducción de la pobreza a nivel nacional. No en vano, de 700.000 personas que salieron de la misma el año pasado, 412.000 venían del sector rural.
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