Este lunes en la noche estaban a punto de cerrarse tres de los más grandes acuerdos entre los congresistas ponentes y los representantes del Gobierno que se ocupan de hacer la ponencia oficial de la reforma tributaria, para someterla a votación en las comisiones terceras del Congreso.
Según fuentes allegadas al proceso, los acuerdos establecieron que no irá en la ponencia el impuesto a bebidas azucaradas y tampoco se modificará la base gravable con la cual se cobra el impuesto de renta a asalariados. (Lea también: Se agita debate por impuesto a las bebidas azucaradas)
Entre tanto, el incremento del IVA parece no tener reversa. Aunque se ha barajado la posibilidad de subir ese tributo en solo dos puntos (de 16 % a 18 %), varios ponentes no ven una salida distinta a la necesidad de recaudo que tiene el Gobierno, que incrementarlo en tres puntos (a 19 %). El senador Antonio Navarro, quien radicó ya una ponencia alterna, expresó su no rotundo al incremento del IVA.
Con el retiro del artículo que grava las bebidas azucaradas, el representante a la Cámara Carlos Chacón fue el primero en celebrar. Según su argumento, dicho tributo, que propone cobrar 300 pesos por litro de estas bebidas, recaía sobre el consumidor.
Los recursos de este gravamen, según lo previsto en la propuesta original, financiarían la salud, cuyas finanzas se ven impactadas por la alta demanda de servicios para atender enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas y otros alimentos que afectan la salud.
En línea con el acuerdo al que habrían llegado los negociadores de la ponencia tributaria, sobre dejar quieta la base gravable con la que los asalariados aportan el impuesto de renta, estuvo la Contraloría General, que destapó su análisis sobre el proyecto. (Además: Todos quieren pasar de agache en la reforma tributaria)
Con el documento, salió en defensa de los trabajadores, al subrayar que “los ajustes propuestos en la base gravable al impuesto de renta y las tarifas para los distintos rangos de ingreso afectarían en mayor medida a los estratos medios y bajos que a las personas con mayores ingresos”.
En concepto de la Contraloría, los ajustes del impuesto de renta reducen las tarifas para personas jurídicas “para incentivar la inversión”, pero aumentan la base gravable y cambian las tarifas a las personas naturales “sin promover una mayor progresividad” (que pague más el que más tiene).
Los cálculos del organismo de control dan cuenta de que, aparte de que la renta mínima gravable ahora sería de 1’487.650 mensuales y terminaría pagando 10 por ciento en impuesto de renta, al que gana 50 millones de pesos anuales (unos $ 4’166.000 mensuales) se le incrementaría la carga en 56,7 por ciento, porque su impuesto pasaría de 6,7 a 10,5 por ciento. En cambio, los de ingresos más altos ($ 150 millones al año) solo se incrementarían 12,4 por ciento, pues pasarían de pagar 21,8 a 24,5 por ciento.
La Contraloría indicó que hay otras estrategias que deberían ser tenidas en cuenta. Es el caso de las deducciones, exenciones y descuentos tributarios. “El total de rentas exentas a las empresas llegó a los 12,6 billones del 2015 y para personas naturales ascendieron a 34 billones, montos que, liquidados a la tarifa nominal de estos impuestos, producirían ingresos a la Nación cercanos a 1,8 puntos del PIB”. (Lea también: 'Reforma tributaria no es para que los ricos paguen menos')
El debate está candente, y el tiempo para el trámite es cada vez más corto. Más aún si hay propuestas por todos lados.
Navarro, por ejemplo, sugiere que el impuesto a los dividendos no sea del 10, sino del 15 por ciento, ya que “un asalariado con sueldo alto paga 35 por ciento de impuestos, y el dividendo, que no es un salario sino una utilidad, no aporta nada”. Los acuerdos se van dando, pero hasta que no se radique la ponencia no habrá certeza de lo que en ella quede.
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