Evidencias en poder de la Fiscalía sobre presuntas maniobras para afectar el proceso por corrupción contra el capturado exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, terminaron por enredar al exdirector del CTI Julián Quintana y a otras dos personas.
El viernes, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Juan Carlos Garrido, ordenó la captura del exgobernador, señalado de irregularidades en la adjudicación de contratos para la educación. Uno de los argumentos del magistrado fue que el exmandatario podría obstruir el proceso, pues estaría recibiendo información privilegiada.
Fuentes del ente acusador señalaron que hay evidencias serias de que Pérez Bernier estaría intentando manipular a la justicia.
Los investigadores tienen cerca de 20 interceptaciones telefónicas a las que el magistrado les dio crédito para ordenar la captura de Pérez Bernier.
En al menos dos grabaciones se escucha al exdirector del CTI hablar con Antonio Ávila, contratista investigado por el caso.
En una de las comunicaciones de hace menos de dos meses, Quintana habla dos veces con Ávila y le dice que le “envió una información al WhatsApp y que si le interesa que le diga, que en la tarde vuelven a conversar”.
Enlace en la Fiscalía
En otro audio se escucha decir al exgobernador que tiene “una persona arriba pendiente para cualquier cosa en la Fiscalía e inmediatamente pasar la información”. Los investigadores señalaron durante la audiencia que en la sede del ente acusador en Bogotá trabaja Dinhora Sierra, quien firmó un acuerdo de colaboración con la misma Fiscalía. Sin embargo, para el ente acusador, en sus declaraciones ella “ofreció respuestas calculadas”. La Fiscalía tiene indicios de que Pérez está haciendo “gestiones para conseguirle abogado” y por eso no estaría colaborando.
También se mencionó en la diligencia a la funcionaria de Planeación de La Guajira, Damaris Pérez, a quien la Fiscalía considera una “persona de confianza” del exmandatario. Ella aparece hablando con Pérez, quien le pide documentos de esa área en la que la Fiscalía ha recolectado información para el caso.
En una de las grabaciones, el exmandatario dice que está “gestionando 50 millones para la campaña” de Wilmer González, quien fue elegido gobernador de La Guajira en reemplazo de Oneida Pinto.
La información privilegiada estaría llegando a Antonio Ávila y a sus tres hermanos, quienes también están siendo investigados. Ellos están enredados por el contrato para construir 42 megacolegios por un valor de 149.000 millones de pesos, en el que habría sobrecostos y facturación falsa que generaron un detrimento de 22.000 millones.
Quintana le dijo a EL TIEMPO que como director del CTI no conoció el caso del exgobernador. Reconoció que conoce al contratista Ávila porque este le propuso que fuera su abogado, pero que no llegaron a ningún acuerdo y que fue abogado hasta hace dos meses del exalcalde de Riohacha Rafael Ceballos, otro de los capturados en la ofensiva de la Fiscalía en La Guajira. El exalcalde es investigado por irregularidades en la construcción del acueducto del corregimiento de Camarones por más de 10.000 millones de pesos.
Quintana protagonizó hace poco un cruce de acusaciones con el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), almirante Álvaro Echandía, por el caso del 'hacker' Andrés Sepúlveda.
Quintana señaló que la información para iniciar el caso la entregó Echandía y que él lo buscó días antes de una declaración en la Corte Suprema para pedirle que no mencionara ese episodio. El almirante Echandía señaló que en el proceso no hay nada oculto ni por fuera de la ley.
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