Decenas de empresas han cerrado plantas en Colombia en años recientes: Mazda, Michelin, Adams, Bayer, Kraft son ejemplo de ese triste éxodo. No han dejado de vender sus productos en el país, sino que ahora los producen en México o Perú y desde allá nos los mandan. Les sale más barato que producirlos acá por los excesivos costos tributarios de Colombia.
La tasa de tributación ronda el 65 %, según el mayor experto en estos asuntos, Santiago Pardo. Al sumar los parafiscales, llega a 68 %. En el caso de la industria, la cifra es aterradora: 77 %, incluidos los parafiscales. Como porcentaje de las utilidades, la tasa es del 75 %, muchísimo más alta que las de Chile (28 %), Perú (36 %) y México (52 %). El promedio de América Latina es 48 %.
Entre IVA, aranceles, 4 × 1.000, industria y comercio, registro, estampillas, renta, renta presuntiva e impuesto al patrimonio, la carga que soportan las empresas explica además que muchos grupos nacionales también hayan optado por irse. La inversión de colombianos en el exterior pasó de promedios anuales inferiores a US$ 400 millones, a principios de este siglo, ¡a más de US$ 4.000 millones ahora! La plata se está yendo de Colombia: por eso, hace rato dejó de bajar el desempleo.
La reforma tributaria que el Gobierno presentó al Congreso nada resuelve. Para recaudar más de 18 billones de pesos, el Gobierno plantea, entre otras medidas, subir el IVA del 16 % al 19 %: golpeará así a quienes menos tienen, que verán encarecer su mercado, su vestuario y otros bienes y servicios, y hasta la vivienda social saldrá perjudicada. También propone gravar los dividendos, y eso suena bien pues existe la creencia de que lo pagarán los ricos.
Pero no hay tal. Los grandes accionistas siempre podrán reinvertir esas ganancias en las mismas empresas, y no necesariamente en activos productivos o que generen empleo. Para no hablar de algunos que pueden trasladar esos recursos a empresas en el exterior como pago, por ejemplo, de servicios administrativos. Eso no lo pueden hacer ni los pequeños empresarios ni los accionistas minoritarios –jubilados y viudas–, que serán los verdaderos perjudicados.
Los asalariados que ganaban menos de $ 2,7 millones al mes estaban exentos de renta. Ahora la pagarán a partir de $ 1,5 millones. Quien gane poco más de $ 2 millones pagará cerca de $ 800.000 anuales en renta. ¿Es eso lo que el presidente Juan Manuel Santos llama “poner a chillar a los ricos”?
Semejantes golpes fiscales adquieren un tinte casi criminal ante niveles de evasión del 40 %, que la reforma no apunta a reducir. Bajar la evasión en una quinta parte permitiría recaudar esos dineros sin subir el IVA ni gravar los dividendos. Pero la propia exposición de motivos del proyecto tributario reconoce que no espera mayor recaudo por una mejor gestión de la Dian.
Para dejar de ahogar en impuestos a empresarios, asalariados e independientes, el Gobierno también podría reducir sus enormes niveles de gasto. El despilfarro en contratos de asesoría en casos como el Fondepaz es bien conocido. Para no hablar de la ‘mermelada’, mecanismo gracias al cual contratistas amigos de los políticos santistas reciben billones para obras que no realizan o realizan a medias. Y están los subsidios, supuestamente para los más pobres pero que, según Planeación Nacional, muchas veces van a quienes no los necesitan.
La situación fiscal es tan grave que no parece haber alternativa a que el Congreso apruebe la reforma. El país tiene un cáncer terrible por culpa, en buena medida, de un Estado despilfarrador e ineficiente. La tributaria es la quimioterapia que el Ministerio de Hacienda le receta. Esta quimioterapia quizás sirva para combatir el cáncer, pero cuidado, que, de paso, puede terminar matando al paciente.
MAURICIO VARGAS
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