El Acuerdo Nacional entre el Gobierno y los promotores del No acabó naufragando en una feria de vanidades e intereses políticos. Y la indispensable reforma tributaria estructural puede acabar deformada o hundiéndose bajo el tsunami de intereses económicos desenfrenados. Muy pocos de los dirigentes políticos o empresariales están defendiendo el interés público por encima de sus intereses particulares.
Hace un par de semanas nos declaramos sorprendidos por la forma madura en que Gobierno y oposición estaban tramitando las críticas del No al acuerdo firmado inicialmente con las Farc. La sorpresa fue aún mayor cuando los dirigentes de las Farc, entendiendo la gravedad del momento, aceptaron moderar varias de las concesiones exageradas que habían logrado.
Pero, a renglón seguido, Santos volvió a mostrar su peculiar sentido de la inoportunidad retando innecesariamente a los expresidentes Uribe y Pastrana. Y estos, consumidos por la inmensa vanidad que los caracteriza y un cálculo político cortoplacista, reaccionaron botando por la borda todo lo que se había alcanzado y exigiendo que se incorporara la totalidad de sus pretensiones. ¡Qué triste espectáculo! ¡Qué manera de jugar con el futuro del país!
Ahora el Gobierno no tendrá más remedio que desarrollar el nuevo acuerdo a los trancazos en el Congreso. No es un comienzo que augure un gran futuro para el posconflicto.
Lo que está pasando con la reforma tributaria es igualmente preocupante. El Gobierno cometió dos errores graves. El primero, posponer la presentación del proyecto para después del plebiscito. Ahora tiene que aprobarlo a la carrera y sin suficiente fuerza política. Y sus aliados políticos están dedicados al populismo contra el necesario aumento del IVA, o a cobrar caro su apoyo. Poco parecen importarles las consecuencias que una ley mala o insuficiente tendría sobre la economía nacional (freno a la inversión y mayor desaceleración), las transferencias actuales para educación y salud a los departamentos y municipios (que están atadas al nivel de ingresos de la Nación) y la capacidad del Estado para lograr un posconflicto exitoso.
El segundo error del Gobierno fue el de ser muy generoso con los gremios, aceptándoles demasiadas peticiones antes de presentar el proyecto. Con notables excepciones, como la del Consejo Privado de Competitividad, varios dirigentes gremiales, que parecen no ver más allá de los intereses estrechos de algunos de sus afiliados, pensaron que tendida la mano había que agarrar el brazo entero. Y se fueron por todo. Se están haciendo matar por los privilegios tributarios de unos pocos y por defender a los poderosos productores de gaseosas, que han hecho el ‘lobby’ más costoso de nuestra historia en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
La Andi, cuyos presidentes anteriores se habían caracterizado por la madurez y la mesura, ha caído también en esas actitudes decepcionantes. Su presidente exagera mucho al minimizar la importancia de reducir la tarifa empresarial del 43 % al 32 % y al no reconocer que los países de la Ocde gravan renta más dividendos en un equivalente de 42 % en promedio*, superior a lo propuesto para Colombia. Con ello está arriesgando una reacción adversa en el Congreso.
El proyecto de reforma tiene un delicado balance político. Aumenta el IVA, para poder mantener el gasto en educación y salud. Baja la tasa a las empresas para recuperar su competitividad. Pero grava los dividendos para contrarrestar los efectos regresivos de aumentar el IVA. Ese delicado balance está haciendo agua y podemos acabar con menos IVA y mayor tasa a las empresas, o sin reforma. Y un naufragio de la reforma puede acabar hundiendo las esperanzas de reactivación económica.
* Ocde, Taxation WP 19, 2013
GUILLERMO PERRY