En un marco más de serenidad, e incluso incertidumbre, que de entusiasmo, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, firmaron el jueves pasado el segundo acuerdo de paz entre el Estado y dicho grupo guerrillero.
No hace falta mayor perspicacia para plantear que otro habría sido el clima de haberse logrado el anhelado gran acuerdo político nacional con participación de los sectores que promovieron el ‘No’ en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Infortunadamente, tal meta no se alcanzó, no obstante los cambios introducidos al texto original en temas que hicieron parte de sus reivindicaciones. Y es evidente que contar con este les daba al desarrollo e implementación de lo acordado una probabilidad considerablemente mayor de éxito. La cautela que hoy reina tiene que ver con lo duro del reto que significará llevar a cabo esa labor en el ambiente político actual, marcado por la polarización.
Pero semejante estado de cosas no podía eximir al Gobierno de su obligación constitucional de proseguir en la búsqueda de una salida para el laberinto que supuso el desenlace de la votación de aquel domingo, que se inscribe, desde luego, en su deber de garantizar la paz como derecho de obligatorio cumplimiento. Y un mandato que mantiene vigencia, pues quienes votaron por el actual jefe de Estado en junio del 2014 lo hicieron con la expectativa de que este cumpliera su principal promesa de campaña: llevar a buen puerto los diálogos que para entonces se desarrollaban en La Habana.
Y así como al comenzar el proceso Santos insistió en que los astros se habían alineado en favor de la causa, esta vez también hubo una alineación, pero de factores, empezando por el tiempo, que dejaron como camino más recomendable hacia la meta el de proceder con la firma, no obstante la postura asumida por la oposición, y después buscar la refrendación del acuerdo a través del Congreso de la República.
Es claro que el reloj corre en contra, que el cronograma que deberá cumplirse para que las Farc dejen de ser un grupo armado e ingresen a la política no resiste más dilaciones, por lo crítico de sus pasos y por la necesidad que tiene de irse proveyendo de un armazón legal robusto.
Son estas, pues, las coordenadas y el estado de la ruta que hoy transita el acuerdo y ahora lo conducirán al Legislativo para ser debatida su refrendación esta semana, primero en el Senado, el martes; luego en la Cámara, el miércoles. En manos de esta misma corporación estará después la misión de levantar la estructura normativa –entre leyes y actos legislativos– necesaria para que la paz sea estable y duradera. Es una responsabilidad enorme, ante la cual no puede ser inferior.
Frente a esta decisión, hay que ser claros en que no debe caber duda acerca de la idoneidad del Congreso y sus miembros para, en representación del pueblo (su conformación actual es fruto de una elección popular en la que participaron más de 14 millones de colombianos), tomar una decisión sobre el texto que ya tiene las rúbricas de Londoño y Santos.
En el citado foro, sobra recordarlo, quienes se han opuesto a él cuentan con una representación idónea y que tendrá garantías suficientes para exponer sus argumentos. Los mismos que deben dar pie, como lo espera la opinión, a un debate acorde con lo que está en juego: poner punto final a un conflicto que por cinco décadas desangró al país y fue pesado lastre que impidió mejores condiciones de vida a millones de compatriotas.
Es de destacar, asimismo, que tanto el Gobierno como las Farc han hecho su aporte para que la puesta en marcha del acuerdo encuentre un clima mucho más propicio que el hoy reinante, el cual fluctúa entre la apatía y la resistencia de algunas de las colectividades –políticas, pero también religiosas– que promovieron el ‘No’. Hay disposición para tender puentes en un momento en el que los intereses del país tienen que estar por encima de los cálculos políticos.
Puede decirse que el Congreso está ante un desafío colosal. Para superarlo con éxito y así, de paso, darle un necesario impulso a su alicaída imagen, sus integrantes deberán demostrar que son conscientes de la trascendencia para el país no solo de la refrendación, sino del desarrollo legislativo del acuerdo en caso de recibir dicho aval.
En línea con la que ha sido la postura de este diario, reiteramos el deseo de que el anhelo de paz se concrete por medio de la refrendación y de una posterior implementación, sin contratiempos, de lo pactado. Expectativa que incluye, en lo que atañe a las voces críticas, que sus objeciones se encaucen por la vía de los argumentos y la deliberación. Y, sobre todo, que salga a flote la grandeza que les garantizará, independientemente de cuál sea su postura, un lugar preponderante en las páginas de los libros de historia. Se trata, en últimas, de tener la sensatez y el criterio para dimensionar lo que está en juego y estar a la altura.