A partir del próximo miércoles, cuando se cree que el Congreso ya haya aprobado la refrendación del acuerdo de paz con las Farc, comenzaría virtualmente el posconflicto.
El ministro consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo, quien fue uno de los más duros combatientes contra las Farc, como ministro de Defensa bajo el gobierno del presidente Gaviria, explica en la siguiente entrevista lo que pasará a partir de ahora con las Farc ya desmovilizadas.
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La primera acción es la realización de un censo de los guerrilleros para conocer cuál es su formación educativa y cuál es su vocación para el futuro.
“La implementación del acuerdo tiene tres componentes –dice el ministro–. Uno es el socioeconómico, que es reforma rural integral para la población del agro, la sustitución de cultivos, el desminado, la atención a víctimas. El segundo es la normativa que se requiere para ejecutar el acuerdo y el tercero, la reincorporación de las Farc a la sociedad”.
¿En qué consiste la primera parte?
Es transformar la vida rural del país, reducir las brechas entre ciudad y campo, lo que requiere la construcción por parte del Estado de bienes públicos y la presencia del sector privado en zonas en las cuales no ha estado, precisamente por el conflicto.
¿Qué significa la utilización por parte del Estado de bienes públicos?
Generar desarrollo en las zonas rurales para mejorarles la calidad de vida, para hacerlas competitivas y sostenibles, y que se conecten con vías terciarias con el resto del país. Estos bienes públicos son, por ejemplo, construcción o mejoramiento vial, infraestructura educativa y, en salud, formalización de la propiedad de la tierra, o sea, catastro rural, que todos los predios rurales tengan un título y que campesinos sin tierra puedan tenerla.
¿Qué llama usted exactamente, en materia de tierras, “bien público”?
Las tierras del Estado, la infraestructura para hacer que las tierras sean productivas.
¿Qué cantidad de predios, de tierras, tiene disponibles?
Tres millones de hectáreas contempla el fondo de tierras en el acuerdo de paz.
¿Son tierras baldías?
No. Un millón de hectáreas son baldíos, otro millón está en extinción de dominio o han sido obtenidas ilícitamente, y otro millón tienen un uso inadecuado.
¿Qué son las tierras de uso inadecuado?
Por ejemplo, que tengan presencia de cultivos ilícitos o que estén siendo objeto de extracción ilícita de minerales o que estén siendo objeto de deforestación.
Se sabe que la ley, no el acuerdo de paz, autoriza la expropiación. ¿Eso se hará?
Sí, en la medida en que estén siendo objeto de actividades ilícitas. Es una acción que el Estado, aplicando la ley de extinción de dominio, cumple desde hace 20 años.
¿Habrá desalojo en tierras que son propiedad del Estado y que son baldíos o que están ocupadas sin títulos de propiedad?
No. No habrá desalojo, excepto en tierras en las que hubo ocupación a través de las armas, de la violencia y se hayan ocupado con medios ilícitos.
¿Y eso cómo se sabe?
Están las leyes de tierras de 1994, la de víctimas y restitución de tierras del 2011 y de extinción de dominio. Cada una de ellas establece un procedimiento legal, en algunos casos administrativo, en otros judicial y en otros los combina. La Unidad de Restitución de Tierras ha recibido más o menos 50.000 procesos y ha restituido 200.000 hectáreas. Procesos en los cuales hubo apropiación de la tierra ilegalmente.
¿No hay tierras que se les van a entregar a las Farc?
No, eso no está establecido en el acuerdo de paz.
¿Y entonces dónde van a vivir, dónde van a trabajar, de qué van a vivir?
Se hará un censo para saber qué necesidades de educación y qué vocaciones tienen. Quienes tengan vocación campesina se podrán organizar para hacer proyectos productivos, otros se irán a centros urbanos y accederán a empleos formales, y otros estudiarán.
¿En qué tierra trabajarán los de vocación campesina?
En la asignación de tierras hay prioridades. Entre ellas, las víctimas, las mujeres, las minorías étnicas y los campesinos. Una vez los excombatientes se reintegren a la vida civil, harán parte de esas comunidades de campesinos.
Mi pregunta concreta es: ¿de qué van a vivir los miles de hombres que eran de las Farc durante los 180 días que dura la concentración en zonas veredales?
Tendrán un sostenimiento mínimo vital que pagará el Estado.
Cuando terminen esos 180 días, ¿qué va a pasar con los exguerrilleros?
Como resultado del censo, se iniciará el proceso de reintegración a la vida civil.
Cuando terminen los 180 días de vigencia de las zonas veredales, ¿para dónde se van los exguerrilleros y con qué recursos? ¿Serán protegidos?
Dependiendo de cada caso y la condición identificada en el censo, se irán estableciendo en diferentes lugares. Iniciarán el proceso de reintegración, que incluye para cada miembro de las Farc: 2 millones de pesos para su normalización, o sea instalarse, comprar ropa civil, etc, por una sola vez. Cada guerrillero recibirá además, por una sola vez, 8 millones de pesos para iniciar un proyecto productivo que permita su sostenibilidad económica. Y si no consiguen un trabajo formal, podrán recibir hasta un 90 por ciento de un salario mínimo hasta por 24 meses.
¿Y de qué manera van a contribuir en el desminado del país?
Queremos que las Farc formen una ONG, para desminar en las mismas condiciones en que otras ONG operan en el país. Con selección y entrenamiento podrán vincularse por lo menos mil exguerrilleros a tareas de desminado, inicialmente en 20 municipios.
¿Cuánta tierra del país está minada?
52 millones de metros cuadrados, es decir, 5. 200 hectáreas. Hay minas en casi 700 de los 1.100 municipios del país.
¿Qué se va a hacer sobre la formalización de la propiedad de la tierra?
Toda el área rural del país tiene que llegar a tener un catastro, un sistema de registro de la propiedad. Ese fue uno de los grandes temas de discusión que tuvimos con el Centro Democrático, y les quedó totalmente claro que hacer el catastro no solo mejora los ingresos de los municipios por impuesto predial, sino que significa la certeza absoluta sobre la propiedad de la tierra.
¿Qué porcentaje de la tierra colombiana es formal y cuánta es informal?
La informalidad está en un 60 por ciento, aproximadamente.
¿Es decir que la mayoría de la gente que la ocupa no tiene ningún título de propiedad?
No los tiene o poseen documentos que no reflejan la realidad de sus predios.
¿Cada familia que no tenga título será despojada?
No, será formalizada. Solo no se formaliza si hay coca; si se tumba la mata de coca, se podrá formalizar; mientras tanto, no.
Nariño, Putumayo, Cauca, Guaviare, Catatumbo están inundados de coca…
Hay 30 núcleos territoriales –o sea, municipios o veredas– que tienen el 60 por ciento de la coca que produce Colombia.
¿Municipios? ¿Cuáles?
Tumaco, Puerto Asís, Tibú, Valle del Guamuez, El Tambo, Argelia, Barbacoas, San Miguel, Orito, Olaya Herrera, El Tarra, Roberto Payán, Miraflores, Puerto Leguízamo, Teorama, Puerto Rico, entre otros. Mire: lo que garantiza la paz es que se reduzca sustancialmente la producción de coca. Las Farc van a salir la semana entrante de 118 municipios en los que tenían presencia.
¿Cómo hacer para que a esos municipios no entre otro grupo armado?
Hay ya una acción fortalecida del Estado en su conjunto: una parte con Fuerza Pública, policía y Ejército, y otra parte con gobierno civil, que es lo que llamamos “estrategia de respuesta rápida”, con el fin de hacer presencia fortalecida del Estado. Sin embargo, es prioritario que la coca se reduzca o, mejor, desaparezca. Mientras haya matas de coca, alguien armado e ilegal llegará a comprarla. Lo fundamental es que las zonas de las que salen las Farc no sean ocupadas por grupos armados.
Pero es que eso ya está ocurriendo.
La Fuerza Pública está actuando con dificultad, pero es efectiva. Y el resto de la oferta del Estado ya está llegando a esas zonas.
Mencionó usted antes el apoyo del sector privado…
Los 180 municipios más afectados por el conflicto no tienen casi empleos formales privados. La mayor parte es empleo público. Se quiere que haya empresas que permitan no solamente impulsar la economía de la región sino contratar gente. Las empresas que se localicen en estas zonas tendrán una reducción sustancial de impuestos de renta. Así lo establece la reforma tributaria.
¿Cuál es la estimación que hay?
Integrar a esa Colombia que fue la más afectada por el conflicto a la economía nacional puede representar 100 billones de pesos adicionales en inversión en industria y servicios, y alrededor de 50.000 empleos formales adicionales en estas zonas. Las Farc ya no estarán. Eso es un cambio sustancial en la vida nacional y, sobre todo, en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.
¿Y qué viene en cuanto a la parte normativa?
Muchas iniciativas legales, algunas constitucionales y otras reglamentarias.
¿Pero de inmediato?
La creación de dos instancias fundamentales para la implementación de acuerdos: una, la comisión de verificación de Gobierno y Farc, para hacer seguimiento a los acuerdos que se firmaron; otra, el consejo de reintegración, que es la instancia que sigue el proceso de reincorporación de los miembros de las Farc a la vida civil. Y en la normativa vendrán la creación de la jurisdicción especial de paz, la amnistía de miembros de las Farc y una modificación a una ley de tierras.
¿Qué modificaciones se propondrán a la ley de tierras?
Se debe conformar una comisión de expertos que hará recomendaciones.
¿La justicia transicional cuándo comienza a operar?
Tan pronto sea creada y reglamentada. No es solamente para las Farc. La justicia transicional es también para agentes del Estado y para civiles que participaron activamente en el conflicto.
¿La amnistía será concedida por ley o por decreto?
Será una ley. Los responsables de delitos que no son políticos no pueden ser indultados; se requieren normas especiales, que se van a proponer.
¿El narcotráfico es delito conexo?
No, no. El narcotráfico no es un delito conexo. En la historia jurisprudencial de Colombia, son dos los casos –solo dos casos en 42 años de legislación contra el narcotráfico– que han sido considerados por la justicia como conexos al delito político. O sea, esta es una preocupación sin fundamento.
¿Entonces, el narcotráfico que cometieron las Farc no fue un delito conexo?
Eso lo determinará el tribunal de paz.
¿Y su opinión cuál es?
Depende de cada caso: hay gente que hace narcotráfico, así sea de las Farc, para enriquecerse; eso no es un delito conexo. El delito político es indultable o amnistiable; el narcotráfico no. Esa es la diferencia.
La suspensión de las órdenes de captura solo rige 180 días. ¿Y después?
Ya tiene que estar resuelta su situación: unos salen indultados, otros irán al tribunal de paz a ser juzgados. El tribunal investigará cada caso y fallará.
¿Y la reincorporación?
Se trata de que quienes estaban en las Farc tengan una reintegración a la vida civil en condiciones dignas, sin ventajas sobre las que tienen el resto de los colombianos.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO