En un recodo del río Bogotá flota una vaca Holstein ahogada. A pocos metros, una motobomba extrae ilegalmente el agua contaminada del río para regar hortalizas que se comercializan en Bogotá.
Esta escena fue grabada por funcionarios judiciales hace apenas unas semanas en la vereda Chorrillos de Suba, en los límites con el municipio de Cota. Y no se trata de un hecho aislado.
Desde hace más de un mes, autoridades salieron a advertir que a lo largo del río hay decenas de ganaderos, porcicultores, criadores de aves y cultivadores que usan sus aguas –cargadas de plomo, mercurio, cadmio, arsénico, materia orgánica y químicos–, para abrevar animales o regar plantaciones, que luego son consumidos masivamente.
Incluso, la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal de Cundinamarca, advirtió que va a confiscar a las cerca de 2.000 reses que, además, se están comiendo la cuantiosa inversión –180.000 millones de pesos–, en reforestación y adecuaciones hechas por la CAR.
Pero aun nadie ha dado los nombres de los finqueros y los hatos implicados.
EL TIEMPO revisó los expedientes que la CAR tiene abiertos por presuntos delitos ambientales sobre la ladera del río e identificó a 17 dueños de hatos que lo afectan a la altura de La Calera, Cogua, Anolaima, Tenjo, Tabio, Sibaté, Sopó, Nemocón, Zipaquirá y Tocancipá.
Allí figura el empresario Néstor Willian Bellaizán Alfonso, de la finca Cartagena en Nemocón, a quien ya se le formularon cargos por captación de aguas para abrevadero y riego.
Belleizán es conocido en la zona por ser socio de la pasteurizadora Bonest, proveedora de productos lácteos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Hospital Universitario de la Samaritana de Bogotá.
También está siendo indagado Édgar Avendaño Cruz de la hacienda ganadera Villa Filomena, en Tocancipá, que tiene 38 hectáreas y un proceso por usar “aguas superficiales del río para riego de pastos y captación de aguas subterráneas para uso pecuario”.
Su caso está en la etapa de descargos –en donde podrá ejercer su defensa, al igual que los otros indagados–, y de apertura de pruebas.
En ese municipio la CAR investiga a Martha Rodríguez de la finca Santa Martha por “captar aguas del río para abrevadero”. A ella ya se le notificó la formulación de cargos.
Y a Álvaro Rivero Sánchez, de la finca Nido del Amor de Cogua, se le informó que tiene una indagación preliminar por desviación de cauce y captación de agua.
En la lista también están la Ganadería Samaria S. A., Agrosipla Ltda. y Promociones F5 S. A. Esta última es señalada de verter aguas usadas a un canal que desemboca en el río. F5 y la Samaria están en etapa de formulación de cargos. Y vienen más casos.
Las pasteurizadoras
“Hay funcionarios identificando predios en toda la cuenca media. En unas semanas vamos a abrir expedientes contra los infractores”, le dijo a EL TIEMPO Néstor Franco, director de ese instituto.
La Alcaldía de Bogotá también rastrea a finqueros. De hecho, en las riberas del río en Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa ya ubicó 857 cabezas de ganado, 329 aves, 101 porcinos y 21 caballos. Así quedó consignado en un documento interno de la Alcaldía, en poder de EL TIEMPO, en el que se asegura que los propietarios de las vacas comercializan su leche “en carrotanques de pasteurizadoras de Madrid, Mosquera y Funza”.
El tema toma relevancia si se tiene en cuenta que, según el documento, esos animales consumen “pastos de suelos con alta probabilidad de residualidad de metales pesados, organofosforados, organoclorados, carbamatos y químicos”.
De hecho, se advierte que la leche producida allí podría ser foco de bacterias que afectan al ser humano.
La Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), pide cautela en torno a estas alertas.
Según explicaron, el metabolismo de las vacas elimina buena parte de las impurezas, y la leche va a procesadoras que la purifican y pasteurizan, lo cual garantiza su calidad. Incluso solicitaron al Invima y al Ministerio de Salud que se pronuncien sobre los posibles riesgos.
En todo caso, Analac participa en una mesa con ganaderos locales y la CAR para resolver el pastoreo en los jarillones, que en 2015 dejó pérdidas de 384 millones de pesos.
Se trata de una carrera contra reloj de las autoridades, a las que el Consejo de Estado les dio hasta el 2017 para poner a funcionar el plan salvamento del río.
“Ganaderos y agricultores que usan sus aguas se tienen que dar cuenta de que atentan contra más de 10 millones de personas. Es un delito de lesa humanidad”, aseguró la magistrada Nelly Villamizar.
¿Qué dicen los finqueros?
EL TIEMPO llamó a las oficinas y celulares de contacto de las personas naturales y jurídicas que están siendo indagadas dentro del caso. Algunos, como Néstor Bellaizán, mandaron decir que se comunicarían. Y F5 pidió un correo. Pero al cierre de esta edición no habían respondido. Sobre sus procesos, la CAR informó que luego de evaluarse las infracciones, se surten varias etapas antes de que su dirección jurídica anuncie una decisión final. Las eventuales sanciones pueden ir desde multas y medidas compensatorias hasta el decomiso de los animales. El lío es que no todos los municipios tienen dónde albergarlos.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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