La mayoría de los programas de seguridad ciudadana se sustentan en que a todos los delincuentes los van a meter a las cárceles, y eso está bien mientras las acciones se ejecuten en el marco del Estado de derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Sin embargo, en el caso colombiano, donde los establecimientos carcelarios están hacinados, concentrar más ciudadanos en estos sitios es una violación flagrante de sus derechos, y lo único que se logra es reproducir la violencia y la delincuencia, sin que existan políticas nacionales ni locales claras para solucionar este problema.
En Bogotá, como en el resto del país, el sistema carcelario y penitenciario hace rato colapsó. Si bien la cárcel Distrital no presenta hacinamiento, La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, con capacidad real de 9.992 cupos, hoy tienen un hacinamiento que supera el 52 %, es decir, 12.957 hombres y 1.804 mujeres están privados de la libertad en condiciones infrahumanas.
¿De quién es la responsabilidad de solucionarlo? ¿Del Gobierno Nacional, del Distrital? ¿De la Gobernación de Cundinamarca, dado que muchos presos provienen de municipios del departamento?
Las administraciones Nacional, Departamental y Distrital deben reconocer, desde sus estrategias integrales de seguridad y de DD. HH., que tienen responsabilidades en la atención y resocialización de los reclusos, y que las instalaciones y personal actuales, salvo la cárcel Distrital, no cumplen con especificaciones para estos fines.
La Modelo, El Buen Pastor y La Picota ya no dan más, y es necesario que, de manera conjunta, Nación, Distrito y Departamento piensen en una o dos cárceles para la ciudad-región, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Equipamientos de Defensa, Seguridad y Justicia. Cárceles con instalaciones seguras y con modelos de atención y resocialización innovadores y efectivos. Esto es posible, y lo ha demostrado la cárcel Distrital desde su construcción en el año 2000; y tal y como se hizo allí, se pueden reconstruir en los mismos sitios las cárceles La Modelo y El Buen Pastor y ampliar penitenciaría de La Picota.
Algunos argumentarán que es mejor invertir en temas sociales y en programas de prevención, antes que en cárceles. Un gobierno serio y comprometido con los temas sociales, de seguridad y DD. HH. consigue plata e invierte en desarrollo social, programas de prevención de la violencia, en el fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia y en el mejoramiento de los sistemas de privación de libertad.
Hay que pasar del discurso de los DD. HH. al respeto y práctica de estos. No se puede dejar que más de 14.000 ciudadanos se pudran y deshumanicen en las prisiones de Bogotá, con la única alternativa de seguir delinquiendo desde la cárcel o fuera de ella. Mientras esto sucede, los jueces y la Fiscalía deben hacer los esfuerzos necesarios para definir la situación de más del 50 % de los internos que esperan un fallo; en algunos casos se vencieron los términos, y muchos ya cumplieron sus penas. Injusticia violatoria de los DD. HH. en manos de quienes deben garantizarlos.
Esta situación se ve aún más agravada por la utilización inadecuada de las unidades de reacción inmediata (URI), de la UPJ y de estaciones de policía como centros de privación de la libertad, no obstante las órdenes que ha dado el Consejo Seccional de la Judicatura para que el Ministerio de Justicia, la Alcaldía y el Inpec diseñen un plan estratégico que permita superar definitivamente esta irregularidad.
No es posible seguir mejorando la seguridad ciudadana sin contar con adecuados y suficientes sistemas de privación de la libertad que respeten los DD. HH. El Gobierno Nacional, la Alcaldía distrital y la Gobernación de Cundinamarca tienen la palabra.
Hugo Acero Velásquez
