La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pagar la pensión de 106 madres comunitarias quienes interpusieron varias tutelas para que se les reconociera ese derecho.
Si bien, el ICBF sostenía que nunca tuvo una relación laboral formal con las mujeres, en el fallo la Corte señala que existió un “contrato de trabajo realidad” entre ese Instituto y las madres comunitarias que se vincularon al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar desde 1988 hasta el 2014, fecha en la que se formalizó su situación.
En estos casos le da un mes al ICBF para que adelante los pagos de los salarios y prestaciones sociales, aportes parafiscales en pensiones que dejó de recibir con base en el salario mínimo mensual legal vigente de cada año. Fija como parámetros que sea al término de un mes para las mujeres de la tercera edad (60 años o más) y en término de dos meses a aquellas que afrontan un mal estado de salud. (Lea también: Hay preocupación por el fallo que otorga pensión a madres comunitarias)
Por lo tanto, el alto tribunal señaló que el no pago de las pensiones y demás acreencias laborales les estaba “vulnerando sus derechos a la igualdad, la seguridad social, la dignidad humana, el mínimo vital y al trabajo”.
En los casos del resto de madres o padres comunitarios vinculados, desde el 29 de diciembre de 1988 hasta el 31 de enero del 2014, la Corte exhortó al ICBF para que por medio de su representante legal o quien haga sus veces de manera gradual y progresivamente “promueva e implemente medidas idóneas y eficientes, con las cuales se obtenga, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación como garantías de todas las personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario”.
Este punto es clave ya que en septiembre pasado, cuando se conoció por primera vez el fallo, -que aún no tenía las firmas de todos los magistrados de la sala que revisó la tutela-, el Gobierno había manifestado su preocupación al señalar que la sentencia podría traer graves consecuencias económicas para el ICBF pues, si se extendían esos pagos a todas las madres comunitarias -unas 74.665- el costo sería superior a los 16 billones de pesos.
Tras la polémica, la sentencia, que ya tiene todas las firmas, no extiende la orden de pensionar a todas las madres comunitarias, sino que le recomienda al ICBF ir garantizando esos derechos de forma gradual. Esto, con el fin de mantener “el criterio orientador de sostenibilidad fiscal”.
Para lo anterior pide diseñar y ejecutar un programa de normalización, fijar criterios de priorización según la edad, condición de salud y discapacidad, condición económica y el tiempo de servicio prestado en el desempeño de la labor de madre o padre comunitario.
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