De un día para otro, la definición de la guerra y la paz cayó en el Congreso. El Legislativo deberá construir la arquitectura jurídica que le dé sostenibilidad en el tiempo al nuevo acuerdo firmado este jueves. El Congreso deberá en primera instancia refrendar el nuevo acuerdo, es decir, darle el aval.
Luego emprenderá la fase de la implementación, que consiste en aprobar leyes y reformas constitucionales basadas en el nuevo acuerdo.
La refrendación quedará terminada la próxima semana, pero la implementación tomará un mayor tiempo, toda vez que no hay seguridad sobre si podría utilizarse el fast track o vía rápida, un procedimiento que permite reducir los tiempos para el trámite de las leyes y las enmiendas constitucionales.
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Si la vía rápida es utilizada, la implementación legal y constitucional tomaría un año. Si no, el tiempo sería mayor porque se hará de la forma ordinaria (4 debates para leyes y 8 para reformas constitucionales).
En todo caso, el Congreso tiene a partir de ahora el reto de aprobar toda la arquitectura jurídica de la paz y ponerle su sello político.
En el ambiente, sin embargo, gravitan varios interrogantes: ¿Está capacitado este Congreso para sacar adelante semejante responsabilidad? ¿Tienen sus integrantes la voluntad para hacer la tarea? Incluso hay una pregunta que ha surgido en las últimas horas: ¿Es legítima esta institución para acometer ese trabajo?
“Por supuesto que es legítima”, respondió Rodolfo Arango, profesor de derecho constitucional de la Universidad de los Andes. “Es una cuestión que ni siquiera debe estar en discusión. 14 millones de colombianos eligieron a sus representantes en las urnas”, argumentó. Esto en números es cerca de dos millones más que quienes fueron a votar el plebiscito. (También: En la plaza de Bolívar se celebró el sencillo acto de firma de la paz)
La descalificación hacia el Congreso ha sido impulsada, en particular, en las redes sociales por sectores afines al uribismo. Se trata de una paradoja. No solo allí tiene una de las bancadas más visibles, activas y disciplinadas, sino que el Senado fue el escenario escogido por su máximo líder, el expresidente Álvaro Uribe, para continuar su carrera política.
El propósito del Centro Democrático (CD) por minar la credibilidad del Congreso llegó al extremo de que dos de sus senadores, Paloma Valencia y Daniel Cabrales, propusieron en las últimas horas su revocatoria, “porque no representa la voluntad del pueblo”.
Ángela María Robledo, representante a la Cámara por los ‘verdes’, aseguró que esto no va a ocurrir, pero la solicitud del CD simboliza con claridad lo que se vislumbra: “Una oposición muy fuerte de la ultraderecha para no permitir la refrendación e implementación de los acuerdos con las Farc”.
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Eso sí, Robledo celebró que esta confrontación se haga “en el marco democrático”. Para ella, Colombia dará un salto enorme si todas las discusiones, por más vehementes que sean, se dan en el recinto del Congreso “con la palabra” y “no a tiros en el monte”.
El Congreso se ocupará de tramitar inicialmente 10 leyes y reformas constitucionales, entre ellas la ley de amnistía y la enmienda que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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