Tal y como lo había asegurado el martes en el Congreso, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, garantizó que el nuevo acuerdo de paz con las Farc no afectará las garantías jurídicas para los miembros de la Fuerza Pública.
Por instrucciones del ministro Villegas, el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, se reunió este miércoles con generales retirados de las Fuerzas Militares y la Policía y les aclaró que ya se modificó el artículo del nuevo texto que aplicaba disposiciones de la Corte Penal Internacional (CPI) en temas de cadena de mando, aunque el mismo acuerdo establece que el solo hecho de ser superior no implica responsabilidad automática en crímenes cometidos por subalternos.
“El mando no contagia responsabilidades automáticamente. Para que contagie responsabilidades, el mando tiene que tener unas condiciones de conocimiento anterior, en el mismo momento y posterior a los hechos; de no haber comunicado a la justicia o a las autoridades pertinentes después de conocer los hechos; haber dispuesto de los recursos, no del momento de la acusación sino del momento de los hechos materiales”, dijo Villegas en un acto al que asistieron más de 200 oficiales en el Hotel Tequendama.
A través de Twitter, el ministro Villegas dijo este jueves: "No hay nadie que anhele más la paz que quien ha sufrido la guerra", y agregó que asistirá junto con la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía a la ceremonia de firma del acuerdo final entre Gobierno y las Farc en el teatro Colón.
En la misma red social el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, dijo: "La rápida implementación es necesaria para agilizar la libertad de nuestros militares detenidos".
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El ministro Villegas les reiteró a los uniformados que la política del presidente Juan Manuel Santos ha sido siempre conceder a los miembros de la Fuerza Pública procesados los mismos beneficios de justicia alternativa que reciban los guerrilleros, sin equipararlos. De hecho, el nuevo acuerdo reconoce expresamente que las acciones de las fuerzas del Estado en el conflicto parten de la presunción de legalidad.
Para cerrar la controversia, este miércoles en la mañana, Villegas y el jefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle se reunieron con la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía y hablaron sobre los reales alcances del nuevo acuerdo de paz.
En una carta enviada al Presidente el pasado 20 de noviembre, Acore, la asociación de oficiales retirados, señaló sus reservas sobre las modificaciones referentes al ‘Tratamiento especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública’, las cuales consideraron “inexplicables y preocupantes”.
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En concreto, y el Gobierno terminó dándoles la razón, los generales retirados cuestionan la inclusión en el artículo 44 del ‘control efectivo de superiores sobre conductas delictivas de subalternos, tal cual lo define la CPI.
Aunque el acuerdo con las Farc señala expresamente que la sola cadena de mando no puede ser considerada prueba o indicio de la eventual comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad por las tropas, la modificación, según Acore, “va en perjuicio directo de quienes ejercen o ejercieron los diferentes niveles de mando al interior de las instituciones castrenses”.
El general Jaime Ruiz, presidente de Acore, dijo que confían en la palabra del Gobierno y que esperan que este jueves en el nuevo acuerdo se haya eliminado el artículo que generó inquietud entre los integrantes de la Fuerza Pública.
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