Este miércoles, cuando su defensa esperaba respuesta a una solicitud de detención domiciliaria temporal para que pudiera ser sometido a un procedimiento quirúrgico, el exgobernador y exembajador Luis Alfredo Ramos fue notificado de su libertad provisional.
La Sala Penal de la Corte Suprema, que en el 2013 ordenó la captura de Ramos por cargos de parapolítica, decidió revocar la medida de aseguramiento que impuso en su contra hace 39 meses. Lo que esto significa es que la Sala Penal considera que hoy el procesado no representa un riesgo para la sociedad ni puede afectar las pruebas de su proceso o utilizar la libertad para dejar de comparecer ante la justicia.
La determinación de la Corte se da después de varias solicitudes fallidas de libertad y de una marcha realizada el pasado fin de semana en Medellín, donde ciudadanos y políticos de Antioquia organizaron un plantón en el parque de Las Luces para pedir la excarcelación del exgobernador.
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En libertad, Ramos asistirá entre el 13 y el 16 de diciembre próximos a las audiencias de alegatos de conclusión en su proceso. Allí, señaló su abogado, Dagoberto Charry, insistirán en que los cargos de supuestas alianzas con los paramilitares de Antioquia son infundados, como lo demostraría el hecho de que dos de los testigos claves han sido procesados por la Fiscalía, pues mintieron en el caso.
Uno de los testigos es Carlos Areiza, quien ante la Corte señaló a Ramos de ser ficha de Castaño y cuyas declaraciones sustentaron en su momento la medida de aseguramiento contra el político. Pero su testimonio se cayó porque nunca entregó un video con el que, supuestamente, podía probar que Ramos había recibido plata de las autodefensas.
Areiza, quien le pidió perdón a la familia de Ramos por el daño que causó su testimonio, paga una condena por fraude procesal y tentativa de extorsión agravada, porque intentó exigirles dinero a empresarios antioqueños y líderes religiosos a cambio de no enredarlos en procesos penales.
El otro testigo es Andrés de Jesús Vélez Franco, desmovilizado del bloque Centauros y condenado en el 2008 a 20 años de prisión por lavado de activos. Vélez, investigado por falso testimonio en el caso de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez –cuyo proceso por ‘parapolítica’ fue cerrado en la Corte–, dijo que Ramos supuestamente fue uno de los políticos financiados por el exjefe paramilitar de los Llanos, ‘Miguel Arroyave’.
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La reunión que enreda a Ramos es un encuentro que se dio en la casa del ‘Patrón de Bello’, Hugo Albeiro Quintero, en la que exjefes paramilitares se entrevistaron con congresistas. Esa reunión, según el proceso, se dio presuntamente en Bello, Antioquia, y en ella habría participado el exparamilitar Iván Duque, alias Ernesto Báez.
Mientras ‘exparas’ afirman que el encuentro fue clandestino y se dio en el 2005, la defensa de Ramos sostiene que ocurrió en el 2004, en medio de las negociaciones de la Ley de Justicia y Paz. En contra de Ramos pesan declaraciones de ‘Báez’ y ‘don Berna’, cuyos testimonios le sirvieron a la Corte Suprema para condenar por ‘parapolítica’ al exsenador de Antioquia Óscar Suárez Mira.
‘Sigo confiando en la justicia’
¿Qué ha sido lo más difícil en este tiempo?
De nuevo, el alejamiento de mi familia. Yo soy antioqueño tradicional, tenemos una familia muy unida y nos ha tocado estar separados. Pero gracias a Dios empieza a terminar el drama de este proceso, que se basó en falsos testigos.
¿Qué sigue en el proceso?
Para mediados de diciembre están programadas las audiencias finales en la Corte, donde seguiremos desvirtuando los señalamientos de esos falsos testigos.
¿Cuál es su mensaje después de esta decisión de la Corte de darle libertad provisional?
El mismo de siempre: que hay que creer en la justicia y hay que trabajar para fortalecerla por el bien de Colombia. Yo siempre he confiado en la Corte, y mantengo esa posición. Soy un hombre convencido de la necesidad de respetar y fortalecer la institucionalidad del país.
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