Habitantes de los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena, ubicados en zona rural de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, iniciaron en la mañana del miércoles una movilización en contra de las labores de exploración petrolera que desarrollará en ese territorio la empresa Turkish Petroleum International Company Limited, sucursal Colombia.
Los pobladores, quienes se ubicaron en el sector conocido como Monte Verde para impedir el trabajo de la maquinaria que ya se encuentra en la zona, rechazan la puesta en marcha del proyecto, alegando que pone en riesgo el recurso hídrico de su comunidad, y por cuya escasez ya padecen en la actualidad.
Ricardo Castillo, presidente de Asojuntas –asociación que congrega a las juntas de acción comunal de 16 veredas–, manifestó que en asambleas los habitantes de la zona, que en su mayoría son víctimas del conflicto, dijeron “no a la exploración petrolera” y que esa decisión ya fue expuesta a la petrolera.
El líder comunal aseguró que se les socializaron tanto el alcance del plan como su impacto ambiental, pero nunca fueron consultados sobre si estaban de acuerdo con su ejecución.
Añadió que nadie les ha dado respuesta a su inconformidad, la que puede desembocar en una problemática social, como el desplazamiento de al menos 4.000 habitantes de los dos corregimientos.
“No estamos en contra del desarrollo de la región, lo que queremos es proteger el agua. Somos defensores del recurso hídrico, y bajo ningún criterio económico vamos a ponerlo en riesgo (...). Queremos garantizar la soberanía y la permanencia en el territorio de las comunidades que han estado ahí por generaciones”, dijo el presidente de Asojuntas.
El proyecto denominado ‘Estudio de impacto ambiental área de perforación exploratoria González Sur’, que cuenta con licencia ambiental otorgada por la resolución 0553 del 30 de mayo del 2014 por la Anla (Autoridad de Licencias Ambientales), también estará localizado en otros municipios como El Zulia y Sardinata.
Gregorio Angarita Lamk, director de Corponor, autoridad ambiental en la región, indicó que vienen actuando como articuladores para generar espacios de solución entre las partes.
El funcionario aclaró que si bien ese ente no hizo entrega de la licencia, tiene una obligación de hacer seguimiento y dar garantías de todas las responsabilidades que se derivan de la aprobación que fue hecha por la Anla.
CÚCUTA