1. ¿Podía el Presidente de la República, como lo hizo, decidir que el nuevo acuerdo de paz con las Farc no sea refrendado mediante un plebiscito?
Sí. La Constitución señala expresamente que el Presidente es la máxima autoridad en materia de orden público y paz, y la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito dejó en claro que, en caso de un triunfo del 'No', como ocurrió, el Jefe de Estado no perdía la facultad para buscar un nuevo acuerdo y decidir la conveniencia o no de llevarlo a las urnas. En este caso, el Presidente decidió que la refrendación se dará en el Congreso, que es de cualquier manera, un órgano que representa a los colombianos, que fue elegido con más de 14 millones de votos en el 2014. En plata blanca, ningún acuerdo de paz está amarrado a la aprobación de las urnas: eso no pasó con los que entre 1989 y 1990 permitieron la paz con el M-19, el Quintín Lame y el EPL, y tampoco con la negociación que entre 2003 y 2006 adelantó el gobierno del expresidente Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. De hecho, de ese proceso nunca se conoció un documento oficial con los acuerdos entre las partes, si bien se tramitó una ley, la de Justicia y Paz, que le dio sustento legal a la desmovilización de cerca de 30.000 ilegales.
2. ¿Hay realmente un nuevo acuerdo con las Farc?
Algunos líderes del 'No' sostienen que no hubo cambios importantes y que se trata de una nueva versión maquillada. Otros, como Martha Lucía Ramírez, admiten que sí se introdujeron modificaciones, pero mantienen reservas fundamentales frente al texto final y por eso no lo apoyan.
El Gobierno sostiene que la mayoría de las más de 500 anotaciones del 'No' fueron llevadas al nuevo documento y que sí se produjeron modificaciones.
Hubo cambios importantes en el punto 1, el que tiene que ver con el campo, porque expresamente se reconoció que el acuerdo con las Farc no desconoce la propiedad privada ni el papel fundamental de los privados en el desarrollo del campo; se dice expresamente que los nuevos planes y la nueva institucionalidad se acomodarán a la realidad fiscal del país y, además, que cualquier tipo de expropiación se realizará de acuerdo con las normas ya vigentes.
(Lea aquí el documento completo sobre las propuestas y ajustes del acuerdo de paz)
En cuanto a las reservas sobre la supuesta ideología de género, el nuevo acuerdo reconoce expresamente a la familia como actor fundamental de la sociedad, algo que en realidad nunca estuvo en duda en el primer acuerdo.
En materia de Justicia, se eliminan los magistrados extranjeros y se establece un régimen más claro de restricción de libertad: así, en el mejor de los casos, un condenado por la Justicia Especial para la Paz no podría moverse por un espacio más grande que las zonas veredales acordadas para la desmovilización, y siempre estará controlado.
(Lea también: Respuestas a las principales dudas sobre el nuevo acuerdo de paz)
En materia de reparación, las Farc reconocieron expresamente que entregarán sus fortunas ilegales para las víctimas. El nuevo acuerdo también reconoce expresamente que el Estado está en libertad de usar sus herramientas, incluso la fumigación, si los acuerdos con las comunidades que siembran coca no funcionan para acabar con los narcocultivos. El único punto donde no hubo cambios fue el de la elegibilidad: las Farc no aceptaron restricciones a la posibilidad de que sus miembros puedan ser elegidos a pesar de las condenas por delitos graves y de lesa humanidad. Los cambios, dice el Gobierno, no solo garantizan que el que se firmará mañana en Bogotá no solo es un nuevo acuerdo con las Farc, sino que es mejor gracias a las modificaciones introducidas por el triunfo del 'No' en el plebiscito.
3. ¿El nuevo acuerdo tenía que incluir todas las modificaciones planteadas por el 'No'?
Legalmente, no, si bien el escenario más deseable para el país era que el acuerdo final tuviera el respaldo más amplio posible. La sentencia de la Corte sobre el plebiscito no señala en ningún momento los parámetros de los cambios en el acuerdo original en caso del triunfo del 'No': solo que el documento del 27 de septiembre, tal y como estaba, no era aplicable. Hoy existe un documento con diferencias sustanciales que, de todos modos, pasará por el Congreso y terminará expuesto al control de la Corte Constitucional, que al final tendrá la última palabra, como ha sucedido con otros acuerdos del pasado.
(Lea acá el texto completo del nuevo acuerdo de paz)
4. ¿Qué decisiones vienen de la Corte Constitucional frente al proceso de paz?
En ese tribunal existen cinco demandas, varias del Centro Democrático, contra el plebiscito y contra el Acto Legislativo para la Paz que, paradójicamente, le podrían dar oxígeno al nuevo acuerdo de paz. La Corte tendrá que decidir sobre el mecanismo de 'fast track' (vía rápida) para el trámite de las reformas necesarias para implementar el acuerdo y sobre la vigencia del Acto Legislativo que creó ese mecanismo. El escenario ideal para el proceso sería que la Corte dejara viva la vía rápida y que tumbara el artículo 5, que amarra la vigencia del acto legislativo al resultado del plebiscito del 2 de octubre. Este último está demandado por trámite, porque supuestamente no se debatió a lo largo de todas las sesiones. La vía rápida es clave porque permitiría que todos los cambios legales estuvieran listos en junio, incluidas las reformas constitucionales (actos legislativos) que requieren doble vuelta en el Congreso y se toman dos legislaturas (o sea, hasta diciembre).
5. ¿Por qué se necesita una vía rápida en el Congreso?
Por dos razones. Una íntimamente ligada al éxito de la paz, que es darle seguridad jurídica a la desmovilización y darles garantías a las Farc de que el Estado va a cumplir su palabra, lo cual se traduce en leyes y reformas constitucionales. La segunda razón es de realismo político: el 2017 será un año preelectoral y tradicionalmente al final de ese año los congresistas empiezan a pensar más en sus propias campañas y poco se meten con temas que no necesariamente marcan bien en las encuestas, como la paz. Claramente, como ya lo anunció el Centro Democrático, el proceso de paz será el tema sobre el cual se hará política, tanto para Congreso como para la Presidencia. Y lo que menos les conviene al proceso, y al país, es que la paz termine siendo el trompo de poner en la campaña electoral.
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