En 22 días saldrán a la venta 12 lujosas propiedades que la Superintendencia de Sociedades les embargó a los implicados en la millonaria estafa ejecutada a través del Fondo Premium, el tentáculo en Curazao del liquidado Grupo Interbolsa.
Sin dar mayores detalles, el superintendente Francisco Reyes aseguró que se trata de bienes embargados a los todos intervenidos en la liquidación de ese fondo, cuya captación ilegal dejó un boquete cercano a los 325.000 millones de pesos.
Por esa conducta, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, creadores y accionistas de Premium, están presos en La Picota por estafa agravada, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especies. Y ahora esperan una segunda condena por captación ilegal.
En situación similar se encuentra el millonario empresario Víctor Maldonado, amigo de Ortiz y de Jaramillo y uno de los principales beneficiarios de la captación ilegal.
EL TIEMPO tuvo acceso al listado oficial y estableció que si bien figuran 52 bienes, tasados en 136.512 millones de pesos, 40 son depósitos y garajes.
El resto, 12 en total, son lujosas haciendas, lotes, apartamentos y oficinas ubicadas en Bogotá, Medellín, Cartagena, Cumaral (Meta), San Andrés y en la sabana de Bogotá.
Los más valiosos
En el listado no aparecen las acciones que Maldonado tiene en el lujoso hotel Santa Clara –avaluadas en 15,7 millones de dólares– ni las de Fabricato.
La suerte de esos dos paquetes accionarios se definirá este miércoles en una reunión de alto nivel que presidirá Francisco Reyes y en la cual participarán abogados asesores de la Superintendencia y del liquidador de Premium, Alejadro Revollo.
Los bienes más valiosos, que se rematarán en diciembre y representan un 90 por ciento, están vinculados a la fortuna que amasó Víctor Maldonado, detenido en España y extraditado a Colombia dentro de este escándalo financiero. El otro 10 por ciento de estos hacen parte de la fortuna de Ortiz y de Jaramillo.
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De acuerdo con el avalúo comercial que ordenó el liquidador, se rematará la hacienda Furatena, tasada comercialmente en 39.439 millones de pesos, ubicada en Cajicá, Cundinamarca, y vinculada a Cuama S. A., inversionista en inmuebles de propiedad de Maldonado.
Le sigue un lote conocido como Potosí II, en Bogotá y avaluado en 17.715 millones de pesos. El predio está vinculado a los activos de Malta S. A., también de Maldonado y otra de las receptoras del dinero captado en el Fondo Premium.
La hacienda Montecristo, otro de los bienes del millonario empresario, es el tercer predio de mayor precio: 15.418 millones de pesos. Tiene 60 hectáreas y queda en Madrid, Cundinamarca. Estos tres suman el 50 por ciento del total de dinero que la Superintendencia espera recaudar para devolverles su inversión a las cerca de 1.200 víctimas de la estafa urdida por Ortiz y por Jaramillo.
¿Cerebros, sin plata?
Paradójicamente, ellos dos, cerebros de Premium y estafadores confesos dentro de este caso, aportaron un mínimo de bienes para indemnizar a sus víctimas.
Por el lado de Ortiz aparece la hacienda La Paz, en Cumaral, Meta, avaluada en 3.992 millones de pesos. También hay una oficina en el edificio Montecarlo Business, en la carrera 11 con calle 94, norte de Bogotá. El predio vale 118 millones de pesos.
Además, figuran tres lotes en Tenjo, Cundinamarca, valorados comercialmente en 465 millones de pesos. Esos bienes están vinculados a la Compañía Colombiana de Capitales, en la que aparecen como socios tanto Ortiz como Jaramillo.
De hecho, esos son los únicos bienes dentro de la subasta oficial que aparecen relacionados con Tomás Jaramillo.
Los otros predios están a nombre de familiares de Maldonado –entre ellos María Inés Escobar de Maldonado y María del Pilar Maldonado de Baraya– y de otras empresas de su grupo: Las Tres Palmas Ltda. y Helados Modernos de Colombia S. A.
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Penalmente, el rastreo de bienes es diferente. Tal como lo reveló una investigación de EL TIEMPO, la Fiscalía busca propiedades en Estados Unidos.
Por ejemplo, un apartamento ubicado en el condado de Hillsborough, Florida, a nombre de Juan Carlos Ortiz; una participación accionaria en el hotel Ritz de Key Biscayne; un costoso penthouse en Manhattan e inversiones en una compañía termoeléctrica ubicada en Centroamérica.
La Fiscalía dice que en la lista también están inversiones en Bogotá como los apartamentos 401 y 402 de la torre A del conjunto Torres de Llorente, en el norte de la ciudad y que pertenecerían a Tomás Jaramillo.
De hecho, ese presunto ocultamiento de bienes y el bajo porcentaje aportado para indemnizar a las víctimas llevaron al fiscal Néstor Humberto Martínez a quitarles el principio de oportunidad que Ortiz y Jaramillo ya habían logrado obtener en la administración de Eduardo Montealegre.
En criterio del ente acusador, ninguno de los dos ha colaborado con la justicia ni está indemnizando a las víctimas de la megaestafa.
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