Si el acuerdo de paz que el presidente Juan Manuel Santos y ‘Timochenko’ firmaron el 26 de septiembre en Cartagena se consideraba el acontecimiento más importante del último medio siglo en Colombia porque ponía fin a 52 años de guerra, el nuevo Acuerdo Final de Paz tiene el valor adicional de contar con el respaldo de muchos sectores que votaron ‘No’ en la refrendación del primero.
Y así lo destacó en la noche de este martes el presidente Santos: “Los jóvenes, las víctimas, los empresarios –recordó la carta que recibió de un importante grupo de ellos–, la Iglesia católica –en cabeza del cardenal Rubén Salazar–, la mayoría de los pastores cristianos, los medios de comunicación, los gobernadores y alcaldes de todo el país han reconocido que los cambios son de fondo, significativos y satisfactorios para ellos”, dijo.
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Incluso, el nuevo acuerdo tiene el apoyo de muchos de quienes se abstuvieron de votar en el plebiscito del 2 de octubre y que después, a través de marchas, pidieron prontitud para concretar la paz.
Por eso, la firma personal con la que el Presidente y ‘Timochenko’ sellarán este nuevo acuerdo de paz tendrá su propia ceremonia: este jueves en el teatro Colón, de Bogotá, a las 11 a. m.
Refrendación rápida
El Gobierno le apostaba a una vía de refrendación del Acuerdo Final de Paz “ágil, eficaz”, como el Congreso, y que no polarizara tanto al país. Y este martes quedó claro que las Farc respaldaron esta posición.
“La consolidación de la paz requiere que avancemos con paso firme hacia la implementación de los acuerdos que permitan superar tantos años de conflicto en Colombia”, dijeron en un comunicado conjunto esa guerrilla y el Gobierno, tras una reunión de los delegados de ambas partes en la Casa de Encuentros San Pedro Claver, donde se hospedan los jefes guerrilleros.
El Acuerdo Final de Paz comenzará su trámite de refrendación en el Congreso la semana próxima.
Sobre la legitimidad del Legislativo como escenario de refrendación, Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral (MOE), afirma que decir que el Congreso no es legítimo es como sostener que no puede tramitar ninguna ley. En ese sentido, agrega que “en lugar de consultar a un censo electoral de 30 millones de ciudadanos, se le pregunta al Congreso, que es el que representa a esos 30 millones de ciudadanos”.
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Un nuevo plebiscito o la votación del nuevo acuerdo de paz en los concejos municipales o asambleas departamentales, las otras opciones que estuvieron sobre la mesa como mecanismos de refrendación, implicaban más tiempo, y está de por medio la urgencia de concretar la concentración de las tropas de las Farc en 27 puntos del país para la verificación del cese bilateral y definitivo del fuego.
Más aún, cuando ya se han presentado incidentes militares entre el Ejército y los guerrilleros en el sur de Bolívar y en Tumaco, Nariño.
Desde septiembre está lista en Colombia la Misión de la ONU que coordinará la verificación del cese del fuego, tarea en la cual también participan el Gobierno y las Farc.
Ya hay en el país 208 observadores, la mayoría de ellos de países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Llegaron desde México, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Costa Rica.
Hay además tres mujeres policías de Noruega y otros observadores de España, Portugal y Suecia.
‘La puerta está abierta’
Se da como un hecho que en el Congreso, donde deben tramitarse las leyes y reformas constitucionales para echar a andar los acuerdos con las Farc, el Centro Democrático se opondrá a estas. Este partido ya declaró que no respalda tampoco el nuevo acuerdo de paz.
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Este martes, el presidente Santos lamentó que “algunos de los sectores más radicales del ‘No’ se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes”.
Sin embargo, el mandatario dijo que deja “la puerta abierta” para un diálogo que eventualmente propicie “consensos y entendimientos sobre la implementación del acuerdo, que es tan importante como el acuerdo mismo”.
La realidad, en todo caso, es que el Gobierno cuenta en el Legislativo con el apoyo del resto de los partidos para implementar los acuerdos de paz.
Tras la refrendación del nuevo Acuerdo Final de Paz, la expectativa queda puesta sobre la Corte Constitucional, tribunal en el que estudian cinco demandas contra el acto legislativo que establece un mecanismo abreviado para el trámite de las leyes de la paz en el Congreso.
Ese mecanismo, conocido como 'fast track', permitiría que las leyes y reformas salieran en la mitad del tiempo (hoy son cuatro debates para una ley y ocho para una reforma constitucional).
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Y es urgente, por ejemplo, tramitar la reforma constitucional para crear la Jurisdicción Especial para la Paz, pues debe ponerse en marcha lo antes posible para que comience a llamar a los responsables de crímenes graves y a imponerles las sanciones.
Por el trámite ordinario, esta reforma podría demorar más de un año, y no hay que olvidar que en el 2017 el país estará ya en la precampaña para las elecciones del 2018 y que en estas circunstancias el Congreso suele ir a media marcha.
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