Si resulta escandalosa la cifra de 71,8 billones de pesos destinados en el 2015 a financiar subsidios que muchas veces no llegan a los más necesitados –población para la cual son creados–, más aún lo es el hecho de que el 28 por ciento de los subsidios sociales, entre el 2010 y el 2014, se los llevaron las pensiones.
Solo en el 2015, cuando se destinaron 18,4 billones de pesos de los subsidios a pagar mesadas, 10,9 billones se fueron para Colpensiones, donde se presenta la mayor desigualdad.
El 74 por ciento de los recursos que tuvo esta entidad que maneja el régimen de prima media, es decir, 8 billones de pesos, financiaron las mesadas para los quintiles 4 y 5 de la sociedad, es decir, las dos quintas partes de más altos ingresos.
Así lo revela el estudio de Planeación Nacional que sustenta el proyecto de ley, de iniciativa gubernamental, radicado en el Congreso para reorientar estas transferencias que el Estado dirige, tanto a personas y familias como a sectores que necesitan un empujón.
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Aunque suena bien que los recursos orientados a subsidios hayan evolucionado desde el 2010, cuando eran de 49,6 billones de pesos, a 71,8 billones en el 2015, el Gobierno mismo intenta ‘reprogramarlos’, a través de un proyecto de ley radicado en el Congreso, porque no están surtiendo el efecto deseado en la tarea de contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad.
“El impacto agregado de los subsidios en la reducción de la desigualdad es muy pequeño. En el 2015, el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– solo se redujo en 0,01 con el aporte de los subsidios monetarios”, dice el estudio.
Esto precisamente se debe al desenfoque de estas ayudas, que en la investigación se desagregan en subsidios sociales, dirigidos a personas y familias, y productivos, orientados a los productores o firmas.
Los sociales, que son los que deberían aportar más a la reducción de la desigualdad, si bien en el 2014 tuvieron una destinación de 69,5 billones de pesos (98,3 % del total), no dejaron ver su efecto.
Los productivos, entre tanto, contaron con recursos por 1,2 billones de pesos y tuvieron otra característica reprochable, su alta concentración.
Por sectores
Un escalafón inicial de los subsidios sociales, entre el 2010 y el 2014, puso a la cabeza los orientados a la educación, que se llevaron el 33 por ciento. El segundo puesto lo tuvieron los subsidios a las pensiones, con el 28 por ciento del total asignado.
A la salud se destinó el 18 por ciento; y a los servicios públicos, el 7 por ciento.
Entre los subsidios restantes, que son precisamente los apoyos más sonados, porque tocan con las necesidades primarias de las personas, las asignaciones fueron inferiores al 4 por ciento. Por ejemplo, a la atención a la primera infancia le correspondió el 4 por ciento del total. A la pobreza, el 3 por ciento; a vivienda, el 2 por ciento; y otros varios, el 2 por ciento.
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Concentración
La otra desproporción que caracteriza a los subsidios productivos, según la investigación de Planeación, es la alta concentración, pues solo Finagro entrega el 54 por ciento del total de los subsidios productivos. En su orden, le siguen Colciencias (18 %), Sena (11 %) y Procolombia (10%).
“Estas cuatro instituciones juntas concentran el 93 por ciento del total”, expresa el documento.
De acuerdo con el trabajo de Planeación, el gasto público en subsidios no es para nada progresivo. “Están lejos de darles más subsidios a quienes reciben un menor ingreso”.
Así, el quintil más alto de ingreso es el segundo que más subsidios recibe (20,2 %). Y aunque el quintil más bajo recibe 22,4 por ciento del total, en el caso de las pensiones, por ejemplo, se dibuja con claridad la honda brecha que existe.
“El quintil de ingresos más alto (el 5) recibe el 50,8 por ciento del total de subsidios a pensiones”, muestra el informe.
Si se juntan los quintiles 4 y 5, la cuenta llega a 74 por ciento, mientras que el más bajo recibe tan solo el 4,3 por ciento.
El desenfoque en la población objetivo toca también a otros sectores, como el de vivienda, en el que los dos quintiles más altos reciben 36,6 por ciento del total.
Y ni qué decir de los subsidios a servicios públicos, donde la concentración en el apoyo a los más pudientes es de 32,1 por ciento.
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Hay algo bien hecho
No obstante, de acuerdo con el estudio, hay algunos subsidios bien focalizados. Por ejemplo, en atención a la primera infancia, segmento educación, los tres quintiles de ingreso más bajos reciben el 81 por ciento de todo el subsidio.
Lo mismo sucede con los subsidios de salud: el 77 por ciento va a los que más lo necesitan; y con los de educación, pues los tres primeros quintiles reciben el 70 por ciento del total.
Esta última focalización, por ser la educación uno de los bloques que se lleva la mayor parte de los recursos de las asignaciones para lo social, hace contrapeso a la inequidad que hay en pensiones, señala el estudio.
Proyecto busca ordenar ayudas
En un momento en el que Colombia tiene que optimizar los recursos públicos, ante la escasez y los pronósticos de un ritmo menos acelerado de la economía, es clave ordenar la entrega de subsidios.
El proyecto que tramita el Gobierno en ese sentido establece, en primer lugar, que el primer criterio para adelantar los programas de subsidios es la redistribución de recursos hacia los grupos en desventaja económica y social.
Las buenas prácticas en la aplicación de estos programas implicará adoptar medidas como “establecer si el subsidio es la forma de intervención adecuada para alcanzar el objetivo que persigue el Gobierno; estudiar y dimensionar los riesgos inherentes a la entrega del subsidio, ya sea para tomar medidas que permitan evitar resultados indeseables o para tenerlos en cuenta al analizar la relación costo-beneficio de la intervención”, entre otros.
El proyecto, que apenas inicia su trámite en el Congreso, hace fila para entrar en la agenda legislativa.
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