La pregunta se la hicieron por teléfono: “Oiga, cuénteme: ¿usted se quiere hacer matar?”.
Argemiro Lara Barreto, de 56 años de edad, recuerda que sintió un escalofrío, similar al del jueves de la semana pasada, cuando un hombre le apuntó con un arma desde una motocicleta.
Previamente le habían advertido que se fuera de Ovejas, Sucre. Le daban 48 horas o lo asesinarían. Como no se marchó, lo llamaron. Él es uno de los dirigentes agrarios que intentan recuperar la finca La Europa, un predio de 1.233 hectáreas y que, según su testimonio, fue despojado a los campesinos en el año 2000, en plena ofensiva paramilitar.
(Declaración del Mininterior: muertes de líderes sociales pueden afectar implementación del acuerdo)
En ese entonces, Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, imponía la ley como hombre fuerte del bloque Héroes, de los Montes de María, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras una serie de crímenes, 90 familias abandonaron sus tierras. En el 2008 iniciaron el retorno, pero encontraron otros dueños.
Lara Barreto organizó a los campesinos para exigir lo suyo. Entonces, recibió las intimidaciones. A las 9 y 45 de la mañana del pasado jueves, cuando salía de una reunión en Sincelejo, vio a un hombre que le apuntaba con un arma desde una motocicleta. “Fue horrible: el arma, niquelada, brillante”, relata.
El escolta suyo reaccionó con rapidez y disparó primero. El atacante en este caso perdió la vida y Lara Barreto se salvó.
(Lea también: Preocupación por líderes sociales asesinados en Meta y Caquetá)
Del jueves a este martes, otros dirigentes sociales no corrieron con la misma suerte. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en los últimos cinco días fueron asesinados los líderes campesinos Erley Monroy, Didier Loaiza Barreto, José Antonio Velasco, Rodrigo Cabrera y John Rodríguez.
Las víctimas, como Lara Barreto, tienen en común haber sido incondicionales defensores del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc y mostrarse en público como abiertos defensores del ‘Sí’ en la votación del plebiscito. “Es claro que quieren callarnos”, dijo en diálogo con EL TIEMPO el sobreviviente de esta escalada.
Para el comité, los hechos “corresponden a un claro plan sistemático de exterminio y un atentado al actual proceso de paz”.
Esta afirmación la sustentan en cifras: en lo que va del año el incremento de acciones delictivas ha sido “notorio”: agresiones individuales, 314 casos; amenazas, 232; atentados, 21; y homicidios selectivos, 70.
Esto para la CPDH y otras organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales representa la “presencia y persistencia en diferentes regiones del país del fenómeno y las estructuras paramilitares”.
Un hecho que en palabras del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, busca poner en riesgo la implementación de lo pactado con las Farc.
(También: Comisión estudiará situación de líderes sociales en el país)
“Hay una amenaza regional contra el proceso de paz”, sentenció este lunes el funcionario.
El senador del Polo, Iván Cepeda, manifestó que los ataques contra los defensores del proceso de paz se han concentrado en los departamentos de Meta, Caquetá, Nariño y Sucre.
Cepeda también le expresó a EL TIEMPO que prepara una acción penal contra el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez Cedeño, quien habría instigado hechos de violencia en la región.
La situación es tan crítica que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, convocó para este martes a una reunión de urgencia en la Casa de Nariño, donde participarán, entre otros, los ministros Cristo y Luis Carlos Villegas, de Defensa, para evaluar los casos.
“Lo que tienen que hacer es protegernos para que no nos maten”, clamó Lara Barreto. Y salió huyendo de su tierra.
POLÍTICA