Por violar el debido proceso, vulnerar el derecho al trabajo o desconocer el principio de la presunción de inocencia, la Procuraduría envió cuatro conceptos a la Corte Constitucional en los que pide que se declaren inexequibles tres artículos del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que entrará en vigencia el próximo 30 de enero.
El Ministerio Público pidió que se declare inexequible el apartado del artículo 140 que define como contravención “ocupar el espacio público”, porque considera que las medidas correctivas, es decir, la imposición de una multa y el decomiso o destrucción de los bienes y productos “agravarían la situación de las personas dedicadas al comercio informal”.
Incluso, asegura que las medidas represivas pueden llevar a esas personas no a trabajar sino a pedir una “colaboración” a otros ciudadanos.
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La Procuraduría también les dio la razón a los demandantes del artículo 220 del mismo Código, que dice que se presume la culpa o el dolo de quienes tengan comportamientos que afecten el medioambiente. Para el órgano de control, este artículo viola el debido proceso porque omite la presunción de inocencia.
El documento sustenta que algunos apartados de ese artículo facultarían a la Policía para considerar cualquier comportamiento, por ejemplo, montar en bicicleta en un parque, como contrario a la salud pública, al medioambiente y al patrimonio ecológico.
Sobre la demanda contra el artículo 47, que regula la actividad policiva sobre aglomeraciones de personas, el Ministerio Público dice que el artículo “no cumple con los requisitos constitucionalmente exigidos para que el Ejecutivo pueda ejercer dicha facultad en relación con un asunto que tiene reserva de ley formal, es decir que las condiciones del derecho de reunión solo puede reglamentarlas el Legislativo.
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