La crisis desatada por los homicidios contra líderes del Cauca que trabajan por los derechos humanos y por la defensa del territorio y el medioambiente llevó a que se creara una comisión de alto nivel, encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
En diálogo con 'W Radio', Cristo afirmó que esta Comisión se reunirá el martes para establecer más medidas que permitan frenar la crisis que se viene desatando con estos dirigentes en diversos puntos del país, especialmente en el Cauca. En los últimos tres meses fueron cinco los líderes asesinados, y en lo corrido del año van 16 víctimas.
“Hicimos una revisión exhaustiva de las políticas de prevención de esos hechos, de las investigaciones que se adelantan puntualmente”, afirmó Cristo, quien lideró la semana pasada una reunión de seguridad en Popayán. Cristo recordó que desde marzo existe una instrucción del presidente Juan Manuel Santos de indagar el origen y los responsables de esta clase de atentados contra los defensores de los derechos humanos.
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El funcionario también estuvo en Barbacoas (Nariño) con el fin de analizar situaciones similares que se viven en ese departamento.
“Aquí no vamos a permitir que se estigmatice el trabajo de esos líderes, que juegan un papel fundamental en la construcción de un país en paz, reconciliado, ni que grupos criminales, muchos de ellos dedicados al narcotráfico o a la minería ilegal, atenten contra estos líderes”, agregó Cristo.
En la reunión de Popayán, en la cual participaron el ministro de la Defensa (e), general Juan Pablo Rodríguez; el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, y otras autoridades, Cristo confirmó que en los próximos 15 días arribará a la capital caucana el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Fernando Mora, para adelantar un comité de evaluación de riesgos y tomar medidas de protección. Y anunciaron misiones de verificación con Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas en zonas del Cauca.
“Estamos preocupados por la falta de garantías para las comunidades, los líderes y las organizaciones”, dijo Marcela Cabrera, de la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Y señaló que al día de hoy van más de 300 homicidios en diferentes variables de la región, pero la mayoría se han presentado en zonas donde hay intereses en temas como la minería y el narcotráfico.
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El hecho violento más reciente contra un líder social en el Cauca se registró en la noche del 19 de octubre en Corinto. Ese día, desconocidos tocaron la puerta de la casa de Esnéider González, integrante de la Asociación de Víctimas Arte, Paz y Vida (Arpasavi), y cuando él abrió le dispararon a quemarropa y huyeron con rumbo desconocido. González logró resistir ante las heridas y se recuperó en una clínica de Cali.
Tres días antes, el 16 de octubre, en el municipio de La Sierra, sur del departamento, a plena luz del día, sicarios ultimaron a Yímer Chávez Rivera, integrante de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (Ordeurca).
De otro lado, este domingo, a raíz de una publicación en EL TIEMPO, el Eln informó en un comunicado, dirigido a la opinión pública, que ese grupo no tiene relación con la banda de ‘los Monos’, a la cual señalan como responsable de algunos de los asesinatos de líderes comunitarios en el departamento del Cauca.
Investigación por parte de la Fiscalía
Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA expresó en un comunicado "su preocupación" por la seguridad de los líderes comunales del país, al citar un informe en el que organizaciones de acción comunal advirtieron al gobierno del homicidio de 33 de sus miembros durante 2016.
El organismo destacó "las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los integrantes de organizaciones de acción comunal, movimiento históricamente afectado por el conflicto" armado interno, y dijo que según el reporte en el año también ha habido "dos casos de desaparición forzada y múltiples situaciones de amenaza".
Para diversos sectores sociales, estos asesinatos podrían torpedear la implementación del acuerdo de paz alcanzado con las Farc el pasado 12 de noviembre.
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El asesinato de Monroy motivó un consejo de seguridad cuyo resultado fue la decisión de incrementar el pie de fuerza con dos grupos adscritos a la Fuerza de Tarea Júpiter, así como el fortalecimiento del Gaula Militar en Caquetá.
Por su parte, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez informó que a la zona fueron enviados 8 investigadores de esa institución, con los cuales se estaría consolidando un grupo de 21 investigadores en la zona.
POPAYÁN y ELTIEMPO.COM