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En pobreza, la meta es no retroceder

En 13 años se logró bajar a 21,9 puntos. La economía actual obliga a defender lo conquistado.

MAURICIO GALINDO Y ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA
El avance contra la pobreza que logró Colombia durante más de una década parece frenar su ritmo, y ahora el país encara el triple desafío de que dichos progresos continúen y se impida que quienes superaron esa condición regresen a ella y lograr mejoras significativas contra el problema de la desigualdad.
Los registros que publica el Gobierno vienen del 2002, y desde entonces se reportan caídas que llegaron a ser de más de un millón de personas en el año, y de tres puntos porcentuales en la tasa de pobreza. Son muchos progresos que destacan al país en el contexto latinoamericano, dice Olga Lucía Acosta, experta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “pues desde el 2002 tuvo un periodo ‘de años gloriosos’”.
Sin embargo, como dichos avances no estuvieron acompañados de una disminución comparable de la desigualdad, aparentemente la riqueza se sigue concentrando. Si los ingresos de los más pobres han crecido, pero la desigualdad permanece muy similar, quiere decir que en el pico de la pirámide también aumenta el dinero concentrado en una proporción pequeña de la población.
Lo cierto es que no hay una medición oficial de concentración de la riqueza, como señala la exministra Cecilia López Montaño.
Solo se sabe que mientras han salido personas de la pobreza, los ingresos laborales de toda la población no tienen grandes cambios desde el 2007 hasta hoy.
Por ejemplo, a mitad de este año los ingresos de quienes trabajaban en comercio eran 8 por ciento superiores que 9 años atrás, y los de construcción, 21 por ciento superiores. Pero los del sector financiero eran 7,7 por ciento inferiores y los de transporte y comunicaciones, 10,1 por ciento por debajo.
Las razones para mirar con mucho cuidado en este momento el combate contra la pobreza es que los avances se lograron en el periodo de auge de precios de materias primas que dispararon el ingreso petrolero de la Nación, pero la bonanza se interrumpió desde el 2014. Por eso, el triple desafío de que, sin dichos ingresos, haya cada vez menos pobres, que quienes dejaron de serlo no se devuelvan, y se logren avances contra la desigualdad.
Entre el 2002 y el 2015, la incidencia de la pobreza se redujo a la mitad, de 49,7 a 27,8 por ciento de la población. De acuerdo con Prosperidad Social, entidad de la Presidencia de la República, en los logros han sido claves programas como Más Familias en Acción y la Red Unidos, diseñados para las comunidades más vulnerables del país.
Los avances en esos 13 años venían a razón de 1,7 puntos por año, pero en el 2015 la reducción fue de solo medio punto. Desde el 2008 estaban saliendo de la pobreza, en promedio cada año, 732.000 personas. Pero en el 2015 fueron solo 171.000, para que el número total de pobres sea hoy de 13’039.000.
Seguir avanzando
El primer reto, entonces, es mantener la salida constante de personas de la pobreza. A ese respecto, Tatyana Orozco, directora de Prosperidad Social, señala que en regiones como Cundinamarca han sido claves los avances en el acceso a los servicios de salud, el bajo rezago escolar y el logro educativo, por lo cual el mayor desafío es continuar mejorando las variables de educación. En el caso de Santander, “el mayor reto es mejorar los accesos a fuentes de agua potable y el empleo informal”.
Sin embargo, mantenerse en ese tipo de objetivos ahora se da en medio de menores recursos del Estado, ante la desaparición de la renta petrolera. “En el caso de ocurrir una crisis fiscal por disminución de los ingresos estatales, lo más probable es que los programas asistenciales sufran un recorte sustancial”, advierte Julio Silva-Colmenares, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y director del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma.
Mantener un avance contra la pobreza exige un crecimiento de la economía por encima del 4 por ciento, dice Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. “Eso significaría –según Sarmiento– un aumento del ingreso per cápita de 2,5 por ciento, lo cual garantizaría que no se volvería a los ingresos reales anteriores. De otra manera, se tiene el riesgo de que esa pobreza se vuelva a reproducir”.
Por su parte, Olga Lucía Acosta, de la Cepal, señala que se necesitan políticas redistributivas y coincide con la exministra Cecilia López en la necesidad de oportunidades o políticas favorables al empleo.
“Una política social es necesaria –dice Acosta–, pero si esta no se engancha inmediatamente con la inclusión de las personas en una actividad económica, en esquemas de generación de ingresos o en temas de emprendimiento, va a ser muy difícil y no es sostenible”.
Entre el 2002 y el 2015, los avances más limitados se dieron en el Chocó, con solo 4,8 puntos porcentuales de disminución en sus datos de pobreza.
Dos visiones
En este punto, López destaca la paradoja de que la política social ha aumentado la informalidad, porque todos estos subsidios se han convertido en un freno para que la gente se salga de ella y se pase a la formalidad.
Pero Acosta muestra más optimismo y cree que “por fin a los colombianos les está entrando el tema de la formalidad” y políticas y esfuerzos de muchas entidades han logrado mejorar este punto. “Nunca antes se había tenido o estado cerca de los 10 millones de cotizantes en el sistema de salud, pese a que todavía faltan otro tanto muy importante”.
Frente al segundo desafío, de evitar que personas que superaron la pobreza recaigan en ella, la exministra López considera que es un punto neurálgico, pues los progresos contra la pobreza y el aumento de la clase media se dieron con unas tasas de crecimiento muy altas y un petróleo a 100 dólares el barril.
“Sin embargo –dice López–, estamos en un proceso de desaceleración; la economía colombiana, si nos va bien, va a crecer en un 2 o 2,5 por ciento, y el peligro es que estos vulnerables vuelvan a caer en la pobreza”. Por eso, el reto más grande que tiene el país es “qué se va a hacer con ese 38 por ciento de la población que son vulnerables” es decir, personas que superaron la pobreza pero aún no son de clase media.
Sarmiento y López resaltan el papel clave del gasto social: mientras el primero dice que se requiere una ampliación de este en salud, educación y vivienda orientado hacia el 40 por ciento más pobre, para garantizar que quienes salieron de la pobreza avancen más, la exministra dice que “la política debe ser dirigida a universalizar la educación, a mejorar su calidad, la de la atención en salud y oportunidades de empleo que dependen de cómo funcione la economía”.
Sin embargo, López expresa algunas dudas: “¿Se les va a dar acceso a Más Familias en Acción y demás programas de transferencias monetarias condicionadas? Si se le suman a ellos el 27,8 por ciento de los pobres que aún hay, eso equivaldría a darles a dos tercios de la población esa clase de ayudas, lo cual resulta imposible”.
Hay que focalizarse
Justamente, la focalización es una clave para que esas políticas que ya se aplican tengan mejores resultados, de acuerdo con Acosta. “Si se focalizan adecuadamente –dice–, impiden que, si bien no se ha logrado seguir avanzando con el mismo ritmo, por lo menos no se retroceda”.
El tercer desafío es que los logros en desigualdad lleguen en algún momento a ser comparables con lo logrado contra la pobreza. Hoy, Colombia sigue entre los diez países con mayor desigualdad del ingreso en el mundo, de acuerdo con el informe ‘La pobreza y la prosperidad compartida’, publicado el mes pasado por el Banco Mundial, en un escalafón que encabezan Sudáfrica y Haití.
Entre los hechos que ponen de presente las desigualdades en el país está una pobreza que en las áreas urbanas es del 24,1 por ciento, mientras en las zonas rurales llega al 40,3 por ciento. Igualmente, si en Bogotá los pobres son el 10,4 por ciento de la población, en el Chocó son el 62,8 por ciento. Allí, en 13 años, la tasa solo se ha reducido en 4,8 puntos porcentuales.
Para la exministra López, esa realidad del Chocó y otros departamentos obedece a que son zonas con presencia débil del Estado, algunas son las que han padecido la violencia de grupos ilegales y donde, a su juicio, la politiquería y la corrupción han hecho desastres –como La Guajira y otros sitios de la Costa–. Si bien –advierte López– se ha priorizado reducir pobreza, no se ha hecho lo mismo con la concentración de la riqueza.
Por su parte, Acosta señala que “no hemos interiorizado aquello de que lo que estamos buscando es para el ciento por ciento de la población y no para el 50 por ciento que tiene empleo formal, así que esas segmentaciones tienen que desaparecer”.
Si se quiere que los avances en reducción de la pobreza se conviertan en una mejoría de la distribución del ingreso, Sarmiento plantea que tendría que haber un aumento de los ingresos de los pobres en relación con la clase media, e incluso con los ricos, “y esto se podría hacer con un aumento del ingreso per cápita, una movilización del gasto social fundamental hacia los sectores más pobres y una política fiscal agresiva de impuestos progresivos que cierre la brecha entre el retorno del capital y el crecimiento de la economía”.
Además, Sarmiento reclama una política laboral que garantice que el salario mínimo suba por encima de la productividad del trabajo.
En palabras de Silva-Colmenares, “una sociedad es más equitativa y justa no en cuanto tenga mayor gasto social –lo cual, per se, no es negativo–, sino en tanto el trabajo sea mejor remunerado, reconociendo el esfuerzo que han hecho los trabajadores en los últimos decenios para avanzar en su escolaridad, adquirir nuevas habilidades laborales y añadir años saludables a su vida”.
MAURICIO GALINDO Y ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA
Redacción Economía y Negocios
MAURICIO GALINDO Y ALEJANDRO RAMÍREZ PEÑA
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