“Junto a los obstáculos tradicionales que debe enfrentar la prensa para desarrollar libremente su tarea de informar, se han sumado nuevos desafíos (...). Entre estas nuevas clases de amenazas ha surgido la creación de un pretendido derecho, el derecho al olvido. Como consecuencia de las resoluciones judiciales de un tribunal europeo, han aparecido numerosas iniciativas legales en el continente que procuran regular esta materia, que fácilmente se puede transformar en una nueva forma de censura”.
Mientras los diarios del hemisferio reunidos en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa lanzaban esta alerta a mediados de octubre pasado en México, en el Congreso avanzaba en primer debate un polémico proyecto de ley que, con la excusa de ampliar la protección del derecho de hábeas data, podría afectar la circulación de información de interés público en las principales redes sociales y buscadores de internet.
Empresas como Facebook, Twitter, Google y Amazon estarían cobijadas por el régimen sancionatorio que aplica la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– a las empresas nacionales que almacenan y usan información personal de los ciudadanos, es decir podrían ser multadas o bloqueadas por esa entidad.
La votación en la Comisión Primera de Senado fue unánime. El proyecto, de autoría del senador del Centro Democrático Jaime Amín, busca ampliar la jurisdicción de la Superintendencia “respecto de responsables del tratamiento que no residan ni estén domiciliados en el territorio de Colombia pero que a través de internet o de cualquier medio recolectan, almacenan, usan, circulan y en general realizan cualquier operación sobre datos personales de personas que residan, estén domiciliadas o ubicadas en el territorio de Colombia”.
La SIC podría “disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas aportadas por el titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva”.
El efecto de esas modificaciones preocupa porque abre una puerta para que, sin necesidad de acudir ante un juez, una autoridad administrativa pueda ordenar el bloqueo de una información relevante en las redes sociales, que hoy por hoy son importantes canales para los medios.
La SIC asegura que aunque ha recibido solicitudes para bloquear información periodística, para esa institución es claro que el camino por seguir en esos casos es ante los jueces, pues se trata de derechos como la honra y el buen nombre y no de manejo de bancos de datos, que es el asunto de su competencia.
El proyecto mantiene la protección de las bases de datos periodísticas. Pero, advierte el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, “podría terminar creando una nueva herramienta para imponer la ‘amnesia colectiva’, una situación en la que la información de interés público termina borrada de internet”.
El senador Amín asegura que no hay riesgo de censura y dice que lo que se pretende es “darle un piso jurídico de respaldo al buen nombre de los colombianos en las redes sociales. Hoy, cuando un colombiano es víctima del tráfico de su información privada, o cuando es difamado, tiene un nivel mínimo de protección frente a esas empresas internacionales”.
Aunque Amín considera que su proyecto no afectará la labor de los medios, este fue fervientemente defendido en audiencia pública por el abogado Abelardo de la Espriella, que lleva varios meses ofreciendo “asistencia legal y asesoría para lograr eliminar todo aquello que pueda perjudicar el buen nombre de su familia o el de su empresa”.
Su producto se llama ‘Clean Ups’. “El derecho al olvido está relacionado con el hábeas data, que es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se han recogido sobre ellas en bancos de datos”, dice el polémico abogado en su página web. Y agrega que “tiene como objetivo lograr la eliminación de la noticia de los motores de búsqueda de internet, fundada en los efectos negativos que le producen (al cliente) la existencia de información negativa, obsoleta o difamatoria”.
El servicio es el mismo que ofrece la firma española Eliminalia, que tiene clientes en todo el mundo, incluido un cirujano plástico colombiano, Francisco Sales Puccini, denunciado por varias de sus pacientes por mala praxis médica.
En septiembre, la Flip reveló que Eliminalia estaba exigiendo a tres medios de comunicación en el país borrar sus notas sobre el cuestionado médico con el argumento de que están afectando su derecho al buen nombre. “Los periodistas no están limitados a informar y opinar solo sobre casos que hayan sido llevados ante la justicia. En ese sentido, para efectos de la publicación de los artículos no es relevante, como expone Eliminalia, si existe o no un proceso en contra de Sales Puccini, como sí lo es la posible existencia de irregularidades en el trabajo de un cirujano plástico”, cuestionó la Fundación.
El reto, finalmente, está en ponderar el equilibrio entre el derecho de todo el mundo a voltear la página y el de la sociedad a estar informada y a conservar la memoria histórica. Y ese es un derecho que se mueve hoy por la web.
EL TIEMPO