Otras serían las historias, si alguien hubiera atendido los llamados desesperados de los vecinos de Manotas Char. Quizás Francisco José Cifuentes Ferreira, a quien lanzó por una ventana en el 2013, estaría vivo; los tres hijos de Mauricio Rocha, de 39 años, asesinado por no bajarle el volumen a un equipo de sonido, no estarían desamparados, y la vida no sería una pesadilla para los residentes que conviven con Lucas Andrés Restrepo Caicedo en un edificio en La Cabrera.
No son casos aislados, tampoco exclusivos de un solo sector de la capital. Hoy, las confrontaciones son recurrentes en una ciudad que se erige vertical.
Según cifras del sistema Sí Actúa, usado por las alcaldías locales para registrar sus actuaciones administrativas, la mayoría de querellas que se han interpuesto entre enero y la primera semana de noviembre del 2016 están relacionadas con problemas de convivencia.
Exactamente 3.119 han sido por actos que amenazan la posesión, tranquilidad o comodidad del ciudadano, ya sea en su casa, finca o predio; 1.186 por posesión ilegal de un bien; 361 por solicitud de desalojo del inmueble por parte de su propietario, y 157 por perturbación y/o lanzamiento por ocupación de hecho, que se da cuando hay un inmueble sin un contrato de arrendamiento, el consentimiento dejó de existir o no hubo tal por parte del propietario.
En total son 4.906 querellas, muchas de las cuales no han tenido alguna solución. Según la Secretaría de Gobierno, por ser un caso administrativo, la culminación de cada episodio depende de las diferentes fases del proceso, que van desde la notificación de la queja hasta la del fallo, pasando por visitas técnicas, en las que se reciben pruebas, informes técnicos y recepción de descargos. En eso, por los casos que ha conocido este diario, pueden pasar años.
Otra cosa dicen las autoridades. El tiempo estimado para proferir el fallo definitivo de una investigación administrativa, de acuerdo con la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría de Gobierno, es de ocho meses y 15 días. La Administración viene trabajando en la descongestión de procesos represados en las alcaldías locales.
“Un total de 4.279 querellas, impuestas en el 2013, 2014, 2015 y 2016, han sido resueltas durante este año en Bogotá, lo que representa el 55,7 por ciento de las querellas que permanecían abiertas del periodo 2013-2015, y el 37,6 por ciento (1.846) de las de las querellas instauradas este año”.
Claramente, esto no es suficiente. Según la Personería de Bogotá, este año han recibido 800 quejas por problemas en la vecindad, la mayoría de casos relacionados con ruido. Este ente de control dijo que hoy cursan 8.466 querellas en las inspecciones de policía por problemas entre vecinos que no han sido resueltas y que vienen de años atrás. “Muchas son por ruido, por obras que afectan predios ajenos, entre otros”.
La última ‘Encuesta de percepción ciudadana 2016’, del programa Bogotá Cómo Vamos, revela que una de las razones por las que los ciudadanos se sienten insatisfechos en el barrio donde viven son aspectos como el ruido, la música con alto volumen, y la actitud de los vecinos. Por otro lado, según la más reciente ‘Encuesta de percepción y victimización’ de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el 24 % de los ciudadanos señaló que fue víctima de una situación que afecta su convivencia.
Detrás de todos estos casos hay vidas, literalmente, destruidas por culpa de unos vecinos agresivos, intolerantes, con enfermedades mentales o de drogadicción, sin tratar.
Según Gabriel Niño, fiscal seccional de Bogotá y analista de política criminal, lo único que podría mejorar esta cruda radiografía es propiciar una articulación con la Policía Nacional, la Secretaria de Seguridad, las inspecciones de policía, la Fiscalía, la Judicatura y la vecindad misma. “Es la única forma de generar una reacción rápida y eficaz no solo para la represión, sino también para la prevención del escalamiento de esos conflictos con ese tipo de personas”.
Según explicó, esto responde al deber de carácter obligatorio y constitucional (artículo 95 CN, numeral 1), que le exige a toda persona respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. “Esto va en concordancia con el principio de prevalencia del interés general sobre el particular, y del derecho a la paz en todos los entornos como un derecho fundamental”.
Comunidad en riesgo
Justo en este momento, hay varias comunidades aturdidas por el comportamiento de algunos de sus vecinos. Después del caso que conmocionó al país de Lucas Andrés Restrepo Caicedo y María Cristina Restrepo, dos personas que, según sus vecinos, les han hecho la vida imposible a los residentes de un edificio en La Cabrera, han aparecido nuevos casos de ciudadanos que parecen convivir con el enemigo.
Uno de ellos, el de mayor gravedad, ocurre en el barrio Bella Suiza. El residente David Alejandro Muñoz ha atormentado durante años a la comunidad. “Estamos desesperados por una situación con un vecino del edificio en donde resido; es un peligro para las personas que vivimos aquí. Ya no sabemos cómo actuar”. Ese es el llamado desesperado de solo uno de sus vecinos.
Comportamientos como dejar basuras en los corredores, destruir una moto, ejecutar una construcción ilegal, maltratar a los residentes en las reuniones, ha hecho que más de 20 personas entre residentes, propietarios, administradores y empleados se fueran por miedo. Es tan difícil la situación que el agresor se ha atrevido a demandar, sin causa alguna, a sus denunciantes. “Cambia las cosas para parecer la víctima. Estudió algunos semestres de derecho”.
Otro caso grave se presenta en Cedritos. Un hombre con presuntos problemas mentales atormenta a todo un edificio. “Suele llamar a la Policía porque dice que le apuntan y lo van a matar; también llama a los bomberos porque se le está hundiendo el apartamento”. Es tan intimidante que hace cosas como golpear las puertas del ascensor, y a las mujeres les dice que les va a hacer daño. Lo más grave es que convive con una mujer que tiene apariencia de ser menor de edad, a quien golpea y grita, y del apartamento ya sale un olor nauseabundo. El hombre ya completa 10 querellas y dos denuncias ante la Fiscalía.
En un edificio de Teusaquillo, un administrador denuncia haber tenido 15 días de incapacidad por pedirle el pago de la administración a un residente. Casos pululan y solo ahora, dada la conmoción que generaron algunos de estos incidentes expuestos ante la opinión pública, se comienzan a conocer.
¿Qué se debe hacer en estos casos?
El TIEMPO consultó con Elizabeth Guío Camargo, abogada, conciliadora, experta en derecho administrativo, qué puede hacer una comunidad amenazada.
¿Qué puede hacer un administrador?
Según la norma que regula la propiedad horizontal, debe asumir el tema a través de los comités y manuales de convivencia. Se debe garantizar el derecho de defensa y del debido proceso de las personas.
¿Y si la persona tiene problemas mentales?
Si esta ha sido declarada por un juez en situación de discapacidad mental, será necesario que la administración les informe de dichas conductas a los padres, cónyuge o familiares del agresor, para que estos respondan por los daños causados.
¿Si los comités no sirven?
Se deberán iniciar las acciones tendentes a obtener la reparación de los daños sufridos. Estas acciones son de diversa índole, y de tratarse de asuntos patrimoniales, deberá tramitarse una solicitud ante un centro de conciliación para la autocomposición del conflicto.
¿Y si eso fracasa?
Deberá intentarse la correspondiente acción de responsabilidad civil en contra de la persona o personas que causaron los daños.
¿Qué pasa cuando ya se comete un delito grave?
Si las conductas agresivas constituyen delito, deberá formularse la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Es decir, promover las acciones civiles y/o penales que permitan el resarcimiento de los perjuicios causados a los bienes comunes de la propiedad horizontal.
¿Las querellas sirven para algo?
Es una forma de poner en conocimiento un delito a la autoridad penal encargada de investigarlos, que es la Fiscalía; opera para los delitos mencionados en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, como lesiones personales, injuria y calumnia por vías de hecho, abuso de confianza y daño en bien ajeno. La querella es desistible.
¿Cuándo poner una denuncia en la Fiscalía?
La denuncia opera para todos los delitos que no requieren querella. La puede formular cualquier persona. No es desistible.
¿Con qué otra herramienta jurídica se puede contar?
El Código de Policía de Bogotá señala normas para la solidaridad, la tranquilidad y las relaciones de vecindad, y crea la obligación de imponer medidas correctivas, tales como amonestaciones, asistencia a programas pedagógicos y multas, a aquellas personas que incumplan dichas normas.
¿Existe algún mecanismo para que el agresor se vaya del edificio?
Si el residente es arrendatario de un apartamento o una casa, se le puede terminar el contrato.
CAROL MALAVER
Subeditora Bogotá
Escríbanos a carmal@eltiempo.com