“A pesar de que la cesión se realizó en forma pura y simple, la administración y el nuevo contratista (Conalvías) introdujeron cambios en el alcance del objeto del contrato, la forma de pago, en el valor del mismo y en el esquema de riesgos, decisiones que llevaron a que el Estado asumiera, con cargo al patrimonio público, mayores costos a los inicialmente pactados”.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Contraloría General en un fallo de 2.645 páginas, con el que condenó hace cuatro días al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno; a exfuncionarios del Distrito, al grupo Nule y a la empresa Conalvías a pagar en forma solidaria más de 173.908 millones de pesos.
Para la Contraloría es claro que el papel que Conalvías –hoy intervenida por la Supersociedades– tuvo en la cesión del contrato 137 del 2007, mediante el cual se pretendía construir la fase III de TransMilenio por la calle 26 de Bogotá, llevó a que se perdieran millonarios recursos. Por ese contrato, la Fiscalía ha llamado tres veces a imputación de cargos al exrepresentante legal de Conalvías, Andrés Jaramillo, sin que a la fecha se haya podido realizar la audiencia.
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Este contrato estaba en manos de la Unión Temporal Transvial, cuyo dueño era el Grupo Nule. Pero, por los incumplimientos de los polémicos empresarios –que hoy pagan una pena en prisión por su participación en el ‘carrusel de la contratación’–, el Distrito lo entregó en cesión en el 2010.
Es en este punto donde aparece Conalvías, que por recomendación de la aseguradora Segurexpo, fue mencionada como la empresa más indicada para seguir con las obras. Con este fin, Conalvías se unió a otras firmas más pequeñas y crearon el Grupo Empresarial Vías de Bogotá, del cual tenía el 94 por ciento de acciones.
Pero durante la cesión, el valor del contrato tuvo un incremento que no estaba justificado. Así, mientras en manos del grupo Nule el contrato costaba 315.000 millones de pesos, cuando pasó a Conalvías su valor aumentó a 467.000 millones. Esto, a pesar de que al ser cedido el negocio, Conalvías, por medio de su expresidente Andrés Jaramillo, aceptó mantener el contrato en las condiciones en que se encontraba.
El incremento se dio porque el valor bruto del contrato creció en más de 94.000 millones de pesos; también se dejaron de hacer obras y Conalvías le cobró al Distrito por nuevos costos de obra y de administración que no estaban pactados inicialmente.
“No obstante haberse pactado estos incentivos, el Grupo Empresarial Vías de Bogotá no cumplió con las obligaciones asociadas; por lo tanto, no debería haberlos cobrado, de lo cual son responsables”, dice el fallo.
Dentro del proceso fiscal, la Contraloría escuchó el testimonio de Manuel Nule, quien aseguró que, supuestamente, hubo un direccionamiento para que el contrato fuera cedido a Conalvías. Nule afirmó que Samuel e Iván Moreno “estaban haciendo exigencias de 30.000 millones de pesos para que se hiciera la cesión del contrato, negocio que se repotenciaría económicamente con adiciones”.
Imputación de cargos
Seis años después de que estallara el escándalo por el ‘carrusel’ de contratos, Conalvías es una de las pocas firmas que siguen sin responder penalmente.
Su exrepresentante legal Andrés Jaramillo fue citado por cuarta vez por la Fiscalía para imputarle cargos el próximo 7 de diciembre. El ente acusador lo investiga por peculado por apropiación, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Según las investigaciones, Jaramillo entregó dinero para que le fuera cedido el contrato 137 del 2007.
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