La muerte de dos guerrilleros de las Farc que según el Ejército estaban extorsionando y violando el cese de hostilidades en el sur de Bolívar, no es el único incidente que investiga el Mecanismo Tripartito de Verificación del proceso de paz.
A los hechos del pasado 13 de noviembre en el municipio de Santa Rosa se suma otro ocurrido en Tumaco, donde hay denuncias de la muerte de dos miembros de las Farc. EL TIEMPO estableció que se trataría de dos guerrilleros que habrían sido sometidos a un ‘juicio revolucionario’ por negarse a acatar la orden de sus mandos de permanecer en la zona de preagrupamiento temporal, para seguir en el narcotráfico.
Sobre el caso del sur de Bolívar, el Ejército se mantiene en la versión de que los muertos –un hombre conocido como ‘Joaco’ y una guerrillera llamada ‘Mónica’– estaban delinquiendo y haciéndose pasar por miembros del Eln.
(Lea también: Qué dice el acuerdo de paz sobre hechos que afecten el cese del fuego)
Además, dicen las Fuerzas Militares, los guerrilleros no habían cumplido con el protocolo de informar sobre su movimiento en la zona y se encontraban a más de 68 kilómetros del área de preagrupamiento de su frente, el 37, que está ubicada en el cercano municipio de San Pablo.
Las Farc, entre tanto, anunciaron el viaje del negociador ‘Carlos Antonio Lozada’ a Bogotá para acelerar el proceso de definición de las zonas veredales donde se cumplirá la concentración de los guerrilleros.
“Vamos a exigir una reunión con la instancia nacional del mecanismo de monitoreo y verificación, exigiendo que se haga un peritazgo forense para determinar si realmente hubo combates o no (...) Nosotros tenemos versiones diferentes a las que difundió en un comunicado el Ejército”, aseguró ‘Lozada’ en un video difundido por la guerrilla.
Los verificadores, coordinados por la ONU, por su lado, les recordaron ayer a las partes “la importancia de mantener el compromiso” y el silencio de los fusiles y expresaron “su preocupación por las primeras muertes desde el inicio del cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo el pasado 29 de agosto”.
Tanto el Gobierno, a través del equipo negociador, como los analistas advirtieron que este tipo de situaciones son una amenaza latente para el proceso y que demuestran la necesidad de acelerar la concentración definitiva, que se realizará en zonas totalmente delimitadas y que contarán además con la protección externa de la Fuerza Pública y el control de la Misión de Verificación.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), aseguró al respecto que “es importante que se despliegue el mecanismo tripartito lo antes posible, para cumplir con la verificación del cese del fuego bilateral y de hostilidades”, y que en el caso puntual “no solo se requiere una respuesta rápida de la Misión sino de la Fiscalía, que debe realizar una labor de campo para recoger las pruebas y lograr un dictamen forense que permita establecer responsabilidades”.
Mauricio Jaramillo, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, dijo que lo sucedido en el sur de Bolívar implica que el cese del fuego bilateral se ha venido haciendo cada vez más frágil por el futuro incierto del acuerdo entre Gobierno y Farc.
“La guerrilla se está desmotivando y hay una concentración cada vez menos efectiva. La Fuerza Pública debe mantener su labor de enfrentar la criminalidad, lo que puede llevar a más contactos armados, que pueden ser catastróficos para la paz”, puntualizó el académico.
El Mecanismo Tripartito exhortó a las partes “para que faciliten el flujo de información y mantengan la comunicación que permita la coordinación”. Igualmente, reiteró el llamado a las comunidades y habitantes de las zonas a reportar directamente los hechos o amenazas a seguridad.
Desde el 13 de octubre pasado, ese mecanismo fue acordado por las partes no solo para determinar violaciones al compromiso de tregua bilateral sino también para proteger la tranquilidad que se ha dado en las regiones como consecuencia directa del proceso de paz de La Habana.
Según el protocolo acordado por Gobierno y Farc, que fue refrendado en el Acuerdo Definitivo, los dos se comprometieron a “no entrar en contacto armado” y a “mantener la disciplina y control de las unidades a fin de no generar actos o incidentes que pongan en riesgo el cese al fuego”. La guerrilla, puntualmente, se comprometió a no realizar actos que afecten la seguridad de la población civil. Todo esto, bajo el entendido de que las autoridades no están relevadas de perseguir las actuaciones criminales que pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos de las zonas donde se cumplen los procesos de agrupamiento y preconcentración.
JUSTICIA