En vez de mejorar, según la Gobernación del Tolima, el hospital Federico Lleras de Ibagué pasa por una dura crisis económica, luego de ser intervenido hace dos años y cuatro meses por la Superintendencia.
El hospital, que presta servicios en los niveles dos y tres a más de un millón de habitantes del Tolima, así como a personas que llegan de Caquetá y Putumayo, es un paciente agónico, ya que no tiene flujo de caja suficiente para atender su operación normal. Cada mes le ingresan 6.500 millones de pesos por ventas de servicios, pero sus gastos ascienden a 9.000 millones, con lo que la pérdida operativa de los dos últimos años tiene un acumulado de 37.000 millones de pesos.
A esta cadena de ‘enfermedades’ se suman cientos de demandas judiciales que equivalen a 114.000 millones de pesos, de los cuales 35.000 millones ya tienen fallos de los juzgados, pero la intervención lo ha blindado contra los embargos.
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La dura realidad fue dada a conocer por el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, quien en una misiva al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, asegura que “el hospital no tiene estabilidad financiera ni de prestación de servicios de salud. Su situación sigue siendo tan delicada como al momento de la intervención”, la cual culminaría en diciembre.
El mandatario afirma que “liquidarlo es inaceptable”, ni tampoco ve conveniente entregarlo al departamento, pues esa decisión viola la normatividad legal, por lo que considera que, debido a sus dificultades financieras, “quedaría la opción de darle continuidad a la intervención administrativa por parte de la Superintendencia”.
También pide incluir un paquete de medidas de salvamento y apoyo financiero suficiente de parte del Ministerio, la Superintendencia y el departamento. La entidad vive uno de sus peores momentos, ya que a sus proveedores les debe 85.000 millones de pesos, y podría ponerse al día con ellos solo si las EPS le pagaran 145.000 millones que le adeudan.
Sin embargo, 55.000 millones de esa deuda son de dudosa recuperación, pues corresponden a las liquidadas Caprecom y Cafesalud.
Sandra Liliana Torres, secretaria de Salud del Tolima, señala que de 400 camas, que tenía recién se inició la intervención, se cayó a 237, y las remisiones se niegan hasta en un 60 por ciento.
Considera que, sin camas, “escasean los ingresos, generando un déficit operacional”, y también denunció que un software adquirido a un costo de 2.900 millones de pesos no funciona, por lo que la digitación de las historias clínicas se hace de manera manual.
La funcionaria destacó que se cuenta con personal comprometido y de alto nivel, así como con infraestructura y equipos, pero son subutilizados por la escasez de recursos.
La intervención comenzó el 3 de septiembre del 2014 y luego de un año, la medida fue ampliada; posteriormente, nuevamente se autoriza, esta vez por parte del Ministerio de Salud, otra prórroga que debe culminar en diciembre.
Como el final de la intervención se acerca, el gobierno local tiene en sus manos una evaluación del hospital; ya encontró que persisten las causales o motivos por los que se dio la intervención.
Ricardo Varón, directivo de Anthoc en Tolima, dijo que lo acertado sería que “le paguen al hospital lo que le deben, poniendo en cintura a las EPS para que respondan por los servicios prestados a los usuarios”.
Además, agregó: “Creo que, por la situación financiera tan apretada que vive, el gobierno departamental no debe recibir el hospital”. El sindicalista pidió el concurso del Gobierno a través de recursos para sacarlo a flote.
IBAGUÉ