En forma contundente, clara y sin arrogancia lo dijo el doctor Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno colombiano para los acuerdos de paz firmados en La Habana con la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (Farc-EP), ahora en proceso de desmovilización y disolución con miras a su conversión en partido político que actuará dentro de la Constitución y las leyes colombianas. El Acuerdo Final del 11 de noviembre, que reformó el acuerdo original del 26 de septiembre, rechazado en el plebiscito del 2 de octubre por una mayoría minúscula, aunque al fin y al cabo mayoría, es definitivo.
Su texto no estará sujeto a modificación alguna. En ello se mantienen firmes millones de ciudadanos que han salido a las calles a respaldarlo, y los partidos políticos que, excepto el opositor Centro Democrático, acogen sin reservas el texto del acuerdo nuevo y definitivo, con sus numerosas reformas que incorporan la mayoría de las propuestas formuladas por los objetores del acuerdo firmado el 26 de septiembre en Cartagena.
Después de 52 años, el conflicto con las Farc-EP está terminado. Incidentes como el registrado antier en Santa Rosa (Bolívar), sobre los cuales han dado versiones opuestas el Ejército Nacional y las Farc, son normales en un posconflicto que apenas comienza y cuando aún quedan rescoldos de la guerra, que se irán apagando por sí mismos con el paso de los días. Habrá episodios similares, pero se cuenta con el monitoreo internacional para evitar que pasen a mayores. En cualquier caso, no puede tomárselos como violatorios del cese del fuego, de incumplimiento de los acuerdos, o de provocación deliberada por alguna de las partes (Ejército o exguerrilla), ni menos servir de pretexto para reanudar una guerra cuyo final es irreversible por voluntad del pueblo colombiano y por mandato específico de la Constitución.
En apariencia está complicada la iniciación de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), principalmente por la renuencia de ese grupo insurgente a soltar al secuestrado excongresista Odín Sánchez (a quien la justicia ha condenado por corrupción y tratos con paramilitares, según lo denuncia en un artículo Óscar Sevillano), cuya liberación es la premisa planteada por el jefe del Estado para arrancar las conversaciones en Quito, donde la mesa aguarda a los interlocutores del Gobierno y del ELN. No se dude de que el atolle tendrá pronto arreglo.
La paz es un camino por el que en hora feliz echamos a andar. Un camino sin retorno a los tiempos aciagos que iremos dejando atrás y en los que se van a quedar atrapados los profesionales de la violencia, de la guerra y del crimen, su fuente de ganancias y de poder. Un camino que servirá de modelo a otros pueblos cansados del horror de las guerras intestinas, y con deseos de vivir en paz. Ese es el significado de grandeza que encierran los acuerdos logrados en La Habana. Lo tendrán así mismo los acuerdos que se alcancen en Quito.
No obstante, no puede haber paz estable y duradera si no hay democracia. Los 22 millones de colombianos que se abstuvieron de votar el plebiscito del 2 de octubre (63 por ciento del censo electoral) son la prueba más abrumadora de que una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas no creen que nuestro país sea una democracia real y efectiva. Colombia es una democracia formal e ineficaz, secuestrada por la plutocracia, los terratenientes, los mafiosos y el crimen organizado, que desde mucho atrás son entre nosotros los verdaderos factores de poder; los que amañan las elecciones, imponen los candidatos, toman las decisiones, sin que en esas decisiones tengan los ciudadanos otra influencia que la muy insulsa de depositar en las urnas un voto por lo general cautivo, o condicionado por propaganda sesgada y mentirosa.
Por eso, la paz “estable y duradera” es el primer paso para comenzar la construcción de una democracia real y efectiva, para echar abajo la democracia de pacotilla en la que estamos viviendo desde el 7 de agosto de 1946. La Constitución de 1991 incorporó muchos elementos indispensables y útiles para el establecimiento de tal democracia real y efectiva. Los preceptos democráticos ordenados por nuestra máxima ley quedaron escritos, sin cumplir en la realidad sus propósitos, porque la mayoría de los colombianos no conocen su Constitución, no la han leído, ignoran cuáles son sus derechos irrenunciables y sus deberes, también irrenunciables.
Tal ignorancia les impide entender por qué, cuando se trata de aplicar los derechos, las autoridades son laxas, indolentes; y cuando se trata de los deberes, le administran al ciudadano todo el rigor de la ley. Los diferentes Gobiernos se han dado maña para no incluir en los programas curriculares de la educación primaria y secundaria, como materia obligatoria y de principalísima importancia, el conocimiento a cabalidad de la Constitución Nacional, artículo por artículo, de modo que al culminar el estudiante su ciclo secundario (bachillerato), tenga conciencia plena de los deberes y derechos que le asisten como ciudadano colombiano. La ignorancia de esos derechos y deberes ha hecho que la “democracia participativa” mandada por nuestra Carta resulte irrisoria como un bufón de feria.
La Fundación Solo Democracia, que ha analizado punto por punto los acuerdos de paz del 26 de septiembre, con interesantes conclusiones, y que ahora realiza la misma operación con el acuerdo final y definitivo del 11 de noviembre (aniversario de la Independencia de Cartagena), propone, como un ejercicio democrático sine qua non, la divulgación masiva y gratuita de esos textos para ser discutidos y analizados, no en el cónclave uribista sino por cada colombiano y por cada colombiana, leídos y entendidos hasta la saciedad,por todos y por todas. Me parece una propuesta seria, oportuna y necesaria. La democracia comienza por el conocimiento.
Enrique Santos Molano
