La Contraloría aseguró que el fallo de responsabilidad fiscal con el que se condenó al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, a exfuncionarios y a contratistas a pagarle al erario 174.996 millones de pesos, ya tiene un respaldo de 154.348 millones, es decir que al menos el 88 por ciento del detrimento ya está cubierto.
Ayer la Contraloría profirió el fallo contra Moreno, los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, el exsubdirector Jurídico de ese instituto, Inocencio Meléndez, la firma Conalvías, los integrantes del Grupo Nule, por los sobrecostos durante la construcción de la fase III de Transmilenio por la calle 26 de Bogotá, caso que hizo parte del denominado 'carrusel de contratos'.
Según la sentencia, la pérdida de recursos se dio porque se incrementó de manera injustificada el valor del contrato -que fue cedido por la Unión Temporal Transvial (del Grupo Nule) a Conalvías (de Andrés Jaramillo)-, se dejaron de hacer obras que hacían parte del negocio, y se pagó por costos administrativos y de obra que no debía asumir el Distrito.
El organismo de control asegura que las medidas cautelares que se generaron durante el proceso de responsabilidad fiscal llevaron a que se embargaran varias propiedades y permiten que se pueda resarcir la mayor parte del daño generado a los recursos de Bogotá.
La caución con la compañía de seguros es por 31.306 millones de pesos. Además, dice la Contraloría, en prenda sin tenencia, es decir, propiedades que están embargadas pero que no están en poder de la Contraloría, hay bienes por 120.371 millones de pesos.
También se tiene dinero en efectivo embargado de cuentas bancaris por un valor de 1.790 millones, e inmuebles por 879 millones de pesos.
"En derecho, las medidas cautelares son el embargo y el secuestro, cuyo objetivo es evitar la insolvencia del deudor y, así mismo, asegurar el cumplimiento de la obligación por parte de este, pues si no responde se pueden rematar sus bienes y, de esta manera, se resarce el daño patrimonial", afirmó la Contraloría.
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