Este jueves, Colombia presentará ante la Corte Internacional de Justicia la contramemoria en el proceso que se lleva a cabo sobre las supuestas violaciones de los derechos soberanos de Nicaragua y espacios marítimos en el mar Caribe, situación derivada del fallo del 2012.
En el argot de la Corte, la contramemoria es la defensa de la acusación que le hace un país a otro. En este documento estarán contemplados los argumentos para insistir una vez más en la integralidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la preservación del medioambiente y en los derechos históricos de los pobladores de las islas.
Colombia viene argumentando responsablemente este caso desde el año 2001, fecha en la que Nicaragua interpuso por primera vez una demanda contra Colombia por la soberanía del archipiélago y por la invalidez del Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928, en el que Nicaragua reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
Han pasado tres gobiernos, y todos han hecho lo que les ha correspondido frente a esa responsabilidad con dedicación y sentido de unidad. Se constituyeron los mejores equipos de abogados internacionalistas, los que litigan ante la Corte Internacional de Justicia; igualmente se constituyó un equipo nacional que ha buscado aportarles a los internacionalistas las visiones y argumentos de Colombia, siempre en el marco del derecho internacional y su jurisprudencia.
Hemos tenido agentes y coagentes que han trabajado incansablemente y de la manera más comprometida con el país para que la defensa sea sólida y respetuosa del derecho, y en eso los colombianos deben estar seguros de que se hizo y se sigue haciendo un trabajo serio y comprometido.
En el 2003, fecha en que presentamos los primeros argumentos a la Corte, dijimos que esta no tenía competencia para conocer los asuntos con Nicaragua, por cuanto el tratado Esguerra Bárcenas de 1928 había resuelto los asuntos planteados por Nicaragua, y naturalmente ya estaba vigente en 1948, en la fecha en la que se firmó el Pacto de Bogotá, acuerdo que contemplaba a la Corte como foro para resolver controversias entre los Estados parte del mismo. Este fue nuestro argumento, porque el Pacto de Bogotá establecía que la Corte carecía de competencia sobre asuntos resueltos por las partes mediante acuerdos o tratados vigentes en el momento de su firma, en 1948.
En el 2007, la Corte se pronunció sobre su competencia y argumentó que, si bien el Tratado es válido, y reconoció la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el meridiano 82 al que hace referencia el Acta de Canje no constituye una frontera marítima. Por lo que asumió competencia para trazar esa frontera y definir soberanía sobre los siete cayos restantes reclamados entonces por Nicaragua.
Si bien el primer fallo de la Corte, en el 2007, reiteró la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dejó por definir la soberanía sobre los otros siete cayos del archipiélago. En ese fallo, también los colombianos recibimos el duro golpe de que el meridiano 82° no era el límite marítimo y la Corte procedería a fijarlo.
Desde ese mismo momento en el 2007, el Gobierno, con todo el compromiso, siguió defendiendo la soberanía sobre todos los cayos, argumentando la integralidad del archipiélago, y defendió una línea media como límite marítimo entre el archipiélago colombiano y la costa nicaragüense. Así lo hizo en su contramemoria en noviembre del 2008 y en su dúplica de junio del 2010. En las audiencias de abril y mayo del 2012, Colombia defendió con su equipo de abogados lo que había argumentado por escrito durante los cuatro años anteriores.
En noviembre del 2012, a este Gobierno le tocó afrontar la incomprensible decisión de la Corte de desintegrar el archipiélago con argumentos que nunca había utilizado en sus fallos anteriores en esta materia, alejada de su propia jurisprudencia.
Después de este fallo, Nicaragua le insiste a la Corte a través de su demanda del 26 de noviembre del 2013 que no hemos cumplido, que estamos violando sus derechos y que la amenazamos con el uso de la fuerza. A esa nueva demanda que está unida al fallo del 2012 presentamos excepciones preliminares cuestionando nuevamente la competencia de la Corte.
En marzo de este año, la Corte nos dio la razón, de forma unánime, sobre la no existencia de la amenaza del uso de la fuerza, pero indicando que analizaría si Colombia ha tomado medidas que perjudican o violan los derechos de Nicaragua. A estos argumentos de Nicaragua es que se refiere la contramemoria que estamos presentando esta semana ante la Corte y en la cual seguiremos defendiendo los derechos históricos de los raizales en la zona, seguiremos defendiendo la integralidad del archipiélago y no dejaremos que la Reserva de Seaflower se acabe por la pesca irresponsable en la zona que viene practicando Nicaragua.
Seguiremos argumentando ante la Corte, es una responsabilidad que no vamos a declinar; así se lo prometimos a los ciudadanos del archipiélago. Precisamente, varios raizales profesionales nos ayudaron enormemente en esta contramemoria, enriqueciendo así la argumentación de Colombia en este proceso. Esto es lo que los colombianos quieren del Gobierno: la defensa de sus derechos. Ya nos retiramos del Pacto de Bogotá, pero mientras este caso sobre el no cumplimiento del fallo del 2012 esté en la Corte, seguiremos al frente de él responsablemente.
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN*
*Canciller colombiana
