La actual reforma tributaria es el resultado de la ineficiencia administrativa del Gobierno en el manejo de las finanzas públicas del país.
Pese a que las cifras de la economía evidencian que el país requiere recursos adicionales para cumplir con los gastos, esta coyuntura no justifica realizar una reforma que solo se fundamenta en la caída de los precios del petróleo. Esta justificación es sencillamente descarada.
El Gobierno con esta polémica medida lo único que demuestra es su falta de planeación y de visión estratégica al no anticiparse a la realidad económica internacional y al poner a depender a la economía de las ventas externas de un solo tipo de producto: el petróleo.
Es claro que el Ministerio de Hacienda se equivocó al no realizar una planificación acertada, previendo una caída de precios internacionales que por lógica podía presentarse después de un comportamiento atípico en éstos; y al desaprovechar la época de bonanza de los recientes años pasados cuando le economía colombiana presentó un crecimiento moderado. Me preguntó: ¿Dónde están esos recursos que quedaron de la época de las vacas gordas?
Para nadie es un secreto que el país se encuentra sumergido en una situación de atraso en infraestructura –según el Foro Económico Mundial, ocupamos el puesto 84 en términos de infraestructura a escala global, el 14 a nivel del continente y el 10 en América Latina–; la cobertura en salud y en educación, pese a que ha mejorado, aún sigue siendo muy mala –la OIT indica que en salud la cobertura se ubica en el 90%, sin embargo enfatiza que los servicios en esta materia siguen siendo muy precarios; y en educación, según el MEN, sólo tres de cada diez bachilleres tienen acceso a la educación superior.
Otros indicadores como los de desigualdad también son negativos –la Cepal afirma que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo y solo es superado por Sudáfrica, Haití y Honduras; el trabajo informal igualmente es alto, aunque ha disminuido en el último año –el DANE lo registra en el 47%–; el aparato productivo asimismo se encuentra estancado y con peligro de desaparecer como es el caso del sector agrícola, el cual registró pérdidas como consecuencia del paro camionero de mitad de año superiores al billón de pesos, según la Sociedad de Agricultores de Colombia; y finalmente la inseguridad sigue subiendo en las ciudades –solo en Bogotá el 41% de los habitantes se siente inseguro, de acuerdo a la más reciente encuesta de percepción de inseguridad y victimización de la Cámara de Comercio –.
Pese a este crudo panorama, los colombianos tenemos que aceptar una reforma tributaria para solventar el hueco fiscal consecuencia de la corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos públicos que ha tenido este Gobierno. Me cuestiona conocer ¿Cómo llegamos a esta situación, cuando hace poco el Gobierno festejaba por el período de auge con precios altos de los commodities?, ¿No es acaso vergonzoso que el Presidente y su Ministro de Hacienda justifiquen su reforma con discursos para niños de kínder?
Ahora, que el Ministro de Hacienda salga a decir que la reforma tributaria no va a afectar el bolsillo de los pobres o menos favorecidos es una mentira muy grande.
Entre los ‘micos’ del documento que actualmente se discute en el Congreso, sobresale el incremento de la tarifa del IVA, la cual tendrá un efecto directo sobre el aumento de los precios de los productos que pagan este gravamen. Por ejemplo, se calcula un efecto del 0.93% anual sobre el IPC, según el Grupo Bancolombia. Recordemos que alrededor del 60% de los productos de la canasta familiar pagan IVA, entre ellos: ropa, calzado, harina, azúcar, café, aceites, cereales, productos de panadería, embutidos y carnes procesadas, muebles y electrodomésticos.
Servicios como la telefonía móvil –muy demandado en el país– y las comidas rápidas también pagan este impuesto y se verán seriamente afectados.
Este gravamen, además, perjudica a toda la población, pero su principal impacto lo sentirán las personas que tienen menores ingresos por el impacto porcentual sobre su salario. La inflación en julio llegó a niveles del 9% y si se suma el efecto del aumento del IVA, la caída del salario real de los colombianos será aún más preocupante.
De la misma manera, el establecimiento del impuesto sobre la renta a personas con ingresos superiores a $2´700.000 y la eliminación del impuesto a la riqueza, demuestran la falta de compromiso del Gobierno para contribuir en la mejora de la calidad de vida de los menos favorecidos.
Es evidente que el consumo de los colombianos disminuirá, debido a que el salario real se reduce significativamente. Unido al reciente incremento de las tasas de interés y a la política fiscal contractiva, la demanda en el país registrará una desaceleración importante que se verá reflejada en un menor crecimiento de la economía.
ANA MARÍA OLAYA
DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PERSONALES
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
