Por considerar que en la parte alta del cerro de Monserrate no se puede llevar a cabo ninguna actividad comercial por tratarse de una zona de reserva forestal protectora, el Consejo de Justicia ordenó, el pasado 29 de septiembre, el cierre definitivo del restaurante Casa San Isidro.
Esto significa que los demás establecimientos de comidas que funcionan allí por medio de la empresa Administradora Monserrate S. A. S., como el restaurante Santa Clara y la cafetería Monserrate, así como los quioscos de los artesanos, también se podrían ver afectados.
La decisión de segunda instancia, según el fallo que conoció EL TIEMPO, no tiene apelación y quedó en firme luego del recurso de reposición y subsidiario que presentó la Arquidiócesis de Bogotá ante la primera resolución del 21 de junio del 2011.
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En esa nulidad se argumentó que el predio es de propiedad privada desde 1976, según la escritura pública 3321 del 3 de agosto de 1976 y matrícula inmobiliaria 050-519317. Además, que el restaurante fue trasladado desde Usaquén al cerro en 1979, es decir, que tenían derechos adquiridos.
La defensa dijo también que en visita de la Alcaldía de Santa Fe el 7 de noviembre del 2010, se dejó constancia de normas de uso, condiciones sanitarias, derechos de autor, matrícula mercantil y de la apertura del establecimiento.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia del Distrito argumentó que el fallo del Consejo de Estado del 5 de noviembre del 2013, que garantizó la protección y preservación de los cerros orientales y garantizó los derechos adquiridos, no cobija al comercio.
En la resolución se lee que solo se permiten actividades relacionadas con temas ecológicos, la prestación de servicios públicos y de investigación. La decisión no tiene nada que ver con la operación del funicular ni del teleférico, ni con el santuario como tal. Solo se refiere al comercio.
Fuentes de la Administradora dijeron desconocer el fallo y que ellos solamente son arrendatarios del inmueble que le pertenece a la curia.
La casa donde funciona San Isidro es de 1956, según ellos, y lo que relatan es que desde esa fecha hasta 1976 funcionó un restaurante que se llamó Panorama, que cerró y luego llegó Casa San Isidro. Se calcula que solo en este lugar, en un fin se semana asisten entre 150 y 180 personas que son atendidas por 39 trabajadores, quienes se verían afectados con la decisión.
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Las actuaciones legales de este caso datan del año 2009, según los archivos. En el año 2011 se comenzaron a tomar decisiones de fondo, como la del 21 de junio del 2011, que ordenó el cierre de San Isidro en primera instancia.
Otros que se verían afectados son los más de 40 artesanos que trabajan en la zona turística. De hecho, hoy la alcaldía de Santa Fe tiene al menos 40 actuaciones administrativas. El Gobierno local señala que ejerce control y vigilancia permanente por la Ley 232 a quioscos de comida, de artesanos, restaurantes e incluso sobre el funcionamiento del funicular y del teleférico.
Algunos fallos han sido favorables, dicen, porque se logró comprobar que, respetando los derechos adquiridos como lo ordena el fallo del Consejo de Estado, han aportado la respectiva licencia de construcción, el título de tierra, la licencia de uso, se ubicaron antes del 2005 y cumplen con el plan de manejo que se armoniza con las leyes ambientales, señaló la Administración local.
EL TIEMPO trató de comunicarse en varias oportunidades con el apoderado para saber qué camino les queda, pero no respondió.
Fuentes del restaurante San Isidro consultadas por este diario se mostraron sorprendidas con la decisión y señalaron que ellos, en todo caso, han cumplido todos los requisitos ambientales y de ley.
Alcaldía de Santa Fe pedirá aclaración
Con el fin de dar plenas garantías al proceso que se inició hace siete años, el alcalde de Santa Fe, Gustavo Niño Furnieles, dijo que van a pedir aclaración y alcance del fallo, con el fin de garantizar el debido proceso.
Según la oficina jurídica, lo que se quiere es revisar si la decisión no vulnera otras normas de mayor jerarquía, como salubridad o incluso alteración del orden público por la repercusión social de la medida.
“El impacto es negativo porque son parte del turismo de Bogotá, y positivo, porque es un mensaje del cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que protege los cerros”, dijo el alcalde local, Niño Furnieles.
HUGO PARRA
Redactor de EL TIEMPO
