Aunque no se contempló la inclusión integral del nuevo acuerdo de paz en el bloque de constitucionalidad, los asuntos humanitarios tendrán ese rango al menos por tres periodos presidenciales. Según se acordó, el Gobierno tramitará un artículo transitorio en la Constitución con ese fin.
Además, como garantía de cumplimiento de lo acordado, se fijó una cláusula que compromete al Estado a llevar a cabo las reformas contenidas en el texto y a las Farc a ejecutar los compromisos adquiridos.
(Lea acá el documento completo del nuevo acuerdo entre el Gobierno y Farc).
En el capítulo sobre la justicia transicional se definió la Jurisdicción Especial para la Paz como un esquema autónomo pero articulado con la justicia ordinaria. La tutela y el conflicto de competencias, el punto de encuentro.
A continuación los 'peros al acuerdo anterior y lo acogido en el nuevo acuerdo.
Desarrollo del campo incluye a empresarios y defiende la propiedad
PERO: Preocupaba el riesgo para propietarios
Uno de los mayores reparos de algunos sectores frente al acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc el 26 de septiembre era el alcance de la expropiación por vía administrativa como fuente del Fondo de Tierras. Por ello, los voceros del ‘No’ pidieron que se definiera este punto a fin de garantizar que la propiedad privada no estuviera en riesgo. También pidieron que la economía del campo no incluyera solo a pequeños campesinos, sino también a medianos y grandes productores. Propusieron priorizar a las víctimas en la entrega de predios del Fondo de Tierras.
NUEVO ACUERDO: expropiación según legislación vigente
El nuevo texto en materia de tierras dejó explícito que nada de lo pactado afecta el derecho a la propiedad y que, por el contrario, busca protegerlo. En particular, aclaró que la expropiación administrativa del dominio por interés o utilidad social o inexplotación de la tierra, como una de las fuentes del Fondo de Tierras, será “de conformidad con la Constitución y la legislación vigente”. Se añadió que este fondo, conformado por tres millones de hectáreas, beneficiará con la distribución de los predios, de manera prioritaria, a las víctimas del conflicto, y no solo al campesino sin tierra o con tierra insuficiente.
Asimismo, en este punto se introdujo el principio de “desarrollo integral del campo”, entendido como el “balance entre las diferentes formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala–”. Así, además de proteger al pequeño agricultor, se fomentará “la inversión en el campo con visión empresarial”.
Se precisó que “la autoridad vigente” -y no la guerrilla- se encargará de manejar las zonas de reserva campesina previstas para el desarrollo ambiental y la seguridad alimentaria.
Las Farc competirán en igualdad de condiciones con otros partidos
PERO: Reparo a elegibilidad de jefes guerrilleros
La principal propuesta en materia política consistía en que los responsables de delitos de lesa humanidad no pudieran aspirar a cargos en el Congreso ni a la Presidencia de la República. También pidieron que la cantidad de dinero que el Estado entregara a las Farc para la promoción de su partido político no fuera superior al promedio de lo que se destina a los demás partidos. Y solicitaron que quedara explícito el control que se hará para que el partido de las Farc no se financie con dineros adquiridos del narcotráfico, extorsión o secuestro. (Además: Cinco claves para entender el nuevo acuerdo de La Habana)
NUEVO ACUERDO: La financiación del partido de la guerrilla tendrá control
Si bien la elegibilidad política de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad se mantuvo, el nuevo acuerdo acogió otras solicitudes en materia de participación política.
Se dejó explícito que la guerrilla no ocupará las 16 curules que se otorgarán en la Cámara de Representantes a las zonas que padecieron el conflicto.
“Los partidos que cuenten con representación en el Congreso o con personería jurídica, incluido el partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal, no podrán inscribir candidatos para estas circunscripciones”, se añadió en el nuevo texto. (Además: 'El único camino que queda es la implementación': Iván Márquez)
En cuanto a la financiación del partido que surja de la guerrilla, se estableció que hasta el 2026 esa colectividad “recibirá una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica” en las elecciones previas al acuerdo. Se agregó que “la organización electoral” vigilará la financiación de las campañas”, ante el temor de que las Farc utilicen dineros ilícitos en proselitismo político.
Así funcionará la tutela contra las sentencias de la Justicia Especial
PERO: Justicia ordinaria reclamaba participación
La no participación de la justicia ordinaria dentro del mecanismo transicional, la laxitud de las sanciones para los responsables de la comisión de delitos graves, la conexidad del narcotráfico con el delito político y la posibilidad de revisión de las sentencias de la justicia ordinaria por parte de la Jurisdicción Especial de Paz eran algunas de las críticas que no solo extendieron los líderes del ‘No’ sino también las altas cortes y sectores académicos.
El nuevo acuerdo dice que todos los magistrados serán colombianos, si bien permite que ‘amicus-curiae’ extranjeros participen como una especie de consultores en algunos casos. La jurisdicción tendrá diez años para investigar y otros cinco para juzgar, prorrogables. Además, define las restricciones de la libertad aplicables.
NUEVO ACUERDO: Participarán cortes Suprema, Constitucional y Judicatura
Uno de los cambios fundamentales tiene que ver con la aplicación de la tutela, que funcionará “contra las acciones u omisiones de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales”.
El mecanismo “procederá solo por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado”. Como sucede actualmente en los casos de las altas cortes, la primera acción se interpondrá ante el mismo Tribunal para la Paz, “único competente para conocer de ellas”.
Pero si no hay fallo favorable y el afectado insiste en la revisión, la procedencia de este recurso será decidida por “una sala conformada por dos magistrados de la Corte Constitucional escogidos por sorteo y dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz”. El sí a la selección requiere de los cuatro votos a favor, caso en el cual la revisión pasa a manos exclusivas de la Sala Plena de la Corte, que puede tumbar la decisión de la Justicia de Paz y ordenar un nuevo fallo.
La Corte Suprema se mantiene como última instancia en la revisión de casos de civiles, y los conflictos de competencias entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial “serán resueltos por una Sala Incidental, conformada por tres magistrados de la Judicatura y tres magistrados de la JEP”.
El Tribunal para la Paz conserva la función de decidir sobre las extradiciones de miembros de las Farc y sus familias en casos relacionados con esa guerrilla.
Fortunas ilegales adquiridas en medio de la guerra, a la reparación
PERO: No era explícita la entrega de bienes
Aunque en el acuerdo de septiembre pasado también era obligatorio que las Farc entregaran cualquier bien obtenido en medio del conflicto, ese paso no había quedado consignado de manera expresa. En el documento del sábado se establece no solo esa exigencia, sino que todos “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”, es decir, la extinción de dominio y la pérdida de la pena alternativa para quien pretenda esconderlos. (Lea también: Así cambió el acuerdo de paz con las Farc)
NUEVO ACUERDO: Entregarán al Gobierno lista de bienes ilegales
“En el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, las Farc, como organización insurgente que actuó en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral, sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz (...) Durante el tiempo que las Farc permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, representantes autorizados de esta organización acordarán con representantes del Gobierno Nacional los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos (...) Las Farc procederán a la reparación material de las víctimas, con los bienes y activos antes mencionados, en el marco de las medidas de reparación integral, observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra”.
REDACCIÓN PAZ