Las más de 500 propuestas que fueron entregadas en los últimos 40 días –desde el triunfo del ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre– al Gobierno terminaron reflejadas, en mayor o menor medida, en 56 ‘cambios, ajustes y precisiones’ al Acuerdo Final con las Farc, cuya nueva versión fue revalidada este sábado en La Habana.
Además de los cambios en el capítulo de justicia y reparación a las víctimas, se hicieron precisiones que recogen las inquietudes de diferentes sectores, incluidos empresarios, juristas y líderes religiosos.
La lista es extensa y parte de la aceptación de que el contenido del acuerdo no irá, por derecha, al bloque de constitucionalidad, como habría ocurrido si el ‘Sí’ se hubiera impuesto en el plebiscito. Este nuevo escenario es el reconocimiento a la facultad legítima de que los otros poderes –Congreso y, sobre todo, la Corte Constitucional– pueden terminar estableciendo cambios a lo pactado, como ocurrió en la década pasada con la Ley de Justicia y Paz, cuya esencia había sido acordada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y los grupos paramilitares desmovilizados.
Claramente, el nuevo texto exorciza ‘demonios’ que si bien no estaban en el acuerdo original, sí dieron pie a mitos sobre lo pactado con la guerrilla. Así, en el documento de ayer se dice claramente que se respetará la propiedad privada y que nadie será objeto de expropiación por fuera de las normas ya vigentes.
Otro reconocimiento expreso es que el documento no pretende desconocer la institución de la familia colombiana ni imponer la llamada ‘ideología de género’. Ese fue el caballito de batalla de muchas iglesias cristianas y del exprocurador Alejandro Ordóñez contra el Acuerdo original.
El presidente Santos y el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, resaltaron anoche que aunque la ‘ideología de género’ “nunca estuvo” en lo pactado en septiembre pasado, se acotaron en el texto definitivo modificaciones que garantizan el respeto a la libertad de cultos en el país.
“Lo que sí se dejó claro es que este capítulo busca garantizar que las mujeres, que han sufrido especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén totalmente protegidos –dijo Santos– (...) Se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto”.
Además, se precisó la responsabilidad de las Farc en asuntos de reparación de víctimas y en la lucha contra el narcotráfico.
Acuerdo no reta la estabilidad
Expresamente, el documento reconoce que la responsabilidad de la implementación del acuerdo es del Gobierno y, por lo tanto, debe cumplir con todas las reglas fiscales establecidas por el Estado colombiano.
Este sábado, el Presidente señaló que se recogieron las inquietudes de empresarios que señalaban que algunos puntos de lo acordado podrían tener un alto impacto sobre la estabilidad fiscal del país.
“Para dar tranquilidad, se incluyó expresamente que la implementación se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del Gobierno”, dijo Santos.
La propiedad privada no está en duda
“Que no queden dudas: Se respetará el derecho a la propiedad”, sentenció ayer en su discurso el presidente Juan Manuel Santos, al señalar, que tal como lo pidió el hoy senador Álvaro Uribe, el nuevo acuerdo ratifica “el derecho a la propiedad privada, la iniciativa privada y a que nadie se le expropie por fuera de la ley ya vigente”.
Sobre las preocupaciones que surgieron con respecto a la legislación agraria anunció que se creará una comisión de expertos para revisar esos temas. Además afirmó que “el catastro –fundamental para formalizar la tierra– no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras”. Tampoco se autorizarán nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal de acuerdo a la legislación vigente.
Las Farc y la lucha contra las drogas
El nuevo acuerdo establece que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se tendrá que entregar información detallada sobre el narcotráfico y además se definió cómo será la cooperación de las Farc en la estrategia para acabar con los cultivos ilegales.
En el acuerdo de Cartagena se había establecido que la guerrilla se comprometía a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a cooperar para superar ese fenómeno, pero no se definía cómo sería esa colaboración.
Además, se aclaró que los programas de sustitución de cultivos apuntan a acabar con los sembradíos ilegales y no se promueve una coexistencia entre la sustitución y la continuación de esos cultivos. Frente a la conexidad del narcotráfico con el delito político, se definió que los magistrados de la JEP examinarán cada caso bajo la jurisprudencia de las cortes colombianas.
Garantías a los miembros de la Fuerza Pública y a los civiles que están investigados
Tal como lo anunció desde el viernes pasado el Presidente, quedó establecido en el nuevo acuerdo que los integrantes de la Fuerza Pública que hubieran cometido delitos en el conflicto armado gozarán de beneficios jurídicos similares a los que recibirán los integrantes de las Farc en la justicia transicional.
“Muchos sectores, en particular de militares retirados, veían con preocupación el tratamiento de agentes del Estado en la Justicia Especial de Paz. Este temor se resolvió. Logramos una fórmula que garantiza a nuestros soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica. Esta solución dejó tranquilos a todos. Es lo mínimo que podíamos hacer por ellos y había sido un compromiso personal mío”, dijo el Presidente.
Santos dijo también que se resuelve el riesgo de “una posible cacería de brujas en la aplicación para ellos de la justicia transicional”. ¿La fórmula?: “Los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria”.
Además, se establecen las garantías de que las normas del Código Penal tendrán que ser compatibles con la nueva Justicia Especial para la Paz y que, en todo caso, la tutela contra sentencias se aplicará en el nuevo sistema.
Además, las investigaciones se abrirán en un tiempo no mayor a dos años desde el inicio de la nueva jurisdicción, lo que elimina la incertidumbre jurídica.
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