Luego de suscribirse el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc vendrá ahora el cumplimiento de dos pasos para la solidez del proceso: la refrendación de lo acordado y su implementación.
Aunque la refrendación no es una obligación jurídica, las partes acordaron encontrar un mecanismo que permitiera que la ciudadanía se pronunciara –de alguna forma– sobre los puntos pactados para la terminación del conflicto. Y esa intención sigue vigente.
En su visita a Londres, hace casi dos semanas, el presidente Juan Manuel Santos expuso tres posibles escenarios para refrendar el nuevo acuerdo y anunció que decidiría cuál de ellos sería el escogido cuando tuviera el nuevo texto, lo cual se logró este sábado.
El primer camino sería ir al Congreso para que este se manifestara sobre la viabilidad del nuevo acuerdo. Esta vía tendría la legitimidad de que quienes se pronunciarían serían los representantes del pueblo, elegidos democráticamente, y que, adicionalmente, constituyen las principales fuerzas políticas del país.
El segundo escenario que tiene en mente el Gobierno es un nuevo plebiscito. Para tomar esa vía basta con la ley que habilitó el del 2 de octubre y sus reglas serían las mismas que se aplicaron ese día.
Y una tercera posibilidad son los cabildos abiertos. Estas figuras son una especie de audiencias en los concejos municipales en las cuales se debaten asuntos de interés para la comunidad. En este caso la terminación de 52 años de conflicto con las Farc.
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Implementación
Un estudio de la Universidad de Notre Dame titulado ‘Matriz de acuerdos de paz’, señala que la “calidad” de un acuerdo “es muy importante” para la construcción de paz, pero que “más importante” es “la calidad de la implementación”.
“Un año y ocho meses es una línea roja de sumo cuidado con la que se protege un proceso. El primer año de la implementación es como cuando el niño aprende a caminar”, reza el estudio.
Para que la implementación de lo acordado se haga de manera rápida –que es lo que aconsejan los expertos– el Congreso aprobó hace algunos meses unas reglas especiales denominadas ‘fast track’ (vía rápida) y que acortan los tiempos para la aprobación de las iniciativas que desarrollarán el nuevo acuerdo.
La urgencia de implementar pronto el nuevo acuerdo tiene al menos dos razones. La primera es la seguridad jurídica que necesitan miles de integrantes de las Farc que han ido llegando en las últimas semanas a los sitios de preagrupamiento.
Estos miembros de la guerrilla requieren de normas jurídicas que los amparen para avanzar en la desmovilización y en su reingreso a la vida civil, las cuales hacen parte de los proyectos de ley y de las reformas constitucionales con los que se desarrollará lo pactado en La Habana.
El director de Indepaz, Camilo González Posso, afirmó que todos los pasos en el proceso de paz –como el del desarme– están “enlazados” entre sí y dependen de una implementación pronta del acuerdo.
“Lo que tiene que ver con la dejación de armas está enlazado con la amnistía, y los temas de justicia tienen que ver con la reincorporación a la vida política”, afirmó el experto.
Esto se traduce en que la aprobación de los proyectos que desarrollen lo pactado es un paso previo para el cumplimiento de otros compromisos con la guerrilla.
La segunda razón es que si la implementación de los acuerdos se demora, es posible que alcance a rozarse con las campañas a Congreso y Presidencia del 2018.
Si no se acude al ‘fast track’ y el trámite se hace con los tiempos ordinarios, se corre el riesgo de que los actos legislativos terminen de aprobarse a la par con el arranque de esas dos campañas, es decir, a finales del próximo año.
Tras la declaración de este sábado del expresidente Álvaro Uribe, luego de conocer las modificaciones al acuerdo del propio presidente Santos, pocos apuestan a que el uribismo se la juegue a fondo con el cumplimiento de estos dos pasos.
De hecho varios sectores del Centro Democrático han manifestado en voz baja que de no quedar satisfecho, ese partido seguirá en la orilla de la oposición.
REDACCIÓN PAZ
