El punto de justicia y víctimas, uno de los que más costó negociar con las Farc para el acuerdo original de paz, pero también uno de los que más reparos tenía de quienes promovieron el ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre, terminó con varios ajustes en el nuevo acuerdo anunciado este sábado desde La Habana.
Humberto de la Calle fue claro en decir que se mantuvo la idea de darles más importancia a “las víctimas que a los barrotes”, pero destacó la amplitud de precisiones y cambios hechos para dejar satisfechos a los críticos del primer acuerdo.
En el punto de justicia no se acogió la idea de quienes exigían una reclusión tradicional para los guerrilleros acusados de delitos graves, pero sí se precisaron las condiciones de la sanción de restricción de la libertad.
Para empezar, quedó claro que los guerrilleros sentenciados con restricción de libertad no podrán movilizarse más allá de una zona veredal, y que para hacerlo tendrán que cumplir los horarios que para ello defina el Tribunal Especial para la Paz.
Este Tribunal, además, fijará un sitio de residencia fijo para el guerrillero sancionado con restricción de libertad de entre 5 y 8 años si dice la verdad.
Estas precisiones podrían considerarse una de las mayores concesiones de las Farc a quienes promovieron el ‘No’ en el plebiscito, pues esta guerrilla había insistido en que los sancionados necesitaban trasladarse de un sitio a otro para las actividades propias de la vida política que asumirán cuando dejen las armas.
De hecho, en el acuerdo de paz que se firmó en Cartagena el 26 de septiembre no estaba especificado el tamaño de la zona territorial donde se cumpliría la sentencia.
Esta decisión se había dejado a los magistrados que integrarán la Jurisdicción Especial para la Paz, y algunas vertientes del ‘No’ insistieron en que se precisara el espacio para cumplir la sanción, de tal manera que no terminara siendo un departamento completo o que incluso se les permitiera a los guerrilleros la movilidad por todo el territorio nacional.
Por otro lado, las Farc terminaron aceptando que los magistrados de la Jurisdicción para la Paz determinen, caso por caso, y en concordancia con la jurisprudencia ya existente de las cortes, si una acusación por narcotráfico podrá considerarse conexa al delito político.
Otros reparos recurrentes entre los promotores del ‘No’ al acuerdo de paz que se firmó en Cartagena estaban relacionados con la soberanía de la justicia colombiana y la duración de la Jurisdicción Especial para La Paz. Decían que esta debía tener límite en el tiempo.
Para resolver estas inquietudes, el Nuevo Acuerdo de Paz con las Farc eliminó la participación de magistrados extranjeros –podrán participar solo dando conceptos– y precisó que la Jurisdicción para la Paz tendrá una duración máxima de 10 años. Solo podrá abrir investigaciones por delitos cometidos en medio del conflicto armado durante los primeros dos años de funcionamiento.
Pero, además, el nuevo acuerdo admite tutelas contra fallos de la Jurisdicción para la Paz, y su resolución quedará en cabeza de la Corte Constitucional.
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En el acuerdo original con las Farc, la eventual revisión de un fallo era competencia de la misma Jurisdicción para la Paz.
En el mismo punto de justicia, pero ya referido a la reparación de las víctimas de las Farc, quedó establecido que esta guerrilla entregará la lista de sus bienes durante el periodo de dejación de las armas.
Confianza, la apuesta
Otro de los temas de mayor debate con las Farc durante la negociación del acuerdo que se firmó en Cartagena había sido el blindaje jurídico de los pactos de paz.
Esta guerrilla insistía en que solo se sentía segura si lo acordado quedaba incorporado a la Constitución.
Como explicó De la Calle anoche, “se eliminó la idea de incorporar el acuerdo a la Constitución Política y al llamado bloque de constitucionalidad. El principio general de garantía de cumplimiento es el compromiso de que ambas partes cumplirán de buena fe lo pactado”.
Restricción política
Si bien las Farc no aceptaron la petición de varios sectores del ‘No’ que insistían en la inhabilidad política de los guerrilleros con delitos graves, sí estuvieron de acuerdo en que miembros del grupo armado no puedan aspirar a las 16 curules que se darán en la Cámara para las zonas afectadas por el conflicto.
También aceptaron que se redujera la ventaja económica que se dará al partido político que conformen las Farc. Los aportes para su funcionamiento se reducirán en 30 por ciento frente a lo que se había pactado en Cartagena.
En ese acuerdo decía que el partido de las Farc recibiría anualmente el 10 por ciento del total del presupuesto que se distribuye entre todos los partidos, y los promotores del ‘No’ habían alegado que la ayuda económica debía ser igual para todos los movimientos.
Tanto el presidente Juan Manuel Santos como Humberto de la Calle fueron explícitos anoche en que seguramente el Nuevo Acuerdo de Paz con las Farc no tendrá un apoyo unánime, pero resaltaron el carácter democrático que tiene. Ambos pidieron a la comunidad internacional y a los colombianos respaldar el nuevo acuerdo.
Y el jefe de la delegación guerrillera, ‘Iván Márquez’, sostuvo que las Farc cedieron “hasta los límites de lo razonable”.
REDACCIÓN PAZ