¿Cómo pueden presentarse al Congreso de la República, por parte del Ministerio de Justicia, proyectos de reforma constitucional y de reforma legal que “benefician claramente al narcotráfico”?
Esa pregunta la formula el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien afirma que ha llegado el momento de hacer una discusión pública sobre el tratamiento al crimen. Martínez dice que hay un “sector de académicos que cree que el delito se combate sin cárcel”. Y denuncia que “en distintas agencias del Estado están trabajando muchos contratistas que son autores de proyectos laxos” contra el narcotráfico.
“Necesitamos una política pública más integral, que incluya políticas de prevención, de salud pública, de educación”.
¿Por qué usted ha insistido tanto en esa petición?
Porque empieza uno a ver muchas iniciativas que van en contravía de una efectiva acción del Estado contra el narcotráfico. Por ejemplo: dos proyectos que se pretendía tramitar no favorecían a campesinas, como se dijo. Terminaban beneficiando a traficantes y delincuentes de todos los pelambres.
¿De qué proyectos está hablando usted?
Una reforma constitucional y un proyecto de ley. Ninguna de las dos estaba dirigida a favorecer solo a los pequeños cultivadores.
¿Cómo así?
Como lo oye. En el proyecto de reforma constitucional se proponía renunciar a la persecución penal contra los “autores de delitos referidos en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto”. No era para los pequeños cultivadores, como el Acuerdo se refiere. Era trata de personas, narcotráfico, extorsión, contrabando, lavado de activos, minería criminal, financiación de grupos paramilitares y rebelión. A todos ellos terminaba extendiéndose el particular beneficio. Y lo peor: no solamente favorecía delitos anteriores a la vigencia del Acuerdo, sino a los que se cometieran en el futuro, porque no se limitaba en el tiempo su vigencia.
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Pero ¿qué decía el proyecto de ley?
Otorgarles beneficios penales de todo orden a las mujeres que delinquieran en toda la cadena del narcotráfico, no solamente a las pequeñas cultivadoras. Es así como los beneficios del proyecto se referían, cito las normas, a todas “las mujeres procesadas o condenadas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones...”. Esta propuesta, lejos de favorecer a la mujer, estimula su utilización por los carteles y las expone a su revictimización. Lo mismo que pasó con los niños.
Pero mal podrían presentarse como desarrollo del Acuerdo de Paz. ¿Acaso esos temas se han acordado en La Habana?
Por supuesto que no. No es materia en La Habana, ni mucho menos, ofrecer esta clase de beneficios. Nunca, jamás, el Acuerdo de Paz ha contemplado un beneficio para traficantes. El Acuerdo planteó en su numeral 4.1.3.4 un tratamiento penal diferencial a favor de pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas siempre que en un plazo de dos años renunciaran “a cultivar o mantener los cultivos de uso ilícito”. Uno puede estar o no de acuerdo con esto, pero lo que sí es claro es que los proyectos presentados nada tienen que ver con el Acuerdo.
Entonces, ¿de dónde surgieron los proyectos que usted denuncia?
El Ministerio de Justicia nos remitió copia de estos proyectos, en nuestra calidad de miembros del Consejo de Política Criminal, y allí manifestamos de manera contundente que las iniciativas eran absolutamente lesivas de intereses nacionales.
¿Ninguno de los dos proyectos se proyectaron como desarrollo del Acuerdo de Paz?
Por supuesto que no. Es más: en la Fiscalía mantenemos un diálogo fluido con el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, y él mismo me ha manifestado esta semana que no conoció esos proyectos y que, por su alcance, no corresponden a lo que se ha pactado en el Acuerdo.
Le insisto: ¿de dónde surgieron los proyectos?
A la Fiscalía llegaron por conducto del Ministerio de Justicia.
Es claro que el Ministro de Justicia no va a presentar proyectos que tengan como objetivo beneficiar a narcotraficantes, y menos aún que los presente como desarrollo de los acuerdos de La Habana. ¿No le parece?
Así lo entiendo yo. Es más: el viernes pasado hemos sabido que son producto del trabajo de un grupo de asesores, algunos contratistas del Estado y otros que sirven ‘ad hoc’, que están yendo más allá del enfoque de género para beneficiar a pequeñas cultivadoras, como prevé el Acuerdo de La Habana. Finalmente, le pudimos ver las orejas al burro.
¿Pero ese “burro”, como usted lo llama, qué pretendía?
No se trata de una estrategia macabra, pero estas iniciativas sí debilitan la política antidrogas, en momentos en que el estudio de Planeación Nacional (DNP) demuestra que esta solo ha sido exitosa cuando ha sido posible imponer la autoridad del Estado. Dice el DNP que “las acciones efectivas en la lucha contra las drogas redujeron el ‘ciclo de vida’ criminal en un 95 por ciento”. Esto no hubiere sido viable en el marco de políticas laxas contra la narcocriminalidad.
¿Por qué los asesores del Ministerio de Justicia redactan los proyectos?
Averígüelo, Vargas...
¿Usted tuvo ocasión de hablar con el ministro de Justicia, Jorge Londoño?
Claro, el pasado 4 de octubre, inclusive en presencia del presidente Santos, quien comparte íntegramente las reservas de la Fiscalía.
¿Y cuáles fueron las conclusiones?
El Presidente dio orden de no presentar estos proyectos.
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¿Puede decirse que ya no hay riesgo de que se concreten esos proyectos?
Lamentablemente, no. El mismo efecto se busca con otro proyecto del Ministerio de Justicia, que fue radicado en el Congreso a mediados de septiembre, bajo el número 148/16. Se sustenta en una política penal diferencial para las mujeres, aunque sean traficantes. Se alega en la exposición de motivos (de) que como “el sistema está diseñado y pensado para hombres, los establecimientos de reclusión no cumplen con las necesidades y exigencias de ellas”, razón bastante exótica.
¿Qué pasaría si se convierte en ley?
Se suspenderán las penas de las mujeres condenadas no solo por cultivos (artículo 375 del Código Penal), sino también por tráfico y fabricación de estupefacientes (artículo 376) y destinación de inmuebles para beneficio del narcotráfico (artículo 377).
Como estos proyectos se han presentado sobre el supuesto de beneficiar a mujeres campesinas dedicadas al cultivo de la hoja de coca, ¿a cuántas beneficiaría, de ser aprobados?
Atérrese, ¡solo a tres! En Colombia no se judicializa a las mujeres que cultivan plantas ilícitas. No lo digo yo. Lo dice el propio Ministerio de Justicia en la exposición de motivos del proyecto de ley radicado en septiembre, en el que se precisa que en Colombia solamente hay tres (3) mujeres en la cárcel por narcocultivos: una sindicada y dos condenadas. Si esto es así, se puede entender cándidamente que se persevera, en esta reforma legal que se presentó, por tres humildes colombianas.
¿Y entonces?
Pues, por supuesto que los proyectos no benefician solamente a las mujeres cultivadoras. Si fuera así, ¿por qué se menciona en ellos el artículo 376 del Código Penal, relativo al tráfico de estupefacientes?
¿Partimos usted y yo de la base de que el Ministerio de Justicia no ha podido redactar estos proyectos?
Digámoslo en términos jurídicos: los asesores actuaron de manera ‘extra petita’ porque eso no es lo que dice el Acuerdo de La Habana, y la gran pregunta es, entonces, ¿por qué lo hacen?
¿Por qué lo hacen, según usted?
Seamos claros: esto ocurre por un debate conceptual que se está presentando en Colombia sobre el tratamiento del crimen. Ha llegado el momento de hacer una discusión pública al respecto, que debe hacerse de cara al país. En distintas agencias del Estado están trabajando muchos contratistas que son los autores de estos proyectos y que profesan una política criminal liberal, con gran incidencia en la formación de la política criminal y sin ningún grado de responsabilidad política. Imagínese: los proyectos cuestionados han tenido que salir a ser explicados por contratistas y no por los funcionarios públicos. A aquellos nada les pasa cuando proclaman teorías que favorecen el crecimiento de la criminalidad.
Pero ¿a qué sectores se refiere usted, concretamente?
Hay un sector de académicos que cree que el delito se combate sin tratamiento penitenciario, por lo que no son amigos de construir cárceles. Animan proyectos para aumentar los subrogados o beneficios penales, con el único objetivo de flexibilizar el tratamiento penitenciario de sindicados y condenados. Promueven leyes que limitan la privación de la libertad, sin consideración al impacto sobre las víctimas y la sociedad; por encima de ellas están los derechos del victimario. Esta escuela ha venido obteniendo grandes triunfos: las leyes 1760 y 1786, que son prueba de ello, limitan a un año la detención preventiva, luego de lo cual quedan los procesados en libertad, independientemente de la complejidad del proceso, de que vuelvan a delinquir o de que amenacen a víctimas o testigos o huyan.
¿Y qué piensa la Fiscalía de todo esto?
Que se equivocan. Que la sociedad va a terminar indefensa. Creemos que en un Estado de derecho debe imponerse el imperio de la ley a partir del ejercicio de la autoridad, respetando, claro está, los derechos fundamentales. La política criminal debe centrar sus intereses en las víctimas y la sociedad. No será la ‘mano invisible’ la que nos libere de los estragos de las organizaciones criminales. Si sigue haciendo carrera una política criminal laxa, habrá que echarle llave a la Fiscalía, y que los ciudadanos se atengan a su suerte en medio de un Estado tolerante.
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¿Su denuncia qué efectos tendrá sobre lo que pase en La Habana?
Como creo en la solución política negociada, espero que esto contribuya a aclimatar una opinión pública más favorable a los acuerdos. Esta puede darse cuenta de que el Acuerdo de Paz no legaliza el narcotráfico. Los verdaderos amigos de la paz tenemos que librar esta lucha contra el narcotráfico, porque solo así se consolidará de verdad la paz en el territorio y no se perpetuará el conflicto.
¿Esta denuncia no supone un enfrentamiento claro con el Ministro de Justicia?
De ninguna manera. Tenemos con él una agenda muy rica de iniciativas. Por ejemplo, esperamos sacar, antes de terminar este año, una ley adecuada de extinción de dominio, porque compartimos la tesis de que a las organizaciones criminales hay que combatirlas metiéndoles la mano en el bolsillo. Por eso, hoy en la Fiscalía no puede haber ninguna judicialización de bandas criminales si al mismo tiempo no se abren procesos de extinción de dominio. En estos tres primeros meses tenemos victorias tempranas, por más de 2,2 billones de pesos, en incautación de bienes, y no vamos a parar.
¿A qué fue usted la semana pasada a Panamá?
Fui a Panamá a hablar con el presidente Varela y con la Procuradora para obtener de ellos cooperación judicial. Con el mayor espíritu y sentido de la responsabilidad, ambos nos ofrecieron toda su cooperación. De hecho, esta misma semana tres fiscales panameños han estado en Colombia trabajando con nuestros fiscales en operaciones conjuntas.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO