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Cada vez más, los narcos le apuntan al consumo interno

Planeación Nacional revela las cifras. Sacar cocaína del país es más peligroso y menos rentable.

JUSTICIA
Al menos la mitad de los ‘costos fijos de operación’ de las bandas que distribuyen la droga que se vende en las calles del país se van en sobornos a funcionarios públicos, especialmente a policías. Son casi 75 millones de pesos de los 149 millones que cada año cuesta, en promedio, la logística de esas microorganizaciones criminales.
Según el nivel del funcionario, el ‘taxímetro’ de la corrupción arranca en 500.000 pesos mensuales, y puede superar los dos millones. Los que pagan no son necesariamente grandes capos, sino cabezas de unas 610 organizaciones criminales que han logrado, a sangre y fuego, monopolizar la venta de droga en sus zonas y que se quedan con la mejor tajada del millonario negocio del microtráfico. Un mercado que mueve al menos $ 6 billones cada año y que deja en manos de los delincuentes ganancias netas de unos 3 billones de pesos.
Las reveladoras cifras hacen parte del estudio ‘Narcomenudeo en Colombia: una transformación de la economía criminal’, que elaboró el Departamento de Planeación Nacional y que es la aproximación más profunda a las lógicas del negocio del narcotráfico en el país.
Con los datos de todas las agencias del Estado relacionadas con el tema y su propio trabajo de campo, Planeación se dio a la tarea de analizar las ganancias de los narcos desde los 70, cuando químicos chilenos que procesaban pasta de coca peruana salieron huyendo de Chile por la dictadura de Pinochet y encontraron en Colombia su mejor laboratorio.
En ese momento, hace 40 años, empezó el crecimiento de una empresa criminal que tuvo su apogeo a mediados de los 80, porque una sola organización criminal –los carteles de Cali y, especialmente, el de Medellín– controlaba desde los cultivos en Perú y Bolivia hasta la distribución en las calles de Manhattan. Fueron las épocas de la bonanza del narcotráfico colombiano, cuando las utilidades del negocio llegaron al 2.800 por ciento.
Narcos de segundo nivel
De lo que ha cambiado esa realidad puede dar fe la lista de los más buscados de la DEA, en la que hace ya varios años no aparece ningún colombiano. Según la investigación, el control que hoy tienen los carteles mexicanos sobre el negocio, especialmente de la distribución en las calles de Estados Unidos, golpeó las ganancias de los narcos colombianos hasta reducirlas a la décima parte de los 80. Hoy, según cálculos de Planeación, la utilidad de los traficantes colombianos que envían la cocaína al exterior está sobre un 300 por ciento.
En contraste con los 80 y 90, hoy el mayor margen de ganancia para los narcos está en el país. “Eso de que los capos de los 90 no vendían su droga en el país porque no querían hacerle daño a Colombia es cuento: si hubiera sido en esa época más rentable venderla en Ibagué que en Nueva York la habrían dejado acá”, dice Simón Gaviria, director del DNP.
Tras ser golpeados por los operativos de las autoridades colombianas y el desmantelamiento de los grandes carteles, en la última década hubo una explosión de bandas que aprendieron la lección: mientras más grandes, más visibles y, por lo tanto, más vulnerables. Así, todos los ojos del país están sobre ‘Otoniel’, capo del ‘clan Úsuga’, pero a su sombra hay centenares de narcos haciendo enormes fortunas.
Además, dejar la droga en las calles colombianas les evita el lío de repatriar la plata ilegal y los libra de uno de los fantasmas más temidos por esos delincuentes: la extradición a los Estados Unidos.
De las organizaciones de centenares de delincuentes se pasó a solo dos decenas: 4 personas dedicadas a cortar y armar ‘bichas’; tres expendedores de zona o jíbaros, con salarios de 709.000 pesos en promedio, un caletero y un administrador, que es el que maneja el punto.
Pero los que manejan esas microorganizaciones obtienen, según la investigación, ganancias millonarias. Un kilo de coca, que en el sitio de producción se consigue por 2,4 millones de pesos, termina vendido en más de 9.000 dosis (rendidas con todo tipo de sustancias) cuyo valor en las calles llega a los 222 millones de pesos.
La distribución de la rentabilidad favorece a los distribuidores. Así, según el DNP, el mayorista, que es el que trae la coca de las regiones, logra una utilidad del 109 por ciento; el distribuidor, del 1.406 por ciento y el expendedor, del 100 por ciento. Así las cuentas, la lógica indica que cada vez más los narcos están mirando hacia las ganancias del microtráfico en el país.
El riesgo de una disparada en el creciente mercado interno es alto y la entrega de dosis gratis en colegios y parques demuestra que los delincuentes tienen una estrategia para ampliar sus mercados. Además, aprovechando las redes de corrupción y de violencia que ya pagan para distribuir la cocaína, los capos locales suelen incursionar en otros negocios ilegales como el tráfico de marihuana y basuco y la venta de autopartes robadas. Esa es la lógica de las grandes ollas como la del ‘Bronx’ o San Bernardo, en Bogotá.
El narcomercado en las ciudades
El informe de Planeación, que recoge todos los datos que tienen las diferentes agencias del Estado, señala que el número de consumidores en el país ya llega a 1’500.000 personas y que aunque la mayoría viven en las ciudades capitales, ya hay una porción de consumidores en las zonas rurales que representan un mercado emergente para los narcos.
Esa proyección se discrimina así: casi 1,1 millones de personas consumen con frecuencia marihuana; 254.000, cocaína; 78.000, ‘basuco’, y casi 83.000, éxtasis.
Los departamentos con mayor consumo de marihuana son Quindío y Risaralda. Las regiones con mayor prevalencia de éxtasis son Risaralda, Bogotá y Amazonas.
El estudio señala que los principales mercados para el narcomenudeo se hallan en Bogotá, donde moverían 781.569 millones de pesos; Valle del Cauca, con 557.777 millones; Antioquia, con 473.842 millones; Magdalena, con 286.488 millones, y Santander, con 189.936 millones de pesos.
El país está de quinto en Suramérica en cuanto a consumo de sustancias como cocaína y marihuana, y el ascenso sigue.
En la actualidad, en Colombia están presas 17.427 personas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y una de cada tres capturas en el país se da por porte, pero hay departamentos, como Quindío, donde 6 de cada 10 casos tienen que ver con este delito.
En el país se disparó en los últimos años la captura de menores de edad (14 a 17 años), que dobla o triplica otros rangos de edades. Además, 25 por ciento de ellos son adictos, y ese porcentaje es mayor cuando se trata de menores de edad detenidos por delitos.
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