En su intervención de este sábado desde la Habana (Cuba), el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dio a conocer algunas de las principales modificaciones que contiene el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, luego de más de un mes de discusiones tras la victoria del ‘No’ en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
“Hoy con humildad reconozco que este Acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones”, dijo De la Calle, quien resaltó la “disciplina y seriedad” de todas las partes que tuvieron que ver en la consecución del nuevo acuerdo.
Entre las “innovaciones” en el nuevo documento que el jefe negociador destacó se encuentran el establecer que las Farc “presentarán un inventario de bienes y activos para destinarlos a la reparación material de las víctimas”.
En Jurisdicción Especial para la Paz, De la Calle dijo que se atendió a la mayoría de propuestas formuladas y que “se precisaron las características y mecanismo de la restricción efectiva de la libertad”. Uno de los anuncios más destacados está el haber establecido el término concreto de duración de la jurisdicción para la paz y el haber eliminado la idea de incorporar el acuerdo a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. La revisión de tutelas contra decisiones de la Jurisdicción estará en manos de la Corte Constitucional.
Según De La Calle, se fijaron los espacios específicos para el cumplimiento de las sanciones, los “periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas”. Ahora, acogiendo una solicitud de “opositores”, las acciones reparadoras de guerrilleros de las Farc antes de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción, podrán ser descontadas de la sanción impuesta.
En cuanto al narcotráfico como delito político, “el acuerdo es que los magistrados tendrán en cuenta caso a caso la jurisprudencia de las cortes colombianas”.
Ahora, aunque no habrá magistrados extranjeros, se aceptó la presencia de expertos extranjeros para “rendir conceptos sobre los casos que se tramiten”.
Sobre la investigación y juzgamiento a terceros por conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto, se eliminó la denominada “participación habitual” y ahora serán de competencia de la Jurisdicción los casos de quienes “tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves”.
Enfoque de género
Según dijo De la Calle, este componente en el nuevo acuerdo significa “el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno”. Gracias a este, según el jefe negociador, se garantiza que la mujer goce de “acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”.
De la Calle también afirmó que el nuevo documento incluye “un principio de respeto a la igualdad y no discriminación” que implica que toda persona, independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica o pertenencia a la población LGBTI, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos”.
Acogiendo las voces de sectores religiosos, el jefe negociador dijo que la implementación de lo acordado se deberá respetar la libertad de cultos.
Reforma rural integral
De la Calle precisó que en el nuevo texto se dice que “nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada” y que quedó explícito que los programas para los campesinos no impiden formas de producción como la agroindustria o el turismo.
También se ajustaron los tiempos de implementación de la reforma rural a “las nuevas realidades fiscales” y se especificó que el acuerdo “por sí mismo no crea Zonas de Reserva Campesina”.
Narcotráfico
De la Calle informó que ahora se precisan de manera concreta las características de la cooperación de las Farc en la superación del narcotráfico. Además, también se acordó que todos, no solo esa guerrilla, quienes acudan a la Jurisdicción Especial de Paz, “deberán informar de manera exhaustiva y detallada sobre las informaciones de las que dispongan para atribuir responsabilidades”.
También se aclaró que en los programas de sustitución de cultivos no deben coexistir dichas iniciativas con la continuación de cultivos de este tipo.
La familia y los grupos religiosos tendrán un papel más robusto en las políticas sobre el consumo de drogas.
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