Es común escuchar a algunas autoridades y ciudadanos que la Policía detiene a los delincuentes y los jueces los sueltan, que los jueces dan casa por cárcel a quienes deberían estar tras las rejas por su peligrosidad y que en no pocos casos estos siguen delinquiendo y cometiendo asesinatos, como sucedió hace algunos días en el Sistema Integrado de Transporte, donde un ciudadano fue asesinado por alguien que gozaba de casa por cárcel y tenía tal prontuario que uno no se explica cómo estaba en la calle.
Todas estas situaciones y la falta de eficacia de la justicia hacen que el 77 por ciento de los ciudadanos tengan una opinión desfavorable del sistema judicial colombiano, según la última encuesta de Gallup, y que solo el 11,8 por ciento en las once ciudades de la Red Cómo Vamos sientan que existen probabilidades de que un delincuente sea sancionado; esto sin mencionar los niveles de impunidad, que sobrepasan el 80 por ciento. Todo ello sin que las autoridades garantes de este tema respondan por su ineficiencia y desprestigio.
En medio de esta situación, el Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia se transan en un debate público en torno de un proyecto de ley que presentó el Gobierno al Congreso y promueve beneficios de excarcelación para determinados delitos y que el Fiscal considera “es un camino equivocado que va a terminar agobiando al ciudadano de a pie”, y a renglón seguido plantea que “este hecho tiene que hacernos reflexionar, a quienes generamos políticas públicas en materia de criminalidad, si la suerte de los delincuentes es volver a la calle o tener un tratamiento penitenciario efectivo.
Cabe anotar que este proyecto de ley contemplaba beneficios a responsables de graves delitos, como prisión domiciliaria a condenas que no excedan los 10 años de pena, o detenidos que cumplan el 45 por ciento de la pena; a las personas mayores de 60 años se les podrá conceder casa por cárcel, incluso en delitos como tráfico de migrantes, acceso carnal o actos sexuales con persona incapaz de resistir, violencia intrafamiliar, hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y finalmente, los jueces podrán conceder “casa por cárcel” si consideran que las condiciones de las cárceles no son adecuadas para un apropiado proceso de resocialización.
Detrás de estos problemas de la justicia se encuentra el grave hacinamiento del sistema carcelario, que no tiene solución a la vista por parte del Gobierno Nacional. Desde finales de los años 90 se mantiene el hacinamiento por encima del 50 por ciento, no obstante los esfuerzos por aumentar los cupos que han hecho los gobiernos desde 1998, cuando la Corte Constitucional, a través de la a sentencia T 153 de 1998, declaró la existencia del “estado de cosas inconstitucional en las prisiones de Colombia” y le ordenó al Gobierno elaborar un plan de construcción carcelaria.
Para enfrentar este problema, distintos gobiernos han aprobado varios Conpes (3086 del 2000, 3277 del 2004, 3414 del 2006, 3828 del 2015), que en la mayoría de los casos se han orientado a reducir el hacinamiento, sin lograrlo, vía construcción de nuevas cárceles y cupos que no se correlacionan con la construcción de espacios para la salud, la educación, el deporte y el esparcimiento de los reclusos. Es decir, aunque el sistema tiene mayor capacidad, esta solución no les apunta a los procesos integrales de resocialización y menos ha logrado reducir el hacinamiento.
Frente a estas problemáticas, las instituciones responsables de estos temas en el Consejo Superior de Política Criminal deberían coordinar y plantear soluciones ciertas, con planes de mediano y largo plazo, y no embarcarse en discusiones públicas que llevan a los ciudadanos a preguntarse: “¿y ahora quién podrá defendernos?”.
Hugo Acero Velásquez
