En julio de 2014 publiqué acá una columna titulada ‘Hay que revisar las regalías para ciencia’. El tema resurge después de que la directora de Colciencias declaró que 1,5 billones de pesos no han sido ejecutados por falta de buenos proyectos. Es decir, según ella, la culpa la tienen los científicos, aunque son ellos quienes han venido denunciando, en todos los tonos, que el sistema está horriblemente mal concebido. Los errores del Gobierno y el Congreso en el diseño del sistema se dieron por desconocer la forma como se construye el conocimiento científico en el mundo. No es posible en una columna explicar todos los errores, debo limitarme a un par.
El primero fue otorgar a los gobernadores la función de decidir qué proyectos se realizaban y en qué forma. Ni los gobernadores tienen por qué estar preparados para esa tarea, ni los problemas se distribuyen de acuerdo con fronteras políticas.
No estoy afirmando que hay que desconocer a las regiones, pero sí que en el mundo ya se sabe cómo hacer buena investigación regional, y no es como lo hacemos acá. Idealmente, el gobernador, político estudioso, define unas áreas en las que la ciencia podría ayudar. Por ejemplo, convoca a desarrollar fuentes alternativas de energía. A esa convocatoria le sigue una explosión de ideas en la comunidad científica. Algunos propondrán fuentes renovables como diésel de aceite vegetal, alcohol de maíz o transformación de residuos, otros se irán por fuentes renovables no contaminantes como el uso de las mareas, el de los vientos, el del sol o incluso el de los volcanes y fuentes termales. Habrá propuestas de nuevas hidroeléctricas y tal vez de plantas nucleares. Se propondrán sistemas para disminuir la pérdida en las líneas de conducción, y otros dirán que hay que modificar el sistema de distribución con mayor generación local. Un comité experto calificará las propuestas y el gobernador, con asesores que saben mucho de energía, podrá decidir, entre los proyectos mejor calificados, cuáles son factibles y convenientes.
¿Qué hacemos nosotros? Empezamos por una pelea dura no sobre cómo se van a ejecutar los recursos, sino sobre quién los ejecuta. Así el gobernador, que es “quien manda”, no define áreas prioritarias sino que cocina él mismo los proyectos específicos en su despacho. No se hacen convocatorias públicas. A veces alguien muy convincente le vende una idea, otras veces él tiene una ocurrencia personal, o leyó algo inspirador en una revista. En las actas del Ocad (comité tripartito que coordina el sistema), ese poder individual se ve muy evidente. Así, es frecuente que un gobernador vete los proyectos del anterior, o decida retirar los propios porque se disgustó con el socio científico. Ejecutan casi siempre las gobernaciones mismas, y los gerentes son personas sin preparación como investigadores y nombradas directamente por el gobernador.
Otra crítica importante es que el sistema define en forma absurdamente laxa lo que es ciencia, tecnología o innovación. Así, la mayoría de los recursos se han aprobado en temas que están relacionados apenas colateralmente: formación de maestros, becas, programas infantiles y estudios técnicos profesionales no científicos. Todos muy importantes, sin duda, pero con ellos engañamos a nuestros propios indicadores porque no son inversión en ciencia.
El papel de Colciencias como secretaría del sistema es inane. Se queja la directora de que no hay ni un proyecto de ciencias básicas. No cuenta que estas no caben en las prioridades del sistema. Ante los nuevos reclamos, temo que el Gobierno Nacional hará lo mismo que los departamentales: no evaluar demasiado, pasar de agache, lo importante no es hacer sino parecer.
Moisés Wasserman
@mwassermannl