Con un censo que estará listo antes de acabar el año se definirá la lista de personas que ocuparán parte de las 27.000 hectáreas del predio El Porvenir, en Puerto Gaitán (Meta), que estuvo en manos del esmeraldero Víctor Carranza por más de tres décadas.
La Agencia Nacional de Tierras, que reemplazó al Incoder, hizo por primera vez en el país la toma del predio que es propiedad de la Nación, pero que fue explotado por particulares de forma irregular por muchos años.
En el evento, Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, dijo que este es un primer paso y un día histórico “para llevar porvenir a El Porvenir”.
La Agencia de Tierras tiene una tarea titánica. En agosto, la Corte Constitucional falló una tutela a favor de 73 personas y ordenó que les sean adjudicadas tierras de El Porvenir. Pero allí no solo viven esas familias, en total son cerca de 480 personas las que reclaman derechos sobre esa tierra.
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Los terrenos de El Porvenir a los que se hicieron ilícitamente Carranza y personas fueron devueltos a Estado por parte de los hijos del esmeraldero en el 2014 luego de que se demostrara que toda esa tierra era un baldío de la Nación y no podía quedarse en manos de particulares.
Hoy conviven en el predio Asoyopos, una asociación de 46 familias de exempleados de La Cristalina, ganadería que fue propiedad de los Carranza; Asdepagral, Asociación de desplazados y campesinos productores agropecuarios de la Altillanura; un grupo de indígenas de la comunidad kubeo y otras personas que llegaron a la región en las últimas cinco décadas.
30 vallas de estas serán instaladas en todo el predio el Porvenir para evitar que inescrupulosos sigan negociando ilegalmente con la tierra. |
"El Estado no ha asegurado la tenencia física y material de los predios, ni su protección frente a quienes históricamente los ocuparon indebidamente. Es así como, mientras pasa el tiempo sin una respuesta para la comunidad de El Porvenir, nuevos ocupantes aparecen día tras día, lo que agrava la situación social en la zona y comienzan nuevas amenazas sobre los derechos territoriales de quienes por cerca de cincuenta años persiguen la formalización de sus derechos sobre la tierra", aseguró la Corte en su fallo.
Pero en el Porvenir no solo habitan 73 familias, actualmente reclaman derechos sobre el predio de 27.000 hectáreas una asociación de exempleados de Víctor Carranza, un grupo de indígenas y otras personas que dicen haber llegado y trabajado en él por más de 40 años. Es decir, la adjudicación de las tierras no es un proceso simple.
Hace tres meses se dio inicio a la realización de un censo de la población que habitan la zona y que según la Agencia Nacional de Tierras podría estar terminado en enero del 2017. Con ese proceso se identificarán todas las familias que puedan, además de las reconocidas por la Corte, recibir la adjudicación de predios.
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Según la Corte Constitucional, la adjudicación de los predios debe hacerse en un año, por eso la Agencia de Tierras busca identificar rápidamente a las familias, diferentes a las 73 que están en el fallo, que puedan tener derecho sobre las tierras recuperadas por el Estado.
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